La violencia y el crimen organizado han evolucionado en sus métodos, adoptando técnicas cada vez más sofisticadas y perniciosas para vulnerar a sus víctimas. Entre estas, destaca el uso de sustancias químicas para facilitar la comisión de delitos, una práctica conocida como sumisión química que, lamentablemente, ha quedado al margen de una tipificación específica en nuestro marco jurídico.
Como legisladora federal en mi segundo período, y después de haber impulsado exitosamente la iniciativa para eliminar la prescripción en delitos sexuales, considero imperativo abordar esta grave problemática que afecta de manera diferenciada a diversos sectores de la población.
La sumisión química se ha convertido en un método predilecto de criminales por su efectividad para incapacitar a las víctimas, quienes frecuentemente no pueden recordar los detalles del ataque. Los estudios toxicológicos y forenses revelan un patrón preocupante: mientras en los hombres estas sustancias suelen emplearse primordialmente para facilitar robos, en las mujeres se utilizan mayoritariamente como medio para perpetrar agresiones sexuales. En ambos casos, una sobredosis puede resultar fatal.
Los especialistas en atención a víctimas de delitos sexuales han documentado cómo el uso de estas sustancias agrava significativamente el trauma psicológico, pues la víctima debe lidiar no solo con la agresión sufrida, sino también con la angustia de no poder reconstruir completamente los hechos.
Por ello, esta semana presentaré una iniciativa para tipificar el uso de la sumisión química como un agravante específico en la comisión de delitos, con penas severas que correspondan a la gravedad de utilizar estas sustancias. La propuesta contemplará la tipificación específica del uso de sustancias para facilitar la comisión de delitos, agravantes cuando su uso resulte en delitos contra la libertad sexual, penas incrementadas cuando ocasione daños permanentes o la muerte, protocolos especializados para la investigación y persecución de estos delitos.
Es momento de que México se una a la tendencia internacional de legislar específicamente contra la sumisión química. No podemos permitir que la falta de un marco jurídico adecuado facilite la impunidad de quienes utilizan estas sustancias para vulnerar a sus víctimas. La protección de la integridad y la vida de las personas debe ser una prioridad legislativa. Como representante popular, reafirmo mi compromiso con la construcción de un marco jurídico que proteja efectivamente a la ciudadanía frente a estas nuevas modalidades delictivas.
POR LORENA PIÑON RIVERA
