Lo que está en juego es el derecho a la salud, como la garantía del nivel más alto posible de atención sanitaria; y ello obliga al Estado a adoptar todas las medidas necesarias para asegurar un acceso universal.
Uno de los desafíos heredados en perjuicio de la administración de Sheinbaum es la falta de medicamentos. Este problema se arrastra desde que López Obrador emprendió una cruzada contra el esquema anterior de compra de fármacos, logrando desmantelar gran parte de la red de suministro que mantenía estructuras llenas de corrupción. Hoy, esa fractura no solo impacta directamente a pacientes y hospitales, sino que además se ha convertido en una de las principales banderas de la oposición para poner en duda la capacidad de gestión del actual gobierno.
A manera de respuesta, la presidenta afirma que se está aplicando un programa de suministro similar al de IMSS-Bienestar y atribuye el desabasto al incumplimiento de las farmacéuticas. Sin embargo, reducir la crisis a simples contratos fallidos resulta insuficiente. Lo que está en juego es el derecho a la salud, como la garantía del nivel más alto posible de atención sanitaria; y ello obliga al Estado a adoptar todas las medidas necesarias para asegurar un acceso universal, oportuno y de calidad a los servicios de salud.
Esto es, aunque el incumplimiento empresarial sea un factor real, el déficit también responde a procesos ineficientes y burocráticos, a la opacidad administrativa y a la corrupción institucional. Honestamente, si el sector salud contara con un presupuesto robusto, la falta de medicinas por incumplimiento de contratos se podría solucionar con adjudicaciones directas o similares, aunque ciertamente serían respuestas temporales.
Ante esta crisis, el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark, ha impulsado un nuevo modelo de contratación basado en plataformas digitales, para garantizar mayor transparencia, fomentar la competencia internacional y obtener mejores precios para el sistema de salud. Este esfuerzo innovador marca un giro frente a prácticas opacas del pasado.
Por supuesto, como ocurre en toda transición de gran escala, el diseño inicial no ha estado exento de dificultades: una auditoría externa detectó irregularidades en alrededor del 6% de las compras, con errores en 175 categorías de medicamentos que representaban un posible sobrecosto de 13,000 millones de pesos. Adicionalmente, la decisión de consolidar las compras a través de instituciones con poca experiencia en esa función, como la propia Subsecretaría de Salud o los laboratorios estatales Birmex, ha complicado la operación.
El descontento social frente a esta problemática es comprensible: la atención médica no puede ponerse en pausa. El desabasto no solo afecta a quienes requieren medicamentos, sino que también ha obligado a posponer cirugías por la falta de insumos. A ello se suma la opacidad: la ausencia de información clara por parte de las autoridades alimenta la percepción de indiferencia. La complejidad de los procesos de abasto, difícil de traducir a un lenguaje ciudadano, dificulta aún más la comprensión pública.
Así, el reto que tiene el sector Salud de la administración actual no es menor y su atención es apremiante: el nuevo sistema de compra digital deberá dar resultados inmediatos al tiempo que se comuniquen de manera eficiente los resultados, ya que la percepción ciudadana está tan arraigada en contra del tema que será difícil cambiar la narrativa cotidiana.
La salud no admite excusas, pero sí exige soluciones conjuntas. México necesita un sistema de compras y distribución eficiente, transparente y profesional que se convierta en un punto de encuentro entre el Estado, las farmacéuticas y la sociedad. Las empresas deben cumplir sus compromisos y el gobierno debe garantizar que, más allá de cualquier obstáculo, el derecho a la salud —una obligación constitucional y moral— se cumpla plenamente. Si se logra coordinar esfuerzos con visión de futuro, cada acción concreta puede traducirse en un mejor acceso a los medicamentos y, en última instancia, en vidas protegidas y pacientes atendidos.
Fuente: EF
