Con el objetivo de abordar la crisis migratoria, la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados ha comenzado a explorar la legislación en materia habitacional para las personas en tránsito dentro del país.
En entrevista para Econohábitat, la diputada Lilia Aguilar, presidenta de la Comisión, indicó que la migración se ha convertido en una problemática por atender, especialmente, en las zonas de la frontera norte y sur, en donde existe una necesidad de vivienda social de tránsito para la migración.
“La realidad es que aún no existe un plan para atacar el problema, pero estamos en consultas con expertos y hemos realizado visitas en las diferentes zonas del país», comentó.
El papel de México como país de tránsito para migrantes se ha convertido en un tema de relevancia para sectores públicos, privados y la sociedad en general.
Ante el endurecimiento de las normas de asilo de Estados Unidos, el flujo se ha intensificado; recientemente, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que alrededor de 10,000 migrantes arribaron a diario a la frontera norte la semana pasada.
Se trata de hombres, mujeres y niños, quienes en múltiples ocasiones ven alterado su trayecto; algunos encuentran asilo en alguno de los refugios mexicanos, mientras que otros tantos terminan varados en las calles.
En este contexto, el pasado septiembre del 2023, la Comisión de Vivienda presentó una iniciativa ante la Cámara de Diputados para impulsar la instalación de viviendas de transición, especialmente, en la frontera norte.
“Es un gran reto, la generación de viviendas de tránsito, conocidos como refugios, es la salida inmediata que podemos dar, porque no hay capacidad del Estado para generar la cantidad de espacios seguros que se requiere para los migrantes internos y externos”, agregó Aguilar.
¿Es, o no, responsabilidad del Estado?
Existe un debate público sobre si es responsabilidad, o no, del Estado brindar un techo a los migrantes extranjeros que atraviesan el territorio mexicano en condiciones precarias; sin embargo, Aguilar refirió que, en términos constitucionales, la reforma a la Ley de Vivienda establece que “las personas en tránsito tienen derecho a la vivienda”.
Si bien, es cuestionable si es un derecho sólo para mexicanos o incluye a extranjeros, por lo pronto, la funcionaria remarcó que la ley obliga a dar una solución de vivienda a los desplazados.
“¿Cuál es la realidad? Tenemos decenas de personas viviendo en las calles, desde Chiapas hasta Tijuana, en situaciones insalubres y con falta de certeza sobre sus derechos básicos. Desgraciadamente, las políticas de Estados Unidos tienen convertidas las ciudades de las fronteras norte y sur en campamentos”, dijo la diputada.
En palabras de la abogada Carla Escoffié, la concepción de la vivienda sólo bajo un enfoque de propiedad ha limitado la protección y el alcance de este derecho en otros sentidos.
“Un refugio es parte del derecho a la vivienda, ya que son espacios temporales que evitan que las personas lleguen a una situación de calle. Este tipo de cuestiones nos plantean algo más complejo que va más allá de la casa en sí misma, sino que es la posibilidad de utilizar un espacio”, apuntó la especialista.
Por el momento, la red de unidades de atención a migrantes se compone de refugios financiados por el Instituto Nacional de Migración, así como por albergues de la sociedad civil, los cuales se reportaron estar desbordados hasta 800% de su capacidad total, tan sólo en la Ciudad de México, según la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes.
Fuente: eleconomista
