Corrupción y pandemia van de la mano, concluye la ONG Transparencia Internacional (TI) en su tradicional clasificación anual presentada este jueves, en la que suspende a dos tercios de los 180 países analizados.
Según el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI), los países que sus ciudadanos perciben como más corruptos son los que peor han respondido ante la COVID-19, y las reacciones más débiles y caóticas al reto del coronavirus han sido las que han dejado mayor margen a las prácticas ilegales.
Dinamarca y Nueva Zelanda se mantienen en la cabeza de la lista de esta ONG alemana, con 88 puntos sobre un máximo de 100 cada uno; mientras que Sudán del Sur y Somalia, con apenas 12 puntos, reinciden en la parte más baja de la clasificación.
Para la presidenta de TI, Delia Ferreira, el círculo vicioso entre corrupción y pandemia es evidente: “La COVID-19 no es sólo una crisis sanitaria y económica. Es una crisis de corrupción. Y una que actualmente no estamos sabiendo gestionar”.
“El año pasado ha puesto a prueba a los gobiernos como no se recuerda y aquellos con mayores niveles de corrupción han sido menos capaces de afrontar el desafío. Pero incluso aquellos arriba del CPI deben hacer frente de forma urgente su papel en perpetuar la corrupción en casa y en el extranjero”, añade.
El informe habla de una “imagen nefasta” de la situación de la corrupción a nivel global: la puntuación media es 43 sobre 100 y la mitad de los países no ha registrado ningún progreso “en la última década” en la lucha contra estas prácticas ilícitas, “del soborno y la malversación a los precios abusivos y el favoritismo”.
España, entre Catar y Corea del Sur, mantiene los 62 puntos que obtuvo el año pasado, aunque cae del puesto 30 al 32. La media europea, sin embargo, sigue lejos, en los 66.
LA PANDEMIA DE LA CORRUPCIÓN
El análisis, señala el informe, “muestra que la corrupción no sólo socava la respuesta sanitaria global a la COVID-19, sino que también contribuye a prolongar la crisis democrática”.
Estas prácticas ilegales están asimismo asociadas a “una menor cobertura de la sanidad pública, y mayores tasas de mortalidad infantil y maternal, de muerte por cáncer, diabetes y enfermedades respiratorias y cardiovasculares”.
