Cuatro años después de la alerta internacional, la autoridad sanitaria mexicana finalmente despertó. ¡Por fin! El 8 de octubre, la Cofepris emitió un comunicado con una orden tan explícita como elemental: retirar los ventiladores peligrosos de los hospitales públicos y privados. No era tan difícil. Se trata de los ventiladores Philips que se usaban para asistencia respiratoria y que, en otros países, fueron retirados desde 2021 porque se comprobó que liberaban partículas tóxicas.
La Cofepris por fin encontró la voluntad, el papel y la pluma para ordenar su “inmovilización y segregación”, es decir, guardarlos en una bodega mientras la empresa los recoge. La lista incluye más de quince modelos —entre ellos los E30, Trilogy 100 y 200, DreamStation y A-Series BiPAP— que siguen en uso en hospitales mexicanos.
En junio de 2024 advertí en este espacio que el Estado mexicano era gordo y autoritario, pero ausente donde más importa: incapaz de garantizar la salud pública y de exigir a Philips el retiro de los ventiladores E30 defectuosos. Más adelante, en julio de 2024, dirigí una carta abierta a los ejecutivos de la empresa para reconocer que, sin obligación oficial, Philips ya estaba recogiendo equipos en México… pero sin reponerlos. En Estados Unidos, en cambio, cumplía su responsabilidad completa. Ambos textos apuntaban al mismo problema: la impunidad compartida entre un Estado indiferente y una corporación complaciente.
El nuevo comunicado de Cofepris no corrige esa historia: la confirma. La alerta tardía dejó daños en el camino. Durante estos años, Philips México continuó distribuyendo piezas, repuestos y equipos que ya estaban prohibidos en otros países, mientras el Estado mexicano —tan robusto para vigilar periodistas, tan ineficaz para vigilar hospitales— guardó silencio. Los ventiladores siguieron en quirófanos, terapias intensivas y clínicas rurales, expuestos al desgaste y a la degradación del material interno que liberaba partículas tóxicas inhalables.
El daño no es abstracto. Esta semana, 43 pacientes y familiares presentaron una demanda colectiva y una denuncia penal contra Philips México por negligencia y omisión en el retiro de más de 3 500 equipos defectuosos. Los demandantes alegan daños pulmonares, renales e incluso muertes vinculadas al uso de los respiradores. Y ojo: el comunicado de Cofepris confirma que los equipos seguían en operación, una especie de confesión involuntaria.
Mientras en Estados Unidos hubo un recall de Clase I —el más grave posible— y un programa nacional de retiro con inspecciones y compensaciones, en México las autoridades emitieron una tímida alerta (sin protocolo, sin inspección, sin orden de retiro) en 2021 y luego se sentaron cómodamente a ver cómo seguía girando el mundo.
En una democracia funcional, los mecanismos regulatorios —los protocolos, las alertas con acción pública— son el escudo del ciudadano frente a la negligencia privada. En México, la negligencia estuvo precisamente en el escudo.
Fuente: eleconomista
