El rostro de un gobierno que no ha sabido generar las condiciones suficientes para la inclusión y la movilidad social
México enfrenta un desafío estructural que, lejos de resolverse, crece y se consolida como una de las principales barreras para el desarrollo social y económico: la informalidad laboral. Hoy, alrededor de 34 millones de personas encuentran su sustento en el sector informal, lo que equivale a una proporción preocupante de la fuerza laboral nacional.
No se trata de una cifra abstracta, sino de millones de realidades individuales marcadas por la inseguridad, la ausencia de derechos laborales y la marginación social. ¿Cómo llegamos a este escenario? ¿Cuál ha sido el papel de las políticas públicas, particularmente bajo el gobierno de Morena, frente a este reto? Y más importante aún: ¿qué alternativas existen para revertir esta tendencia?
La informalidad laboral es un fenómeno heterogéneo y profundo. No solo implica la falta de contratos, seguridad social o acceso a prestaciones; también representa la precarización de la vida laboral y familiar. Quienes laboran en la informalidad, desde quienes venden en tianguis hasta quienes ofrecen servicios independientes, se enfrentan diariamente a la incertidumbre del ingreso, la falta de protección ante accidentes o enfermedades, y la imposibilidad de acceder a una jubilación digna.
Más allá de las estadísticas, la informalidad es el rostro de un gobierno que no ha sabido generar las condiciones suficientes para la inclusión y la movilidad social. La ausencia de derechos, la carencia de seguros médicos y la exposición constante a riesgos sin respaldo institucional perpetúan un ciclo de desigualdad.
La llegada de Morena al poder generó expectativas de cambio, particularmente en el ámbito social y laboral. Sin embargo, la política aplicada hasta hoy dista mucho de ser una respuesta efectiva al fenómeno de la informalidad, por el contrario, ha agravado la situación económica que viven millones de personas y se ha incrementado alarmantemente el numero de personas en la informalidad. Más allá de los discursos, la realidad es que las acciones implementadas han sido insuficientes y han profundizado el problema.
Por un lado, los programas sociales de transferencias han buscado aliviar la pobreza, pero no han incentivado la generación de empleos formales ni la transición hacia esquemas laborales más seguros. El enfoque asistencialista, aunque atiende necesidades inmediatas, resulta limitado para cambiar el paradigma de la informalidad.
Por otro lado, la ausencia de una reforma laboral profunda y el estancamiento de políticas productivas han dejado a millones de personas trabajadoras fuera de la protección social. El impulso a la economía social y solidaria ha sido tímido y mal articulado, sin una estrategia nacional que promueva la formalización efectiva.
Además, la política fiscal no ha favorecido la integración de las micro y pequeñas empresas al régimen formal, manteniendo barreras y sanciones antes que incentivos. La simplificación administrativa, tan prometida, sigue siendo una deuda pendiente.
Superar la informalidad laboral exige una visión de Estado, sostenida y multidimensional. No basta con paliativos ni con transferencias directas: se requiere un rediseño institucional y una apuesta decidida por la inclusión productiva. Hace falta una visión de estado que incluya una reforma laboral integral, incentivos fiscales y administrativos, fortalecimiento de la educación y capacitación, promoción de la economía social y solidaria, desarrollo regional equilibrado, seguridad social universal y aprobar ya la jornada laboral de 40 horas.
La informalidad laboral en México es más que un problema estadístico; es una fractura social que limita el potencial del país y perpetúa la desigualdad.
Fuente: Heraldo de México
