La democracia necesita recuperar la política como servicio a la comunidad, como deliberación entre ciudadanos libres y como capacidad para transformar las necesidades sociales en políticas públicas concretas
La política tiene mala fama. Para demasiados ciudadanos se ha convertido en sinónimo de ambición personal, privilegio, sectarismo, propaganda, corrupción o lucha por el poder. El político aparece retratado como alguien que nunca ha vivido fuera de su partido, que adapta sus convicciones a las necesidades de su carrera y que considera las instituciones como un territorio que debe ser ocupado.
No puede afirmarse que esta percepción sea enteramente injusta.
La política española ofrece cada día razones para el desencanto. Los partidos viven instalados en una campaña electoral permanente. Los gobiernos dedican una parte creciente de sus esfuerzos a controlar el relato de lo que hacen. Las oposiciones parecen convencidas de que cualquier dificultad del país constituye una oportunidad para llegar al poder. El Parlamento se ha transformado demasiadas veces en un escenario para representar enfrentamientos previamente decididos. Y las instituciones que deberían ser comunes son sometidas a una disputa partidista que acaba destruyendo su prestigio.
Sin embargo, la respuesta a la mala política no puede ser la antipolítica.
No renunciamos a la medicina porque existan médicos negligentes, ni a la justicia porque se dicten resoluciones equivocadas, ni al periodismo porque algunos medios manipulen la información. Tampoco deberíamos renunciar a la política porque demasiados políticos hayan olvidado su verdadera función.
La política es imprescindible porque es el procedimiento mediante el cual una comunidad democrática decide sobre sus asuntos comunes. Permite transformar los conflictos en debates, las aspiraciones en derechos y los recursos colectivos en escuelas, hospitales, viviendas, carreteras, pensiones, seguridad y protección social.
La alternativa a la política democrática no es una gestión neutral, eficiente y desprovista de ideología. La alternativa es que las decisiones sean adoptadas por poderes que no responden ante los ciudadanos: grandes intereses económicos, grupos de presión, burocracias, plataformas tecnológicas, estructuras financieras o dirigentes carismáticos que aseguran encarnar directamente la voluntad popular.
Cuando la política se retira, su lugar no queda vacío. Lo ocupa otro poder.
Servir, no servirse
La primera condición para dignificar la política consiste en recuperar una idea elemental: el poder público no pertenece a quien lo ejerce.
Un presidente, un ministro, un consejero o un alcalde no son propietarios de las instituciones. Reciben temporalmente la responsabilidad de administrar recursos que proceden del esfuerzo de todos y de gestionar competencias que pertenecen a la comunidad.
El cargo público no es una recompensa. Tampoco debería ser la culminación de una carrera desarrollada exclusivamente dentro de un aparato partidista. Es un mandato limitado, sometido a la ley, a la fiscalización parlamentaria, al control judicial, al escrutinio de la prensa y al juicio periódico de los ciudadanos.
Gobernar no consiste en disponer del Estado, colocar a los propios, distribuir posiciones de influencia o proteger a quienes forman parte del mismo círculo político. Gobernar significa elegir prioridades entre necesidades que son numerosas y recursos que siempre son limitados.
Significa decidir cuánto se recauda, quién contribuye, en qué se emplea el dinero público, qué servicios deben garantizarse y cómo se evalúan sus resultados.
Esa responsabilidad exige competencia, prudencia, honradez y capacidad de escuchar. Exige también una virtud que parece haber desaparecido de la política contemporánea: conciencia de los límites.
Ninguna victoria electoral otorga el derecho a gobernar sin controles. Ninguna mayoría parlamentaria convierte automáticamente en justo todo lo que resulta legalmente posible. Ningún gobierno representa por sí solo a la sociedad entera.
El gobernante democrático debe recordar que también gobierna para quienes no lo votaron.
El Estado no es un botín
En España, cada alternancia política se vive con demasiada frecuencia como una conquista territorial. Cambian los gobiernos y comienza una cadena de relevos, nombramientos y redistribuciones de puestos que transmite la impresión de que el Estado pertenece temporalmente al partido vencedor.
