A la protesta pacífica se le respondió con campañas de desprestigio, ciberacoso y amenazas contra las mujeres que alzaron la voz.
Las últimas semanas han sido caóticas para Puerto Vallarta. El municipio enfrenta deficiencias graves en los servicios públicos y la intención del Cabildo municipal de aumentar la carga financiera de los habitantes -con alzas en tarifas o nuevos cobros como la instalación de parquímetros- ha incrementado la tensión entre autoridades y ciudadanía.
Esto derivó en una protesta ciudadana que se topó con la represión oficial. En los últimos días de agosto, en ese municipio, mientras mujeres, algunas con niños y adultos mayores exigían agua y mejores servicios, el Cabildo que encabeza el alcalde Luis Ernesto Munguía, decidió blindarse con 120 personas de centros de rehabilitación, invitados por Christian Bravo Carbajal; “nos invitó el regidor Titi Bravo” decían. Literal les cerraron el paso a los manifestantes e impedirles un derecho básico: presenciar la sesión.
Dentro del propio Ayuntamiento se denunciaron agresiones sexuales contra trabajadoras municipales, cometidas por esos mismos “invitados” que debían resguardar el orden. Afuera, a la protesta pacífica se le respondió con campañas de desprestigio, ciberacoso y amenazas contra las mujeres que alzaron la voz.
Hasta el momento ni el alcalde Munguía, ni su Cabildo, han condenado las agresiones. Ni una palabra sobre la violencia sexual o contra el hostigamiento digital. Apenas un tibio deslinde del Instituto de la Mujer a las víctimas y eso en nada las protege.
En Vallarta, los habitantes saben que la exigencia ciudadana por servicios básicos se paga muy caro: con intimidación, violencia y con un gobierno represor.
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EL TUCÁN CON ALAS PRESTADAS. El PVEM presume fuerza, pero la realidad lo pone en su lugar: sólo gobierna un estado y, según la más reciente encuesta publicada en El Heraldo de México en alianza con QM Estudios de Opinión, ni ahí está arriba en las preferencias. A San Luis Potosí, su único bastión, lo perdería si va en solitario.
Al Verde no le alcanza para competir solo, ha vivido a costa de los partidos en el poder, así lo hizo con el PRI, con el PAN y ahora con Morena, por eso no sorprende su actitud, aunque debería de dejar la soberbia.
Las grietas en la alianza se acumulan. En Tamaulipas, la dirigente morenista María Guadalupe Gómez descalificó al Verde como un “cascarón político”. En San Luis Potosí, Luisa María Alcalde fue tajante: no habrá candidaturas familiares, como pretende el gobernador Ricardo Gallardo con su esposa Ruth González. En Quintana Roo, la gobernadora Mara Lezama se deslindó sin rodeos: “ni los calzones verdes tiene”. Y en Zacatecas, Guerrero y Veracruz, los roces entre morenistas y el Verde siguen sin resolverse.
El año 2027 está cerca y las alianzas serán la diferencia entre gobernar o regresar a la irrelevancia. El Verde puede inflar el pecho, pero los datos no mienten.
Fuente: Heraldo de México








