El proceso legal para recuperar una vivienda invadida puede tomar hasta cuatro años y costar cerca de 20% del valor del inmueble, según expertos.
El despojo de viviendas se ha convertido en un problema que preocupa a quienes poseen una vivienda en la Ciudad de México. Si bien, el delito no es nuevo, en los últimos años ha mostrado un crecimiento y un nivel de impunidad que alarma a los especialistas.
Miguel Saucedo, socio director de Saucedo Abogados, explicó que entre enero y junio del 2025 se iniciaron 1,941 carpetas de investigación por ocupación ilegítima de inmuebles en la capital, con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Tan solo en enero se reportaron 279 casos, cifra que creció mes con mes hasta alcanzar 344 en mayo.
Para el especialista en materia inmobiliaria, la falta de acción oportuna de las autoridades ha permitido que este delito se multiplique: “El despojo en México no es nuevo, pero desafortunadamente en los últimos años ha ido incrementando, porque se han vuelto muy permisivas las autoridades”, afirmó.
El Artículo 395 del Código Penal Federal establece que cualquier persona que se adueñe o utilice un inmueble sin autorización será castigada con una pena de tres meses a cinco años de prisión. Sin embargo, la aplicación de la ley ha sido poco efectiva.
“Las autoridades no actúan en forma diligente frente a una denuncia de este tipo, es un proceso que puede tomar de dos hasta cuatro años para resolverse y, desafortunadamente, un muy buen porcentaje de las personas que denuncian pierden sus inmuebles”, comentó Saucedo en entrevista.
Según estimaciones del despacho, solo 30% de los casos se resuelven favorablemente para los propietarios, el resto enfrenta la pérdida de su patrimonio.
Crimen organizado y debilidad judicial
Lejos de ser un fenómeno aislado o producto de la necesidad, el especialista advirtió que los despojos han sido aprovechados por grupos del crimen organizado, que han encontrado en este delito un negocio rentable.
En cambio, para los propietarios el costo de recuperar su vivienda invadida puede representar entre 15 y 20% del valor total de la misma.
El despacho Saucedo Abogados ha registrado un incremento de 50% en las solicitudes de asesoría por casos de despojo en los últimos cinco años. Parte del problema, aseguró el especialista, radica en la ineficiencia y el desconocimiento en el Poder Judicial, especialmente después de la Reforma Judicial.
“En últimas fechas hemos visto resoluciones absurdas del Poder Judicial, tanto federal como de la Ciudad de México, en la que reconocen la titularidad de individuos que nunca tuvieron la propiedad. Es preocupante, porque son actos en perjuicio del patrimonio de las personas”, declaró.
Endurecer penas no basta
Recientemente, el gobierno capitalino presentó una iniciativa para endurecer las sanciones contra quienes ocupen ilegalmente inmuebles y sancionar a notarios públicos coludidos en estos delitos. La propuesta busca elevar las penas hasta 11 años de prisión y multas superiores a 450,000 pesos cuando el delito sea cometido con agravantes.
Sin embargo, Saucedo subrayó que la solución no está en las reformas, sino en su aplicación efectiva de la ley: “La clave es la voluntad política. Podemos tener normas y leyes totalmente adecuadas para combatir el crimen, pero si no tenemos autoridades que las ejecuten, no sirven.”
“Hoy el gobierno voltea a ver a los notarios y despachos, pero no dentro de las propias instituciones, organizaciones civiles, sindicatos y grupos de delincuencia organizada que también promueven los despojos”, añadió.
Una medida que agrava el problema
A la lentitud judicial se suma la suspensión de los desalojos forzados en la Ciudad de México, lo que impide que la policía participe en la recuperación de inmuebles aun cuando existe una orden judicial a favor del propietario.
“Esta medida se impulsa bajo la protección del derecho a la vivienda, pero darles hogar a las personas es una obligación del Estado, no de los particulares”, enfatizó Saucedo. “Si continúa esta política, los propietarios ya no van a querer rentar sus inmuebles. Es importante también proteger el derecho a la propiedad privada”.
En este contexto, el abogado recomendó a los propietarios tomar medidas de protección, como evitar dejar sus viviendas deshabitadas, mantener sus impuestos prediales al corriente y conservar toda la documentación legal en orden, especialmente la escritura pública.
Fuente: eleconomista