Las instituciones se reparten mediante cuotas. Los candidatos se clasifican por su proximidad a uno u otro bloque. Los nombramientos se negocian como piezas de un tablero. Y, cuando finalmente se alcanza un acuerdo, cada formación presenta como un triunfo haber colocado a determinadas personas en organismos cuya credibilidad depende precisamente de que no parezcan subordinados a ningún partido.
Así se destruye lentamente la confianza pública.
Da igual que las personas designadas sean profesionalmente competentes. Si el procedimiento transmite que representan una cuota partidista, cada una de sus decisiones será interpretada según el origen de su nombramiento.
El problema se agrava cuando los propios partidos denuncian la politización de una institución mientras están en la oposición y la justifican cuando consiguen controlarla. Lo que ayer constituía una injerencia intolerable se convierte hoy en el ejercicio legítimo de una mayoría democrática. Y aquello que hoy se defiende como plenamente constitucional volverá a presentarse mañana como un asalto al Estado.
Esta doble vara de medir está en el origen de buena parte de la desconfianza institucional.
No se trata de un debate abstracto. La Comisión Europea ha venido señalando la necesidad de reforzar las garantías relativas a la autonomía del Ministerio Fiscal, adaptar el sistema de elección de los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial a los estándares europeos, regular los grupos de presión, mejorar el régimen de conflictos de intereses y fortalecer el acceso a la información pública. También ha calificado de baja la percepción de la independencia judicial entre la ciudadanía española. (European Commission)
El Estado debe estar dirigido por representantes democráticamente elegidos, pero no puede ser patrimonializado por ellos. Los gobiernos pasan. Las instituciones permanecen. Y precisamente porque permanecen deben ser protegidas frente a quienes, desde cualquier partido, pretendan convertirlas en instrumentos de combate.
La Constitución como arma arrojadiza
La Constitución debería ser el espacio compartido que establece las reglas de la convivencia y limita el poder. Sin embargo, ha sido convertida con demasiada frecuencia en un arma arrojadiza.
Cada bloque se proclama propietario de la legalidad constitucional y acusa al contrario de amenazarla. La Constitución ya no se invoca como un compromiso común, sino como una certificación de superioridad moral. No sirve para delimitar el terreno dentro del cual pueden convivir proyectos políticos diferentes, sino para expulsar simbólicamente al adversario de la comunidad democrática.
Unos identifican la Constitución con la conservación inalterable de todas las decisiones adoptadas en 1978. Otros la presentan como un obstáculo que puede ser reinterpretado hasta hacerle decir lo que conviene en cada momento. Entre ambos extremos desaparece lo esencial: una Constitución democrática es al mismo tiempo norma, límite, pacto y procedimiento para el cambio.
Los datos muestran que el problema no puede seguir siendo ignorado. En febrero de 2026, el 43,4 % de los encuestados por el CIS afirmó que su opinión sobre la Constitución había empeorado durante los diez años anteriores. El 58,1 % manifestó tener poca o ninguna confianza en su capacidad para resolver los problemas actuales, mientras que el 84,3 % consideró necesaria alguna reforma. (Liferay)
No estamos ante un rechazo generalizado de la democracia constitucional. Estamos ante la expresión de una distancia creciente entre las instituciones y una ciudadanía que no encuentra en ellas respuestas suficientes.
Reivindicar la política significa también recuperar la Constitución como casa común. Ni texto sagrado que impida cualquier reforma ni material maleable al servicio de las necesidades coyunturales de una mayoría.
Reformarla, cuando sea necesario, es una forma de preservarla. Pero hacerlo exige diálogo, grandes mayorías y una concepción del adversario como interlocutor legítimo, no como enemigo al que se pretende derrotar definitivamente.
Cuando la comunicación sustituye al gobierno
Uno de los cambios más profundos de nuestro tiempo es que la comunicación ha dejado de estar al servicio de la política y la política ha pasado a estar al servicio de la comunicación.
