¿De qué sirve formar especialistas durante años si después quedan expuestos a decisiones administrativas y evaluaciones discrecionales?
La evaluación del personal de carrera judicial demuestra por qué es indispensable alzar la voz y transparentar lo que ocurre.
¿De qué sirve formar especialistas durante años si después quedan expuestos a decisiones administrativas y evaluaciones discrecionales?
El problema nunca fue evaluar, sino cómo se planteó inicialmente el proceso.
El 5 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General AG-POAJ-025/2026 del Órgano de Administración Judicial, con los criterios para evaluar al personal de carrera judicial. El esquema generó inconformidad porque asignaba el 40 por ciento de la calificación al examen de conocimientos y el 60 por ciento restante a valoraciones de los superiores jerárquicos.
La preocupación era evidente: ¿cómo garantizar una evaluación justa si la mayor parte de la calificación depende de la percepción de otras personas? ¿Quién garantiza que no se convierta en una herramienta para desplazar a quienes no son cercanos a determinados grupos?
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) cuestionó el acuerdo y advirtió sobre los riesgos para la estabilidad del personal judicial. Los trabajadores también alzaron la voz e hicieron públicas sus inconformidades. Los cuestionamientos llevaron el asunto a una mesa de diálogo.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Órgano de Administración Judicial (OAJ) y las representaciones sindicales anunciaron acuerdos para modificar el instrumento. Se contempla eliminar referencias sancionatorias o que impliquen la separación del cargo; suprimir las evaluaciones extraordinarias solicitadas por los titulares y modificar los porcentajes de los componentes subjetivos.
También se acordaron mesas de trabajo permanentes, que deben vigilarse. Las modificaciones deberán formalizarse y publicarse en el DOF para que los compromisos se traduzcan en garantías efectivas.
La lección es clara: alzar la voz sí sirve. Sin inconformidades públicas, difícilmente habría cambios.
Este problema tampoco es exclusivo del Poder Judicial. Las transformaciones institucionales pueden poner en riesgo la continuidad de equipos especializados. El INE cuenta con un Servicio Profesional Electoral Nacional construido durante años.
La desaparición del INAI y la creación de Transparencia para el Pueblo también hicieron indispensable preservar la experiencia acumulada aunque en este caso pasó al revés. Por eso los problemas técnicos y la afectación a la sociedad de acceder a la información de la PNT.
En distintas dependencias existen denuncias de presiones, hostigamiento y documentos de renuncia. Son situaciones que deben investigarse: los derechos laborales no desaparecen con un cambio de administración.
Hay una diferencia entre renovar una institución y desmantelar sus capacidades. Los especialistas no se forman de un día para otro. Desplazarlos sin criterios afecta a los trabajadores y perjudica a la ciudadanía.
Todos deben rendir cuentas. Si alguien no cumple, debe demostrarse mediante procedimientos objetivos. Una evaluación necesita indicadores verificables, reglas conocidas, derecho de defensa y mecanismos de revisión. Nunca debe depender de simpatías o afinidades personales.
Y queda otra pregunta: ¿quién evalúa a los titulares y a quienes toman las decisiones administrativas? Todos deben rendir cuentas.
Evaluar sí, pero con objetividad. Transformar sí, pero sin destruir capacidades. Y alzar la voz cuando el poder pretende imponer decisiones sin escuchar.
El servicio público no es patrimonio de quienes llegan al poder; es una responsabilidad con la sociedad y debe construirse sobre la experiencia, la profesionalización y el respeto a los derechos de quienes lo hacen posible.
Fuente: Heraldo de México
