¿Estarán realmente protegidos los compradores e inquilinos o terminarán siendo quienes paguen los platos rotos por constructoras e inmobiliarias?
Andrea Lilián Holguín tenía solo 22 años cuando murió sorpresivamente, víctima de una desidia o corruptela criminal, mientras hacía algo tan cotidiano como bañarse. El departamento que rentó en la colonia Narvarte, en la CDMX, tiene el calentador instalado en el baño. Sin la ventilación correcta, la mala combustión genera monóxido de carbono (CO), un gas sin olor alguno que desplaza al oxígeno. Así, la joven falleció intoxicada y asfixiada.
Si bien el edificio fue construido hace seis décadas, la NOM-200-SCFI-2017 establece que un calentador no debe instalarse “en lugares cerrados, mal ventilados o cercanos a material inflamable”, advertencia que siempre aparece muy visible en el empaque de cada boiler nuevo y que el dueño del departamento omitió. Más aún, tras el deceso de Andrea, un peritaje diagnosticó que todas las viviendas de ese predio tienen el mismo alto riesgo.
El tema tiene mucho fondo porque no sucede únicamente en construcciones viejas. Los departamentos en los múltiples conjuntos habitacionales Be Grand, de Nicolás Carrancedo Ocejo, no cuentan con ventilación en el cuarto de lavado, donde ubican el calentador y las tuberías de distribución de gas, y tampoco tienen extractores u otros mecanismos de seguridad para evitar la acumulación de CO, como sucedió recientemente en una de esas viviendas.
La acción eficaz de los bomberos y Protección Civil evitó una desgracia, pero también develó la pregunta de cuántas familias viven bajo ese riesgo latente. Poniendo El Dedo en la Llaga, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la ciudad, Myriam Urzúa Venegas, dejó claro que, frente a las corruptelas, buscará consecuencias duras.
¿Cómo obtuvo Be Grand todas sus licencias de construcción desde hace 10 años? Fue en pleno auge del llamado cártel inmobiliario en alcaldías como Álvaro Obregón y Benito Juárez, que gobernaba el actual dirigente del PAN, Jorge Romero Herrera. El trámite exige todos los estudios técnicos, incluyendo el dictamen de gas emitido por un perito autorizado. Adicionalmente, debe haber un Director Responsable de Obra (DRO), información que debería ser pública y transparente, pero no es accesible en línea. ¿Negligencia? ¿Complicidades? ¿Corrupción?
La presidenta de la Comisión de Protección Civil en el Congreso de la CDMX, la panista Lizzette Salgado Viramontes, reconoce que no tiene conocimiento de esos registros, aunque propone que la autoridad implemente un programa continuo de revisión de instalaciones en unidades habitacionales de más de 30 años y se revisen las licencias de construcción y dictámenes técnicos de las más recientes. Bien, pero ¿quién pagará las multas? ¿Quién será responsable de hacer las modificaciones necesarias en las construcciones? ¿Estarán realmente protegidos los compradores e inquilinos o terminarán siendo quienes paguen los platos rotos por constructoras e inmobiliarias?
En la temporada de frío 2024-2025, hubo 473 casos de intoxicación por monóxido de carbono en el país, 57 por ciento más que el promedio de los años recientes. En la capital mexicana, van más de 10 fallecidos por esa causa en lo que va del año.
La Procuraduría Social tiene la capacidad de asesorar a los propietarios y condóminos sobre las regulaciones y gestiones necesarias para su seguridad. Pero más allá, la voluntad política de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, es clave para atender integralmente el asunto.
Fuente: Heraldo de México