Antes se adoptaba una decisión y después se explicaba. Ahora, demasiadas veces, se diseña primero el efecto comunicativo y posteriormente se busca una actuación que permita producirlo.
No se pregunta únicamente qué medida resulta necesaria, sino qué titular generará, cuánto tiempo ocupará la conversación pública, qué reacción provocará en el adversario y cómo podrá presentarse ante los propios seguidores.
Las ruedas de prensa se sustituyen por declaraciones sin preguntas. Los datos se seleccionan según favorezcan al relato. Los anuncios se reiteran hasta que la presentación de una medida parece más importante que su ejecución. Cada dificultad se atribuye a la herencia recibida, al bloqueo de la oposición, a la hostilidad de los medios, a los jueces, a Bruselas, a los mercados o a cualquier otra fuerza exterior.
El poder nunca es responsable de nada malo y siempre es autor de todo lo bueno.
Esta dinámica no es exclusiva del Gobierno de turno. Las oposiciones también construyen su relato. Presentan cada problema como prueba definitiva del colapso del país, cada error como un escándalo histórico y cada acuerdo del Ejecutivo como una traición.
Unos necesitan transmitir que España atraviesa su mejor momento. Otros, que el país se encuentra al borde de la destrucción.
La realidad, inevitablemente más compleja, queda sepultada entre ambas propagandas.
La comunicación es necesaria en democracia. Los gobernantes tienen la obligación de explicar lo que hacen. Pero explicar no es manipular; informar no es ocultar los datos desfavorables; rendir cuentas no es desacreditar a quien formula una pregunta incómoda.
Cuando todo se convierte en relato, también la verdad empieza a parecer propaganda.
La polarización no es un accidente
La polarización suele presentarse como una consecuencia inevitable de las diferencias ideológicas. Pero una parte de ella es deliberada.
Los partidos han descubierto que resulta más sencillo movilizar a los electores mediante el miedo al adversario que convencerlos mediante políticas públicas. No es necesario demostrar la bondad del propio proyecto. Basta con advertir de las consecuencias catastróficas que tendría una victoria del contrario.
La política deja entonces de organizarse alrededor de programas y se estructura en torno a identidades enfrentadas.
Ya no se pide al ciudadano que valore una propuesta sobre vivienda, fiscalidad, sanidad, educación o energía. Se le invita a incorporarse a un bloque y a considerar que el otro amenaza su forma de vida, su identidad o la existencia misma del país.
Si gobierna la izquierda, determinados sectores anuncian la liquidación de España, el fin de la propiedad y la instauración de una dictadura. Si gobierna la derecha, se pronostican la desaparición de los derechos sociales, el regreso del autoritarismo y la destrucción de la democracia.
Cada elección se presenta como la última oportunidad. Cada acuerdo es una traición. Cada concesión constituye una capitulación. Cada discrepancia interna es castigada como deslealtad.
El adversario deja de ser un competidor legítimo y se convierte en un enemigo moral.
Esta lógica resulta rentable. El miedo cohesiona, silencia las críticas internas y permite justificar casi cualquier conducta propia. Si enfrente se encuentra el mal absoluto, todos los excesos parecen menores y cualquier medio puede considerarse necesario para impedir que llegue al poder.
Pero la democracia comienza precisamente cuando reconocemos que quienes piensan de otra manera tienen el mismo derecho a participar, gobernar y tratar de convencer a la sociedad.
No todo desacuerdo es una amenaza constitucional. No toda reforma es un golpe de Estado. No toda investigación judicial demuestra una conspiración. No toda crítica es una campaña organizada. No todo pacto es una traición. Y no todo ciudadano que vota al partido contrario es un ignorante, un fanático o un enemigo del país.
La polarización beneficia a quienes viven de ella, pero empobrece a todos los demás.
La judicialización de la política y la politización de la justicia
Uno de los efectos más preocupantes de la política de bloques es la utilización de los procedimientos judiciales como prolongación del enfrentamiento partidista.
