La creación de una «Comisión independiente de reparación a las víctimas, externa a la Iglesia» y la creación de un Fondo, creado por la CEE y Confer, dotado inicialmente de 50 millones de euros» es una de las medidas que propone el Informe Cremades que los obispos no parecen dispuestos a asumir. El texto de bufete de abogados especifica que debía ser esa comisión la que concrete las posibles indemnizaciones, que «se valorarán entre en cada caso entre 6.000 y 100.000 euros. En su texto ‘Para dar luz’ los obispos señalan, tras una previa justificación teórica, que en el caso de de la Iglesia en España, «no se aprecian razones suficientemente fundadas» que lleven a la creación de un fondo de este tipo.
Entre las razones a esta negativa, la primera es que «las necesidades económicas derivada de la reparación de daños en aquellos casos en que se ha producido no resultan significativas desde la perspectiva estricta de las cifras alcanzadas». Además, añaden que en los casos constatados en que una resolución canónica o una sentencia judicial firme ha obligado a este tipo de pagos a la institución, esas «cantidades han sido sufragadas de manera inmediata y suficiente por la Iglesia con cargo al presupuesto ordinario de las diócesis» o las congregaciones, sin que exista «dificultad alguna para afrontar los pagos».
Además, añaden, la existencia de un fondo de este tipo no ahorraría «la exigencia previa de acreditar la realidad y certeza del abuso sexual y de los daños padecidos». En ese sentido hay que recordar que la Conferencia Episcopal ya aprobó en su plenaria de finales de noviembre que la Iglesia indemnice a todas las víctimas incluso sin necesidad de una sentencia judicial, siempre que se llegue a la «convicción moral de que ha sufrido un abuso». También el Defensor del Pueblo propuso la creación de un fondo para este fin, en este caso estatal, en el que los obispos se mostraron dispuestos a colaborar estuviera orientado a reparar «a todas las víctimas de abusos y no sólo a las de la Iglesia«.
En este mismo orden de reparación, Cremades también señala que «la Iglesia debe reconocer la verdad, revelarla públicamente y ofrecer disculpas públicas e inequívocas, pero también privadas a cada víctima». Una idea en la que abunda al pedir que se realicen «memoriales y un acto de conmemoración pública», tal como ya había señalado el Defensor del Pueblo en su informe. En este caso, la Iglesia sí que se muestra partidaria de actos de este tipo. De hecho algunas diócesis, como la de Bilbao, ya lo organizaron este mismo año.
En cuanto a las medidas de prevención, las sugerencias del informe Cremades van muy en la línea de lo esperable, desde «garantizar entornos seguros y protectores», tanto «a nivel físico como emocional», incidir en la preparación y formación en el campo de los abusos de los agentes pastorales que trabajan con niños y adolescentes. Algunas de estas propuestas son más bien deseos bienintencionados: «Qué nunca, en ningún lugar, un niño, niña o adolescente se vuelva a quedar solo ante el horror».
Además, señala que se implante un «Plan de Prevención sometido a una auditoría interna», la creación de una «comisión de protección» en cada espacio eclesial e impulsar «códigos de conducta» y protocolos de actuación». Buena parte de estas propuestas ya se están llevando adelante en instituciones eclesiales, sobre todo en colegios católicos y grupos de congregaciones religiosas, que llevan la delantera en las medidas de prevención.
Eliminar los sótanos sin luz para evitar los riesgos hacia los niños
«No es una auténtica auditoría, no se han investigado los casos duplicados ni se han descartado errores», comentaban algunos obispos a ABC sobre el borrador del informe que Cremades había presentado antes de la última Asamblea Plenaria. Lo cierto es que, entre las 956 páginas que ahora se han hecho públicas, hay un buen número dedicadas a cuestiones que se alejan del contrato firmado con los obispos.
En algunos casos la relación parece ser colateral, como cuando señala los «roperos de Cáritas de muchas parroquias situados en sótanos sin luz» o «sótanos y almacenes llenos de muebles en desuso que generan zonas ciegas imposibles de controlar y una sensación de abandono y falta de cuidado de las personas que conviven en ellos». Una apreciación estética que justifica desde la idea que generan «puntos ciegos» en los que se puede realizar un abuso «sin que nadie lo oiga en el resto del edificio».
Más literario se muestra cuando para situar los abusos en la escuela de los años cincuenta del siglo pasado describe que «en esa época la violencia en el trato con los niños y niñas estaba asumida social y culturalmente y se practicaba con carácter general en el marco de la educación y la formación». Así, recuerda expresiones como «la letra con sangre entra» o «la importancia de una bofetada a tiempo».
E incluso se adentra realizar una taxonomía de las «practicas de castigo corporal» de los tiempos de la ‘Enciclopedia Álvarez’ como «las bofetadas, las ‘collejas’ (golpe con la mano abierta en la nuca), los ‘capones (golpes en la cabeza con los nudillos de la mano cerrada, especialmente con el nudillo del dedo corazón), el castigo de poner al niño o niña de rodillas delante de la clase (muchas veces con los brazos en cruz y, en ocasiones, soportando libros en cada mano), tirar con fuerza de las orejas o estirar de los pelos de las patillas, obligar a poner la mano extendida para golpearla con un puntero o una regla de madera en ocasiones con tanta fuerza que se rompía la regla (si se retiraba la mano extendida, se obligaba a ponerla dos veces). Todas ellas las señala como prácticas habituales y aceptadas para ‘disciplinar’ como forma de corrección».
El Informe presentado a los obispos también abunda, durante cientos de páginas, en los discursos y documentos de los Papas y del magisterio eclesial sobre los abusos, mientras que por momentos parece un libro de autoayuda para el desarrollo de la personalidad y reclama que la formación de los agentes de pastoral «debe incluir la perspectiva de género», una cuestión que los obispos han condenado varias veces.
A nivel legislativo, Cremades pide «mantener un buen orden en los archivos, incluida la obligación de conservar las actas de la investigación preliminar y el conjunto de los documentos». También le pide al Tribunal de la Rota que se «precisen las competencias en materia de investigación y enjuiciamiento de delitos canónicos relacionados con abusos sexuales y procurar los medios adecuados».
El informe se cierra con la petición de «fomentar investigaciones académicas y profesionales sobre abusos sexuales perpetrados en instituciones religiosas y su relación con la violencia espiritual y sus efectos devastadores», así como «en materia de deontología de los ministerios para elaborar códigos de conducta y medidas sancionadoras».
