La oposición sostiene que el Gobierno encabezado por Javier Milei ha utilizado la herramienta de los decretos presidenciales para impulsar un importante ajuste de las cuentas públicas, que resultó en la reversión del déficit fiscal que sufrió durante años el país austral.
El Congreso de Argentina aprobó el miércoles una ley que limita el uso de decretos de necesidad y urgencia por parte del Poder Ejecutivo, una medida que complicaría la gestión del presidente Javier Milei, que cuenta con una minoría en ambas cámaras legislativas.
Los diputados aprobaron por 140 votos positivos contra 80 negativos y 17 abstenciones la nueva ley, que ya contaba con el respaldo de la Cámara de Senadores. Milei podría vetar la normativa.
La ley, que el Gobierno considera «desestabilizadora», dispone que los decretos del Poder Ejecutivo deberán ser respaldados, en un plazo de 90 días, por ambas cámaras legislativas. Si no lo logra, el decreto queda derogado.
Además, también quedarían sin efecto con el solo rechazo de una de las dos cámaras, cuando actualmente deben ser rechazados por ambos recintos legislativos.
«Aun cuando tenga atribuciones que la ley le otorga, el Poder Ejecutivo no debe usarlas de manera desmedida e irrazonable porque provoca un gran daño a todo el sistema institucional», dijo el diputado peronista opositor Miguel Ángel Pichetto.
La oposición sostiene que el Gobierno argentino ha utilizado la herramienta de los decretos presidenciales para impulsar un importante ajuste de las cuentas públicas, que resultó en la reversión del déficit fiscal que sufrió durante años el país austral.
Milei, que cuenta con minorías en ambas cámaras del Congreso, enfrenta elecciones de medio término el 26 de octubre, cuando se renuevan un tercio de los senadores y la mitad de los diputados. Si el Gobierno no logra un amplio triunfo, esta ley complicaría la agenda de reformas de Milei para la segunda etapa de su gestión.
«La oposición busca desestabilizar al Gobierno y generar inseguridad jurídica a través de este proyecto de ley, que es inconstitucional», dijo el diputado oficialista Nicolás Mayoraz.
Fuente: eleconomista
