Ocho gramos de cannabis. Una autorización legal vigente, emitida por COFEPRIS. A pesar de eso, una persona fue detenida en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles por elementos de la Guardia Nacional. Fue llevada a la Fiscalía de Tultitlán, donde la despojaron de su documento oficial, la torturaron y la mantuvieron encerrada durante dos días. Todo esto ocurrió en 2025, cuatro años después de que la Suprema Corte declarara inconstitucional la prohibición absoluta del consumo lúdico. Aunque la portación de cannabis sigue tipificada como delito, quienes cuentan con autorización oficial ejercen un derecho reconocido por el máximo tribunal. Aun así, las instituciones actúan como si nada hubiera cambiado.
Visto lo visto, es evidente que la Guardia Nacional actúa bajo una lógica arbitraria y no reconoce otra autoridad que la militar. No distingue entre derecho y delito, ni entre usuario y criminal. Fue diseñada con la mentalidad de cuartel, desplegada sin controles civiles, entregada a la disciplina militar. Se le encomendó una tarea para la que no fue formada: brindar seguridad pública en un Estado constitucional. Pero actúa como si su misión fuera controlar, imponer, castigar. La Ley queda subordinada al criterio del mando. Y en la práctica, el uniforme se impone al derecho.
El comunicado de la organización Di-sentir documenta con detalle lo ocurrido. La persona detenida contaba con una autorización legal vigente, emitida conforme a los procedimientos establecidos. Portaba una cantidad que no sólo es menor al umbral de tolerancia informalmente aceptado durante años, sino que además está protegida por la declaratoria de inconstitucionalidad de la Suprema Corte desde hace casi un lustro. Nada de eso importó. La detención fue arbitraria, la tortura inadmisible y la reacción institucional nula.
La responsabilidad no se limita a quienes ejecutaron el arresto. La Fiscalía del Estado de México formó parte del atropello. En lugar de liberar de inmediato a la persona detenida, validó la detención arbitraria y prolongó el abuso. En un régimen militarizado resulta difícil imaginar a un agente del Ministerio Público contradiciendo a un militar que entrega a un civil como si fuera un trofeo. La subordinación está normalizada. Investigar, preguntar o contrastar ya no forma parte del procedimiento. El uniforme basta. Si un coronel entrega a alguien, el Fiscal procede. La cadena de mando pesa más que cualquier noción de legalidad. Eso ya está ocurriendo en México, después de dos décadas de usurpación militar del poder civil, proceso que se ha acelerado durante los dos últimos gobiernos.
sinembargo
