Los cambios podrían mover las piezas del juego para quienes invierten en ladrillos, ya que aumenta la incertidumbre jurídica, según expertos.
Un nuevo cambio legislativo ha encendido las alertas en el sector inmobiliario mexicano. Se trata de las reformas propuestas a la Ley de Amparo, actualmente en discusión en el Congreso de la Unión, las cuales podrían modificar de fondo la operación de empresas y su defensa frente a actos de autoridad.
El amparo es una figura legal que protege a los ciudadanos frente a actos de autoridad que vulneren sus derechos humanos, explicó María Teresa Paillés, socia del despacho Pérez-Llorca en el área inmobiliaria.
“Es una sentencia que protege de actos de autoridad. Sin embargo, hemos visto un cambio directo a partir del sexenio pasado que busca proteger de manera más clara el interés social por encima del individual”, comentó en entrevista para Econohábitat.
Uno de los puntos más sensibles de la reforma es la limitación de la procedencia de las suspensiones: “Esto impactará directamente al sector inmobiliario, ya que cuando una empresa enfrente la revocación de permisos, por ejemplo, no podrá solicitar una suspensión para continuar su proyecto mientras se resuelve el juicio, porque se podría considerar un daño a la sociedad en materia vecinal o ambiental”, explicó Paillés.
Preocupación en el sector inmobiliario
La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) reconoció la necesidad de un marco jurídico sólido, pero manifestó su inquietud ante el alcance de las reformas.
“Nos preocupa que las modificaciones limiten la procedencia de las suspensiones, restrinjan los efectos de las resoluciones judiciales y, sobre todo, que incluya un artículo transitorio con efectos retroactivos”, indicó el organismo en un comunicado.
Según la ADI, la retroactividad representa un riesgo grave, pues podría afectar directamente a inversionistas y desarrolladores con juicios en curso, lo que vulnera el principio constitucional de irretroactividad de la ley.
Golpe financiero
La ADI remarcó que la incertidumbre jurídica a partir de la reforma obligaría a la renegociación de contratos con inversionistas y clientes, lo que implica riesgos financieros e incrementos de precios al consumidor final.
“El sector inmobiliario es uno de los más sensibles a los cambios regulatorios y, al mismo tiempo, uno de los más golpeados por actos discrecionales de autoridades en materia de permisos, usos de suelo, densidades y normativas ambientales”, expuso la Asociación dirigida por Jaime Fasja.
Para Karim Antonio Oviedo Ramírez, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), el impacto de la reforma es un golpe directo a la inversión en el sector inmobiliario.
Así, el dirigente expresó dudas sobre el objetivo de las modificaciones: “No entendemos si el amparo va a proteger a las autoridades o a los ciudadanos. Desde luego, va a desmotivar no solo la inversión inmobiliaria, sino cualquier actividad que requiera certeza jurídica”.
Nuevos retos para los desarrolladores
De acuerdo con María Teresa Paillés, el nuevo entorno legal obligará a que los proyectos se ejecuten con mayor rigor técnico y jurídico, algo que “que no necesariamente se había hecho antes”.
“Los procesos inmobiliarios tendrán que realizarse completamente apegados a la ley, midiendo los riesgos sociales. Esto implica proyectos más detallados y con mayor acompañamiento legal, lo cual el mercado podría ver como un gasto adicional”, explicó.
Añadió que el cambio también podría fomentar una mayor responsabilidad social en los desarrollos, ya que durante años se han hecho grandes proyectos sin considerar la participación y autorización vecinal.
No obstante, Paillés advirtió que existe el riesgo de abusos de poder y la gestión de los casos ante la falta de experiencia de algunos nuevos miembros del poder judicial en materia inmobiliaria.
“Existe el peligro de que haya abusos (hacia el sector privado) y de que los tribunales enfrenten una curva de aprendizaje. Es importante que las empresas realicen auditorías internas para garantizar que sus proyectos cumplan con todos los requisitos legales y busquen medios alternativos de resolución de controversias, para evitar depender del amparo”, insisitó.
Fuente: eleconomista
