Cuando se cuestiona cuáles son los límites de la responsabilidad de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, habría que entender que entre más alta es la jerarquía del cargo, más es la necesidad de responder por los actos de sus subalternos en cualquier caso. Por esto los escándalos de corrupción corren en una línea directa entre el beneficiario del evento, y la estructura de poder que lo protege.
En este sentido es que los primeros mandatarios de cualquier país democrático están sujetos al escrutinio no únicamente de ellos y su familiares, sino también de aquellos individuos designados directamente y sobre los cuales ejercen un control inmediato. Un caso de malversación de fondos por parte de un secretario de Gobernación o un oficial mayor de alguna dependencia, tiene un efecto directo en la figura del Presidente.
El caso de Adán Augusto López se sitúa en esa lógica propia de los regímenes del priismo hegemónico, cuando los nuevos monarcas sexenales encarcelaban a uno u otro funcionario del periodo anterior con el objetivo de mandar la señal de ruptura frente al pasado. En la era de la 4T este fenómeno se complica en la medida en que la lealtad hacia el antecesor es incuestionable, pero la exposición mediática de un presunto acto de corrupción golpea al movimiento en su conjunto.
Y es que la legitimidad de la presidencia de Sheinbaum proviene directamente de López Obrador, lo que la imposibilita a provocar una ruptura con él, al mismo tiempo que los presuntos actos de enriquecimiento de Adán Augusto durante el periodo lopezobradorista, vinculan a este personaje de forma directa con el expresidente, compartiendo la responsabilidad por las irregularidades cometidas.
Más allá de los estrechos lazos personales entre ambos, se trata de un gobernador de Tabasco, espacio territorial desde donde AMLO construyó su proyecto de vida, y un secretario de Gobernación que operó buena parte del entramado político que garantizó la continuidad de la 4T en la figura de Claudia Sheinbaum. Por ello es prácticamente imposible sacrificar Adán Augusto, sin dañar seriamente a Andrés Manuel y lo que esto implica para la 4T en su conjunto.
De alguna manera se trata de la diferencia entre el régimen de caudillos como el de Calles y el de instituciones de Cárdenas, que permitió la estabilidad en la transición del poder y el deslinde entre un mandatario y otro. Seguir apostando por la figura del caudillo para mantenerse indefinidamente como la única fuerza real en el país, es un camino peligroso lleno de obstáculos y ambiciones personales que pueden descarrilar el proyecto.
Fuente: eleconomista
