Los propietarios de los Leones de Yucatán, investigados por lavado de dinero

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La revista Proceso publicó un reportaje que vincula a los hermanos Arellano Hernández, propietarios de los Leones de Yucatán, con una red de empresas fantasmas.

Según la publicación, los empresarios son investigados desde hace años por la Unidad de Inteligencia Financiera y el SAT, por presuntas prácticas de lavado de dinero.

A continuación, partes medulares del reportaje:

Sinaloenses de origen, los hermanos Juan José y Erik Arellano Hernández aún no han concentrado los reflectores de los medios a nivel nacional, pero sí los de la Unidad de Inteligencia Financiera y del Sistema de Administración Tributaria, cuyos investigadores les siguen, cada quien por su cuenta, las huellas desde hace años.

Los hermanos Arellano, de acuerdo con información y documentos oficiales, han incursionado en un área hasta ahora desconocida en México: la de encabezar un complejo consorcio de más de 100 empresas reales y empresas fantasma cuyo nicho de negocio último es proporcionar servicios de lavado de dinero de procedencia ilícita para personas u organizaciones que lo requieran.  

Esta es la historia del grupo de negocios encabezado por ese par de muchachos nacidos en el poblado de Mesillas, Sinaloa.

Uno, contador con maestría en Impuestos, y otro, mecánico naval, los hermanos Juan José y Erick Arellano Hernández son un par de sinaloenses que encabezan Grupo Arhe, un conglomerado de más de 100 empresas en actividades económicas tan diversas como casas de cambio, consultorías financieras y contables, hoteles, gasolineras, inmobiliarias, constructoras, arrendadoras de autos, seguridad privada y equipos profesionales de beisbol y basquetbol, entre muchas otras.

Presumen lavado de dinero

Decenas de esas empresas tienen varias características en común: mueven muchos millones de pesos, sus actividades financieras no tienen ninguna lógica, no se encuentran respaldadas por alguna actividad lícita y sólo existen en el papel, por lo que las autoridades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda las investigan por realizar masivas operaciones con recursos de presunta procedencia ilícita, es decir, por lavado de dinero.

No es la primera ocasión que las autoridades les siguen los pasos. De hecho, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto la UIF congeló durante varios años las cuentas bancarias de los hermanos Arellano Hernández y de 81 de sus empresas por considerar que sus operaciones sólo servían para encubrir el blanqueo de capitales de actividades ilícitas.

Los reportes bancarios mostraban que lo hacían a un ritmo industrial: en seis años ingresaron al sistema financiero nacional al menos mil 700 millones de pesos sin que se tuviera certeza del origen y destino de los mismos.

A la magnitud de la cifra se suma un hecho: más de la mitad de las operaciones se realizaron en efectivo, es decir, cientos de millones de pesos se depositaron y se retiraron en billetes.

Descongelan cuentas de los hermanos Arellano

Sin embargo, el bloqueo no se mantuvo: el 11 de junio de 2018, apenas unos días antes de las elecciones presidenciales que sacarían al PRI del poder, hubo noticias en sentido contrario.

Ese día, el entonces titular de la UIF, que había llegado al cargo apenas medio año antes, ordenó descongelar las cuentas de los hermanos Arellano Hernández, al mismo tiempo que hacía lo propio con las cuentas de personas y empresas ligadas a los líderes sinaloenses del narcotráfico, como Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada, Rafael Caro Quintero y Juan José El Azul Esparragoza.

Para entonces, los hermanos ya habían mostrado un frenesí en la multiplicación de empresas, actividad que ni siquiera durante el congelamiento de sus fondos disminuyó.

Una investigación realizada por este equipo de reporteros en los registros públicos de la propiedad del país logró documentar además que el grupo ha seguido creando hasta la fecha decenas de razones sociales, de las cuales una amplia proporción presenta las características de ser empresas fachada, usadas para realizar múltiples triangulaciones financieras y enmascarar así el origen, propiedad y destino final de los recursos.

Los investigadores de la agencia de inteligencia financiera del Estado mexicano no son las únicas autoridades que los siguen de cerca. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) considera que el par de empresarios sinaloenses ha diseñado un complejo esquema en el que decenas de empresas fachada han funcionado como factureras.

Por ello, se encuentran en proceso de armar una denuncia por defraudación fiscal equiparada a delincuencia organizada. Parten de un hecho: el SAT ha boletinado a 23 empresas del Grupo Arhe por considerar que son empresas factureras, es decir, que expiden comprobantes fiscales de operaciones simuladas, inexistentes o ficticias.

Antecedentes

No será su primer encontronazo legal. En el pasado el SAT ya les ha embargado terrenos y 10 marcas comerciales para tratar de recuperar adeudos fiscales por más de 220 millones de pesos.

La UIF y el SAT están convencidos de que el Grupo Arhe estructuró una compleja red que provee servicios de lavado de dinero para grupos que manejan recursos de procedencia ilícita.

