Lo que define a la 4T y el descontento ciudadano

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El escándalo del INE se suma a una larga cadena de acontecimientos y es particularmente grave porque alcanza a una institución que exige la absoluta confianza pública.

Si alguien pensó que el escándalo de corrupción en el INE serviría como cortina de humo para ocultar los numerosos escándalos en los que están involucrados personajes vinculados con Morena, se equivocó. Lejos de conseguirlo ha terminado por exhibir la profundidad de un problema que se ha acentuado a lo largo de los últimos ocho años y erosiona la confianza ciudadana en las instituciones y, con ello, en la propia democracia, hablamos de la CORRUPCIÓN.

La lista es larga, desde las acusaciones de Estados Unidos contra el entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve exfuncionarios de esa entidad por presuntos vínculos con el crimen organizado, hasta la cancelación de visas a funcionarios mexicanos, incluida la gobernadora de Baja California.

A ello se suman el escándalo del huachicol fiscal, que ha involucrado a funcionarios públicos y mandos de las fuerzas armadas, y las sospechas sobre el posible destino de parte de esos recursos al financiamiento de campañas políticas. Sin olvidar el caso de “La Barredora” y los señalamientos que alcanzan a Adán Augusto López.

Son investigaciones, acusaciones y escándalos de distinta naturaleza y alcance, pero que, en conjunto tienen como sustrato a la corrupción, el uso discrecional de los recursos públicos, y plantean una pregunta inevitable ¿Qué ocurrió con aquel compromiso de combatir la corrupción que se presentó como uno de los principios fundamentales del movimiento que llegó al poder en 2018 prometiendo una transformación moral de la vida pública? ¿Qué pasó con la honestidad valiente?

El escándalo del INE, lejos de desviar la atención, se suma a esa larga cadena de acontecimientos y es particularmente grave porque alcanza a una institución cuya razón de ser exige la absoluta confianza pública.

Las consecuencias de esta acumulación de escándalos ya tienen su correlato en la percepción ciudadana. Una encuesta de AtlasIntel para Bloomberg, levantada entre el 5 y el 9 de noviembre, revela que seis de cada diez mexicanos identifican ya a la corrupción como el principal problema del país.

La inseguridad es una amenaza cotidiana, a ella se suma una percepción cada vez más extendida de corrupción en las instituciones públicas. Ambas constituyen una combinación especialmente peligrosa para la estabilidad y la convivencia democrática.

Porque dos de las responsabilidades esenciales del Estado son garantizar la seguridad de las personas y administrar con honestidad los recursos públicos. Los impuestos deben traducirse en infraestructura, servicios de calidad, oportunidades de desarrollo y mejores condiciones de vida. Cuando esos recursos terminan desviados para beneficio particular o de un grupo político, no solamente se afecta el patrimonio público, se rompe la relación de confianza entre la sociedad y sus instituciones.

Y cuando esa confianza se pierde, las consecuencias trascienden los hechos de corrupción. Una ciudadanía que deja de creer en las instituciones busca soluciones fuera de ellas, incluso al margen de la legalidad. El deterioro institucional abre así la puerta a un problema todavía mayor, la pérdida de legitimidad de las reglas que hacen posible la convivencia social.

En este contexto, resulta especialmente delicado lo que ocurre con el Instituto Nacional Electoral. Estamos a menos de siete meses de la jornada electoral del 6 de junio. La misma encuesta revela que casi la mitad de los mexicanos tiene poca o ninguna confianza en que el INE pueda garantizar elecciones justas. No estamos frente a un dato menor. La confianza en la autoridad electoral es una condición indispensable para que los resultados sean reconocidos y las diferencias políticas puedan resolverse mediante el voto, no mediante la confrontación.

¿Qué puede ocurrir cuando una sociedad se siente insegura, percibe corrupción en sus instituciones y, además, desconfía de quien debe garantizar la limpieza de las elecciones? Existen, al menos, dos caminos.

El primero es la abstención. Que el desencanto, la desconfianza y la sensación de que nada puede cambiar terminen por alejar a millones de las urnas. Un escenario que podría favorecer a Morena y sus aliados, al dejar las decisiones en manos de quienes mantienen una estructura de movilización electoral.

El segundo es exactamente el contrario, que la ciudadanía recuerde que su participación sí importa, que el voto es un instrumento para producir cambios políticos y que renunciar a ejercerlo solamente contribuye a profundizar aquello que provoca su inconformidad. La política es como la selva, no conoce vacíos.

La elección de junio de 2027 tendrá, por tanto, una trascendencia que va mucho más allá de la distribución de cargos públicos. Estará en juego la posibilidad de contener la inseguridad y la corrupción, reconstruir la confianza en las instituciones y recuperar la convicción de que las reglas democráticas pueden y deben hacerse respetar.

El mayor triunfo de quienes se han beneficiado de la corrupción y la inseguridad sería conseguir que nos recluyéramos, su mayor fracaso, una ciudadanía activa que recupere su futuro y a sus instituciones.

Fuente: EF

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