Las denuncias, querellas e investigaciones se convierten inmediatamente en instrumentos de combate. La apertura de unas diligencias se presenta como una condena definitiva cuando afecta al adversario y como una persecución intolerable cuando alcanza a los propios.
La presunción de inocencia se aplica según la identidad del investigado.
Los mismos dirigentes que exigen respeto absoluto a las decisiones judiciales cuando les favorecen denuncian la existencia de jueces politizados cuando les perjudican. Y quienes en un asunto reclaman esperar a una sentencia firme pueden pedir dimisiones inmediatas en el siguiente.
Esta utilización partidista de la justicia produce dos efectos igualmente destructivos.
Por una parte, perjudica a las personas afectadas, convertidas en culpables o inocentes por decisión de las tertulias antes de que termine el procedimiento. Por otra, erosiona la confianza en los tribunales, porque cada resolución es interpretada como una victoria de un bloque y una derrota del otro.
Los jueces deben poder investigar y resolver sin ser sometidos a campañas de intimidación o adhesión. La política debe asumir sus propias responsabilidades sin delegarlas todas en los tribunales. No todo comportamiento éticamente inaceptable es delito, y no toda absolución penal convierte en ejemplar una actuación política.
La justicia no puede sustituir a la rendición de cuentas democrática. Tampoco la política puede utilizar la crítica legítima como pretexto para deslegitimar a los jueces cuando sus decisiones resultan incómodas.
El Parlamento no puede ser una escenografía
La política democrática necesita un Parlamento que delibere, legisle y controle al Gobierno. No una cámara convertida en decorado de una representación cuyo desenlace se ha decidido previamente en los despachos de los partidos.
Sin embargo, buena parte de la actividad parlamentaria ha perdido su capacidad de persuasión.
Los diputados leen discursos escritos para ser fragmentados en vídeos. Las sesiones de control se convierten en intercambios de acusaciones. Raramente una intervención modifica la posición de otro grupo. Nadie parece dirigirse a quien se encuentra enfrente, sino a sus propios seguidores y a las cámaras.
El parlamentarismo se vacía cuando los representantes solo obedecen a las direcciones de sus partidos. Si la continuidad en las listas depende de la fidelidad a la cúpula, el diputado responde ante quien puede decidir su futuro político, no ante el ciudadano.
La disciplina de voto es necesaria para garantizar la estabilidad de los proyectos colectivos, pero su aplicación absoluta termina convirtiendo a los parlamentarios en piezas intercambiables.
También se debilita el Parlamento cuando la legislación de urgencia deja de ser excepcional, cuando materias heterogéneas se agrupan para dificultar el debate, cuando las enmiendas se utilizan para introducir reformas ajenas al objeto inicial de una norma o cuando las negociaciones decisivas se desarrollan fuera de las cámaras y llegan a ellas únicamente para ser ratificadas.
La democracia no consiste solo en sumar votos. También exige procedimientos, deliberación, transparencia y respeto a las minorías.
Una mayoría puede aprobar una ley. Pero la calidad democrática depende igualmente de cómo la prepara, cómo la explica, qué informes solicita, cuánto debate permite y qué atención presta a las objeciones.
Proponer políticas, no fabricar consignas
La política debería ser el mecanismo que permite ofrecer a los ciudadanos alternativas concretas para mejorar sus condiciones de vida.
Sin embargo, el debate público se encuentra absorbido por controversias simbólicas, conflictos identitarios, escándalos sucesivos y discusiones fabricadas para movilizar emociones.
Mientras la política habla de sí misma, los problemas reales continúan.
Los jóvenes no pueden acceder a una vivienda. Muchas familias no consiguen conciliar el trabajo con el cuidado de sus hijos. Los autónomos dedican una cantidad absurda de tiempo a cumplir obligaciones administrativas. La atención primaria está saturada. Las listas de espera se prolongan. Las prestaciones de dependencia llegan tarde. La justicia tarda años en resolver. La despoblación avanza. La educación cambia de leyes sin corregir sus carencias estructurales. Y tener un empleo ya no garantiza siempre la posibilidad de construir una vida autónoma.
