Chetumal, 02 de junio.- Los Ayuntamientos ya no podrán vender y cambiar el uso de suelo del patrimonio municipal en forma discrecional, y los funcionarios municipales que incurran en irregularidades podrán purgar una pena de hasta cinco años de prisión, según iniciativa de reforma a la Ley de Municipios del Estado de Quintana Roo y al Código Penal del Estado a la cual dio entrada el Congreso del Estado.

            Además y durante la misma sesión, los diputados aprobaron con 19 votos a favor citar a comparecer al Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural e Indígena, al Director Estatal de Protección Civil, el Director General del Instituto Forestal de Quintana Roo, y a los secretarios de los Ayuntamientos en los cuales se han registrado incendios forestales, a propuesta inicial del grupo parlamentario del PRD, a fin de que informen de la situación que guardan los siniestros causados por los incendios forestales en la entidad.

            En el primer caso, se trata de una iniciativa promovida por el diputado José de la Peña Ruiz de Chavez, quien plantea reformas a varios artículos de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo y del Código Penal de la entidad, orientadas a frenar la venta indiscriminada e irregular del patrimonio municipal, pues “es indignante que las autoridades pongan a la venta patrimonio municipal y las enajenaciones se hagan sin que cumplan con los principios de preservar las áreas verdes y sin que se respeten las legislaciones aplicables en materia de equilibrio ecológico y desarrollo urbano”.

            “Esto sólo nos confirma que los integrantes del cabildo que aprueban dichas ventas, solo buscan interés propio. El único fin de esas enajenaciones son para el beneficio particular de los miembros de los Ayuntamientos y en perjuicio absoluto del patrimonio y pueblo de Quintana Roo”, señaló el legislador en su documento.

            De acuerdo a la iniciativa propuesta, las autoridades municipales tendrán que cumplir una serie de requisitos para poder enajenar el patrimonio municipal, entre ellos el de realizar una consulta ciudadana que estaría debidamente regulada y se apruebe por acuerdo de las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento.

Además, quedarían impedidos para su enajenación una serie de bienes inmuebles que ya estén destinados para calles, áreas verdes, parques, jardines, banquetas, camellones, instalaciones deportivas o predios cuyo destino ya haya sido considerado en los Planes de Desarrollo Urbano como área de uso común o de equipamiento urbano y que aún no se encuentren desarrollados. El monto de los predios deberá ser el del avalúo realizado por instituciones de crédito.

Independientemente de todo ello, el cambio de situación jurídica de los bienes de Dominio Público Municipal solamente procederá cuando no se afecte el interés público comunitario.

En todo caso y de no cumplirse con la serie de requisitos que establecerían las leyes en la materia una vez aprobadas por el Congreso del Estado, cualquier enajenación irregular será considerada nula de pleno derecho, y las autoridades que hayan participado serían merecedoras de una pena de hasta cinco años de prisión.

En otro orden de ideas, el Congreso del Estado dio entrada a una iniciativa para la creación de la Ley de Acción de Cambio Climático. En la misma sesión, la diputada Gabriela Medrano Galindo pronunció un discurso relativo al Día Mundial del Medio Ambiente; en tanto que el diputado Luciano Cima Cab, hizo uso de la tribuna para emitir un reconocimiento de los ganadores de los premios estatales de Ciencia y Tecnología e Innovación 2010.

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