En nuestro país, más de la mitad de la población ocupada trabaja o en la informalidad o sin seguridad social, reflejo de que el trabajo digno sigue siendo una excepción en lugar de una norma.
Hace unos días se conmemoró el Día Mundial por el Trabajo Decente. La fecha no forma parte de los discursos políticos ni mucho menos de la agenda pública, aunque debería, porque de una u otra manera esto tiene impacto en al menos tres de cada cinco personas que participan en el mercado laboral.
En 2008, la Confederación Sindical Internacional (CSI) definió el 7 de octubre de cada año como una fecha para realizar una jornada global de movilización y conciencia sobre la necesidad de que el trabajo digno sea una prioridad para todos los gobiernos y sus políticas económicas y sociales.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el trabajo decente o digno como “la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para todos, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres”.
Si bien la explicación es amplia, se traduce en tener un ingreso justo, seguridad laboral, protección social, estabilidad en el empleo, oportunidades de desarrollo, libertad sindical y promoción de la igualdad de género.
Algunas cifras sirven para poner en perspectiva los desafíos del trabajo decente en México.
La ENOE, que elabora mensualmente el Inegi, tiene un acercamiento a este tema con lo que se denomina la “tasa de condiciones críticas de ocupación”, la cual abarca a 33.5% del mercado laboral en México, según el último reporte. Esto se traduce en 19.9 millones de personas en esta condición. La limitante de esta medición es que considera solamente horas trabajadas y salario.
La realidad es mucho más alarmante y, para muestra, algunos datos puntuales.
Una de las cifras más relevantes a tomar en cuenta para hablar de trabajo decente es la de la informalidad laboral, porque esta forma de empleo no garantiza ni protección legal, ni acceso a la seguridad social, ni estabilidad. Y es el formato más habitual en la actualidad.
En el país, el 54.8% de las personas tienen una ocupación en la economía informal, lo que equivale a 32.6 millones de mujeres y hombres que laboran sin una red de protección legal. De dicho universo, 15 millones son informales trabajando en empresas e instituciones formales.
Una dimensión relacionada con la informalidad tiene que ver con el acceso a instituciones de salud como parte de los beneficios laborales. En este caso, el 59.9% de la población ocupada en México no cuenta con dichos servicios, lo que equivale a 35.6 millones de personas.
En tanto, y pensando en las personas que tienen un empleo subordinado, hay también algunas cifras a considerar. De este universo, el 40.5% trabaja sin un contrato (16.5 millones de personas) y 30.4% no cuenta con prestaciones laborales (12.4 millones de personas).
Las cifras dejan claro que el trabajo decente no debería ser una aspiración, sino una norma mínima de justicia laboral. Sin embargo, los datos muestran que en México sigue siendo un privilegio. La informalidad, la falta de contratos y de acceso a la seguridad social son síntomas de un modelo económico que prioriza el empleo a cualquier costo, incluso a costa de los derechos.
Mientras dos terceras partes de la población ocupada sigan al margen de la protección integral que debiera ofrecer el mercado laboral, el país no podrá hablar de un verdadero progreso social. Garantizar trabajo decente no es sólo cumplir con la OIT, es construir un piso de dignidad desde donde millones de personas puedan sostener su vida y su futuro.
Fuente: el economista