Ante estos problemas no bastan las proclamaciones.
Una política de vivienda debe explicar cuántas viviendas se construirán, en qué suelos, con qué presupuesto, dentro de qué plazo y mediante qué procedimiento. Debe aclarar cómo se aumentará la oferta asequible, cómo se garantizará la seguridad jurídica y cómo se evitará que las ayudas terminen trasladándose íntegramente a los precios.
Una política sanitaria debe precisar cuántos profesionales se necesitan, cómo se reforzará la atención primaria, qué medidas reducirán las listas de espera, cómo se organizará la salud mental y de qué modo se evaluará la calidad asistencial.
Una política educativa debe abordar la formación del profesorado, el abandono escolar, la comprensión lectora, la formación profesional, la desigualdad entre centros y la adaptación a la transformación tecnológica.
Una política económica debe explicar quién pagará los impuestos, qué servicios se financiarán con ellos, cómo se facilitará la creación de empresas, qué obstáculos burocráticos se eliminarán y qué sectores productivos se consideran estratégicos.
Una promesa sin presupuesto es propaganda. Una ley sin medios es una declaración de intenciones. Un derecho que la Administración no puede garantizar termina convertido en frustración.
La política debe volver a hablar de resultados.
Decir la verdad también es gobernar
La democracia necesita ciudadanos adultos y gobernantes dispuestos a tratarlos como tales.
No es posible mejorar indefinidamente todos los servicios y reducir al mismo tiempo todos los impuestos. No es posible garantizar nuevas prestaciones sin explicar cómo se financiarán. No es posible resolver el problema de la vivienda sin aumentar la oferta. No es posible mantener el sistema de pensiones ignorando el envejecimiento de la población. No es posible realizar una transición energética sin inversiones, costes y cambios en los hábitos de consumo.
Toda política pública produce beneficios, costes y efectos imprevistos.
La obligación de un gobernante no consiste en prometer que nadie perderá nunca nada. Consiste en explicar qué objetivo persigue, qué recursos necesita, quién asumirá los costes y cómo se protegerá a los más vulnerables.
Decir la verdad puede tener un coste electoral. Pero ocultarla tiene un coste democrático mucho mayor.
Durante demasiado tiempo se ha tratado al ciudadano como un consumidor de promesas. A cada sector se le ofrece aquello que desea escuchar. Se anuncian derechos sin financiación, inversiones sin calendario, rebajas tributarias sin reducción del gasto y reformas estructurales que nunca llegan a concretarse.
Esta política puede ganar elecciones, pero no puede gobernar seriamente un país.
Una oposición que aspire a gobernar
La degradación política no es responsabilidad exclusiva de quienes ejercen el poder.
La oposición desempeña una función constitucional imprescindible: controlar al Gobierno, denunciar abusos, exigir explicaciones y presentar una alternativa. Pero esa función se desnaturaliza cuando se transforma en una estrategia de obstrucción permanente.
Una oposición responsable no puede considerar que cualquier éxito del Gobierno perjudica sus intereses y que cualquier fracaso beneficia al país porque acelera la alternancia.
Tampoco basta con afirmar que todo está mal.
Quien aspira a gobernar debe explicar qué haría, con qué recursos, en qué plazos y mediante qué acuerdos. Debe ofrecer equipos, prioridades y soluciones. Debe estar dispuesto a reconocer los aciertos del adversario y preservar aquello que funciona.
España necesita acuerdos duraderos en educación, justicia, pensiones, energía, ciencia, política exterior y organización territorial. No para borrar las diferencias ideológicas, sino para impedir que cada mayoría destruya lo construido por la anterior.
La negociación no es una traición. El compromiso no es cobardía. Ceder parcialmente para conseguir un resultado común constituye la esencia misma de la política democrática.
Recuperar los partidos
Sin partidos no existe una democracia representativa viable. Pero los partidos no pueden convertirse en organizaciones cerradas que viven para reproducirse a sí mismas.