Esta investigación de Ríodoce y Quinto Elemento Lab es un asomo inédito a una de las áreas más desconocidas del país: la manera en que un grupo empresarial estructuró un complejo entramado de firmas fachada, mezcladas con empresas que sí operan, para proporcionar servicios de lavado de miles de millones de pesos en el sistema financiero mexicano a personas u organizaciones que requieran de ello. 

Transacciones inusuales

Las inusuales transacciones financieras ejecutadas por la empresa Administradora Financiera Integral SC encendieron las alarmas de los investigadores de la UIF a principios de 2015.

No era para menos: los propietarios de esa empresa, que resultaron ser los hermanos Arellano Hernández, habían logrado introducir en el sistema financiero mexicano 888 millones de pesos, sin que fuese claro el origen de esos recursos y sin que hubiese una razón para que más de 500 millones de pesos fueran depósitos hechos en efectivo.

Los investigadores de la UIF se enfocaron en rastrear las huellas financieras de siete personas y una sola empresa (Administradora Financiera Integral SC), pero al paso de unos meses conectaron a esta firma con una red de 35 personas y 81 empresas vinculadas entre sí.

Con los hallazgos elaboraron un robusto informe de más de 500 páginas que descifra la estrategia armada para ingresar cantidades millonarias al sistema bancario, esconder su origen, dispersarlo y ocultar su destino final.

Las tareas de investigación financiera forense dictaminaron que esas sociedades eran parte de un sofisticado entramado empresarial “relacionado con el lavado de activos”, para lo cual empleaban “empresas fachadas o pantalla”, directamente “vinculado con organizaciones criminales”.

Denuncia perdida

Por esas y otras múltiples razones incluidas en el reporte, Alberto Bazbaz Sacal, entonces titular de UIF, firmó el 29 de junio de 2016 el Acuerdo 72/2016, mediante el cual se bloquearon las cuentas bancarias de 116 personas físicas y morales relacionadas con los negocios de los hermanos Arellano Hernández, incluidas las de éstos.

Con su firma, Bazbaz Sacal ordenó también presentar denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por considerar que las operaciones detalladas en las 527 páginas constituían una evidencia de que los recursos empleados eran de procedencia ilícita, según se hace constar en el acuerdo, una copia completa del cual obtuvieron Ríodoce y Quinto Elemento Lab.    

De la denuncia, presentada ante la Procuraduría General de la República, en ese entonces a cargo de Arely Gómez, no se supo nunca más.

Este equipo de reporteros contactó vía telefónica y por correo electrónico con la oficina de los hermanos Arellano en Grupo Arhe para solicitar una entrevista e incorporar sus puntos de vista en la investigación. Al cierre de esta edición no se ha recibido respuesta a la petición ni al cuestionario que se les hizo llegar.

Grupo Arhe

Grupo Arhe es la marca que Juan José Arellano convirtió en un imperio de la nada, cuando apenas rebasaba los treinta años. En los cimientos tejió un conglomerado de más de 100 empresas, unas de papel y otras con operaciones reales, que se fueron desprendiendo de un pequeño despacho de nombre rimbombante: UPC Universal Proteccion of Capital.

Aun antes de ser Grupo Arhe, arrasaban con todo lo que encontraban en el camino: una pizzería, un taller mecánico y otro textil, una tienda de artículos deportivos, hasta un colegio de educación básica.

Y, repentinamente, subieron de nivel: constructoras con renta de maquinaria, procesadoras de concreto, una empresa regional de paquetería y mensajería o fraccionamientos.

Hoy están por todos lados. Lo mismo con un portal de noticias que con una planta de atún, una academia de beisbol infantil, una red de gasolineras con tiendas de autoservicio.

Alamo, hoteles y los Leones de Yucatán

Llegados a un punto, pasaron a compras de mayor visibilidad: Álamo, la franquicia de arrendamiento de autos; hoteles (The Inn at Mazatlán, entre ellos) y un par de equipos de beisbol profesional: Leones y Vaqueros, de extremo a extremo del país, de Torreón a Mérida.

Las pequeñas empresas que ya existían, a las que se sumaban las que iban constituyendo, permitían hacer intensas actividades en el papel: la compra de acciones entre sí, inclusión y exclusión de socios, fusiones y separaciones entre ellas, cambios de nombre, y entregas de terrenos como garantía, y, por supuesto, la apertura de centenares de cuentas bancarias.

De ellas ingresaron y sacaron del sistema financiero más de mil 723 millones de pesos, la mitad en efectivo y en solo seis años.

Al seguir su estrategia de negocios y la ruta de sus empresas, es posible distinguir etapas en su “modelo de negocios”: de despacho de contadores a fiscalistas, de asesores financieros a empresarios, de socios a dueños.

Igual ocurre con la huella del dinero, que la UIF describe con frases de manual: incompatibilidad en las actividades económicas e incongruencia en los volúmenes de dinero de acuerdo con el tamaño del negocio, triangulación de recursos sin justificación alguna ni lógica financiera, incluso sin una fuente lícita de financiación.

