En días pasados, el Partido Acción Nacional, acompañando las preocupaciones de ciudadanos y colectivos, interpusimos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad contra la reforma más reciente al Código Penal del estado de Puebla. Se trata de la inclusión del artículo 480 que tipifica el delito de “ciberasedio”, un tipo penal tan ambiguo y peligroso que basta con que alguien se diga ofendido por una opinión publicada en redes sociales para que se inicie una persecución penal. Una opinión, no una amenaza. Una crítica, no un acto de violencia. Así de absurdo.
La llaman ley de “ciberasedio”, pero todos ya la conocemos por su verdadero nombre: la Ley Censura Puebla. Y lo peor: esta ley no apareció por error, ni por ignorancia jurídica. Fue diseñada con toda la intención. El 6 de noviembre de 2024, el entonces diputado local –hoy coordinador del gabinete del gobernador Armenta– presentó esta iniciativa como respuesta directa a una cuenta en redes sociales que le resultaba “incómoda” por sus críticas. El 12 de junio fue aprobada por la mayoría oficialista. Un día después se publicó. Y menos de un mes más tarde, el 11 de julio, ya estaban publicando una reforma para según ellos “corregirla”.
¿Corrigieron algo? La respuesta es no. Lo que ahora aprobaron en Puebla es maquillaje legislativo: mantienen la ley que criminaliza la crítica y sólo le agregan una cláusula para aparentar que respetan las libertades. Eso es querer quedar bien con todos y no quedar bien con nadie. Nosotros lo decimos claro: esa ley tiene que ser derogada completamente.
En su versión reformada, el artículo 480 mantiene como delito cualquier acto que, de forma reiterada o sistemática, “ofenda”, “hostigue” o “intimide” por medios digitales, si eso afecta la privacidad o altera la vida cotidiana de la persona. Aunque ahora se excluyen algunas críticas dirigidas al interés público o al periodismo, la ambigüedad permanece. “Ofender” sigue siendo un verbo abierto, vago, subjetivo. Y lo sabemos bien: cuando las leyes son imprecisas, el poder las interpreta a su favor.
Por eso lo advertimos con toda claridad: la nueva redacción sigue siendo inconstitucional. Viola el principio de legalidad penal, rompe con la presunción de inocencia y deja la puerta abierta a interpretaciones persecutorias. Que nadie se confunda: esto no es protección para las víctimas; esto es un intento de blindar al poder frente a la crítica.
Y no lo decimos solo nosotros. Ciudadanos, periodistas, activistas y organizaciones civiles han levantado la voz. Porque lo que está en juego es más que un artículo del Código Penal: es el derecho a opinar, a disentir, a cuestionar. Es la libertad de expresión en su forma más cotidiana. Nadie en Puebla ni en México debe tener miedo de escribir un tuit, de grabar un video o de decir lo que piensa. Nosotros actuamos inmediatamente, porque sabemos que este tipo de acciones permea muy rápido en los gobiernos autoritarios.
Lo que ocurre en Puebla es parte de un patrón nacional que funciona a nivel federal y local. En Sinaloa ya intentan replicar leyes similares, en Campeche se detiene a periodistas por criticar al gobierno, en Veracruz se persigue a académicos por denunciar el nepotismo, en Sonora y Tamaulipas periodistas y ciudadanos críticos han sido sancionados, y en el Congreso de la Unión ya se aprobaron leyes que permiten suspender transmisiones sin control judicial, la censura avanza disfrazada de regulación.
La Corte Interamericana ha sido clara: el derecho a opinar incluye el derecho a incomodar. Los estándares internacionales son contundentes: la verdad no puede ser delito, y mucho menos en un entorno donde las redes sociales se han convertido en el nuevo espacio público para deliberar, criticar y disentir. Quienes nos dedicamos a la política y/o a la administración debemos estar abiertos al escrutinio y a la rendición de cuentas.
Además de la acción de inconstitucionalidad, hemos promovido un modelo de amparo ciudadano, disponible en nuestros comités estatales, para que cualquier persona pueda defenderse legalmente de esta aberración. Hoy más que nunca necesitamos personas que no tengan miedo de expresar sus opiniones con libertad y que sepan que cuentan con Acción Nacional para proteger sus derechos.
Esta será la primera gran prueba del nuevo Poder Judicial de la Federación. Nosotros no prejuzgamos, pero exigimos definición. ¿De qué lado va a estar la Corte? ¿Del lado de los ciudadanos y de la Constitución, o del lado de los censores del régimen?
Lo digo con toda convicción: no podemos normalizar que te quieran meter a la cárcel por pensar distinto. No podemos aceptar que el gobierno decida qué se puede decir y qué no. No vamos a permitir que el miedo sustituya al debate.
Por eso hoy estamos ante la Corte. Y por eso decimos con firmeza: no nos vamos a callar. Porque no sólo se trata de defender un derecho. Se trata de defender la libertad misma.
POR JORGE ROMERO HERRERA