Demasiadas carreras políticas comienzan en las juventudes de una formación, continúan en un gabinete, pasan a una lista electoral y culminan en responsabilidades de gobierno sin que la persona haya conocido otra realidad profesional.
La vocación política temprana es legítima. Lo preocupante es la creación de una clase dirigente cuya supervivencia material depende por completo de su organización.
Cuando el político no tiene un lugar al que regresar fuera del partido, aumenta su dependencia de quien confecciona las listas, distribuye los cargos y decide los ascensos. La obediencia sustituye entonces al criterio y la lealtad personal desplaza a la competencia.
Los partidos deben abrirse a la sociedad, incorporar experiencia profesional, favorecer la democracia interna y permitir la discrepancia. Necesitan personas que conozcan la administración, la empresa, la universidad, los servicios públicos, el trabajo autónomo y las dificultades reales de los ciudadanos.
Un representante no debería ser un empleado de su partido. Debería ser un servidor de la comunidad.
También nosotros somos responsables
Sería demasiado cómodo atribuir toda la degradación de la política a los dirigentes.
Los ciudadanos contribuimos a ella cuando juzgamos los hechos según quién los protagoniza. Cuando perdonamos en nuestro partido lo que consideraríamos intolerable en el contrario. Cuando compartimos una información sin comprobarla porque confirma nuestros prejuicios. Cuando exigimos soluciones sencillas para problemas complejos o celebramos el insulto si se dirige contra la persona adecuada.
La regeneración democrática no llegará mientras existan electorados dispuestos a justificar cualquier conducta de los suyos.
No somos seguidores de un equipo. Somos ciudadanos.
La lealtad democrática no consiste en defender siempre a una organización, sino en exigir a todas el cumplimiento de las mismas reglas. Apoyar a un partido no obliga a renunciar al pensamiento crítico. Cambiar de opinión no es una traición. Reconocer un acierto del adversario no debilita las propias convicciones.
La política mejorará cuando los partidos comprendan que sus votantes no les perdonarán aquello que condenarían si lo hicieran los demás.
Volver a lo esencial
Reivindicar la política no significa justificar a quienes la degradan. Significa recuperar los principios que permiten exigirles algo mejor.
Necesitamos gobiernos que gobiernen, oposiciones que propongan, parlamentos que deliberen, partidos que representen, administraciones que sirvan e instituciones que no puedan ser confundidas con una extensión del partido que ocupa temporalmente el poder.
Necesitamos medios de comunicación que fiscalicen sin convertirse en soldados de una guerra de bloques. Y necesitamos ciudadanos capaces de escuchar, contrastar y exigir soluciones en lugar de limitarse a aplaudir consignas.
La política no se justifica por la importancia de quienes la ejercen. Se justifica por su capacidad para mejorar la vida de la comunidad.
Es política una vivienda a la que puede acceder un joven. Una escuela que enseña y no abandona a quien tiene dificultades. Una cita médica que llega a tiempo. Una prestación de dependencia que se concede antes de que fallezca quien la necesita. Una resolución judicial que no tarda años. Un transporte público que comunica un municipio. Una administración que ayuda en lugar de humillar. Una empresa que puede iniciar su actividad sin enfrentarse a una carrera de obstáculos. Un trabajo cuyo salario permite vivir.
Todo lo demás los relatos, los liderazgos, las campañas, las estrategias, las encuestas y las batallas culturales solo tiene sentido si contribuye a alcanzar esos resultados.
La política debe recuperar su dignidad.
No lo hará proclamando su propia importancia, protegiendo sus privilegios o pidiendo a los ciudadanos un acto de fe.
La recuperará cuando vuelva a ser servicio, propuesta, deliberación y responsabilidad.
La recuperará cuando deje de hablar obsesivamente de sí misma y vuelva a ocuparse de la vida de la gente.
La recuperará, en definitiva, cuando vuelva a servir.
Fuente: estrelladigital