Aparecen marcas, socios, propiedades y, a la vuelta de unos meses, se difuminan, como si ellos nunca hubiesen sido participantes ni socios de las empresas. No quedan ni los recuerdos.

Investigación profunda

Durante los ocho meses previos a que se firmara el acuerdo de bloqueo de personas físicas y morales vinculadas al Grupo Arhe, los especialista de la UIF escarbaron en el pasado de los hermanos, husmearon en sus estados de cuenta bancarios y declaraciones de impuestos, revisaron sus entradas y salidas del país, los aviones en que se trasladaron, los salarios que recibieron; hicieron una revisión profunda de los antecedentes financieros y fiscales de las empresas y de los múltiples socios, apoderados y representantes que éstas compartían.

Al final del proceso, analizaron y ataron cabos para llegar a la conclusión de que entre mayo de 2010 y abril de 2016 las empresas del Grupo Arhe habían introducido al sistema financiero unos mil 723 millones de pesos, de cuyo origen y destino reales no se tiene certeza alguna.

La UIF no buscó a los hermanos Arellano Hernández. Ellos llegaron por su cuenta cuando solicitaron amparos judiciales para defenderse de un acuerdo de bloqueo de cuentas en el cual ni siquiera eran mencionados, pero sí una de sus empresas y varios de sus representantes legales.

Los investigadores de la UIF conectaron entonces a un grupo con otro. En la primera investigación, que revisaba el movimiento de 888 millones de pesos, el eje principal era Administradora Financiera Integral SC; en la segunda, que escudriñaba el movimiento de otros 835 millones de pesos, el Grupo Arhe estaba en el centro.

Mismo modus operandi

Encontraron el mismo modus operandi en ambas ocasiones: coincidencia en domicilios y en socios, triangulación de recursos sin justificación alguna, operaciones sin lógica financiera y sin que se pudiera apreciar una fuente legal de financiamiento.

Y, entonces, para tratar de encontrar respuestas al galimatías de Grupo Arhe, recorrieron el camino inverso: destejieron la telaraña de operaciones financieras y los mecanismos para introducir grandes volúmenes de dinero, dispersarlo y triangularlo; y desenredaron los mecanismos de creación de empresas, adquisición de compañías, así como los cambios de accionistas, de operadores y de razón social.

Las primeras páginas del acuerdo que ordena congelar las cuentas bancarias da cuenta de los hallazgos de los investigadores en torno a Administradora Financiera Integral y 81 empresas más, cuyos socios son directa o indirectamente los hermanos Arellano.

Análisis de la UIF

El equipo de la UIF analizó cientos de movimientos de las cuentas bancarias abiertas en al menos cinco instituciones financieras y destacó las siguientes prácticas, según el expediente en poder de Ríodoce y Quinto Elemento Lab: 

1) Triangulación injustificada de recursos

Las decenas de empresas y personas físicas realizan una intensa “triangulación de recursos sin justificación alguna, ya que no se identifica cuál es la relación comercial o de negocios entre las entidades proveedoras y receptoras de los recursos, además de que los movimientos financieros se realizan sin lógica aparente y se advierten erráticos”.

2) Enjambre de accionistas, representantes legales y domicilios

La investigación reveló una coincidencia entre accionistas, representantes legales, apoderados, cotitulares, firmantes y domicilios entre decenas de empresas que “triangulan recursos sin relación comercial o de negocios aparente, rasgos que evidencian la irregular actuación de las sociedades”.

A eso sumaron un elemento adicional: los registros en los bancos muestran la coincidencia de domicilios, teléfonos y personas autorizadas para hacer movimientos y disponer de los recursos de las cuentas.

Por ejemplo, en un solo domicilio se registraron al menos 13 empresas, “cuyos giros económicos van de construcción de inmuebles, proyectos de construcción; alquiler de terrenos, locales y edificios no residenciales; servicios de contaduría y auditoría, incluso tenencia de libros; actividades de clubes deportivos; y compraventa de autos y camiones nuevos”.

Sólo existe un detalle, concluye el expediente: “El inmueble no cuenta con señalización ni infraestructura que permita inferir el establecimiento de un número importante de empresas que desarrollen su objeto social en ese lugar”.

3) Movimiento de cientos de millones de pesos en efectivo

Los funcionarios de la UIF detectaron que las cuentas investigadas recibieron numerosos depósitos en efectivo que totalizaron cientos de millones de pesos y que “se recibieron en diversos estados de la república, en forma fraccionada y fueron retirados de forma inmediata, dirigiéndose a otras cuentas de la misma persona moral o a otras cuentas de diversas empresas”.

4) Cuentas y dinero golondrino

La investigación encontró también una “falta de permanencia” de los recursos en las cuentas, “ya que la mayoría de las operaciones por concepto de retiro se llevan a cabo el mismo día en que se captan los recursos”.

Pero no sólo eso, sino que hallaron algo más: “Los contratos financieros son en su mayoría de reciente apertura; sin embargo, en un breve periodo se captan y se retiran copiosas cantidades de recursos”

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