Fiscalía se disculpa por violar derechos, pero no sanciona a agresores

La Comisión Legislativa de Derechos Humanos informó que la FGE tampoco sigue las recomendaciones.

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El Congreso de Quintana Roo fue enterado de dos casos de violación de tortura y “detención de inocentes” orquestados por la Fiscalía General del Estado (FGE), así lo señalan dos oficios remitidos a la Comisión Legislativa de Derechos Humanos.

Mismos que puntualizan que la FGE no sólo se ha negado a acatar las recomendaciones de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, sino que incluso “premió” a los funcionarios que cometieron tales actos . 

El primero de ellos hace referencia a la recomendación CDHEQROO/09/2019/II, el cual puntualiza que en el 2019 cuatro jóvenes fueron detenidos sin el debido proceso por agentes ministeriales y torturados para obligarlos a confesar un crimen.

“Tras casi tres años de que se comprobó ante las autoridades correspondientes que las víctimas fueron torturadas y violentados sus derechos humanos por cuatro servidores públicos de la Fiscalía, nada se ha hecho para sancionar a los agresores”, señala el oficio.

Incluso presenta la evidencia de que los tres servidores públicos fueron promovidos en la dirección a la que pertenecen, a pesar de que la Fiscalía reconoció que incurrieron en conductas delictivas en contra de tales ciudadanos.

Acusan a la FGE por incumplir recomendaciones 

El segundo oficio, enviado por el titular de la CDHEQROO, Felipe Nieto Bastida, resalta que la FGE incumplió con varios puntos de la recomendación CDHEQROO/03/2022/I, pues se ha negado a sancionar a los agentes ministeriales que detuvieron y mantuvieron en la cárcel a Gabriel G.G., durante más de seis meses, por un delito que no cometió.

En el documento se puntualiza que las autoridades investigadoras no se preocuparon por acreditar que el detenido era la misma persona que había sido denunciada.

A pesar de que quedó evidencia de estos hechos, y se le otorgó una disculpa pública a la víctima, tampoco se instruyó a que se levante un procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los perpetradores.   

Fuente: SIPSE

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