Los partidos son un mal inherente a los gobiernos libres.
Charles Alexis de Tocqueville
Cuando una parte importante de la sociedad confiaba en los partidos políticos agrupados en la denominada alianza “Va por México”, que parecía hacer suyo el descontento derivado de acciones y ocurrencias del actual gobierno, particularmente los intentos por dinamitar nuestra democracia, surgió la ambición de los jerarcas del PRI, PAN y PRD por participar, con Morena, en acciones propias de la partidocracia, al pretender usurpar la soberanía efectiva en perjuicio de la ciudadanía.
Distraídos en una descarnada lucha del poder por el poder, es el momento en que no se conocen propuestas de partido alguno de cómo queremos ser en el mediano ni en el largo plazos, excepto las que se plantean en el foro “Unidad y Gobierno de Coalición”. PRI, PAN y PRD vieron con gran entusiasmo las marchas y concentraciones ciudadanas en defensa del INE y en contra de los riesgos que corre la organización de las elecciones y la democracia mexicana. Es obvio que les conviene y halaga la defensa ciudadana del INE cuando se trata de limitar al oficialismo y detener sus aspiraciones para hacerse de todo el poder público. Pero para restringir a la autoridad judicial electoral y así actuar libremente y en opacidad al interior de sus partidos, no dudaron en sumarse a ese oficialismo. Tristemente la alianza “Va por México” junto a los partidos oficialistas, en lo oscurito, pretendieron revivir y consumar parte de las reformas del Plan B, con una iniciativa para modificar los artículos 41, 73, 99 y 105 constitucionales, y pretendieron su aprobación sin realizar ningún tipo de consulta.
El objeto de esa iniciativa es reducir el ámbito de competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para cancelar diversas facultades como las de decidir y proponer acciones afirmativas a favor de las minorías así como la eliminación de los avances en los derechos políticos a favor de las mujeres, derechos que han propiciado su participación en cada vez más posiciones políticas, tanto como candidatas, así como en los cargos de las dirigencias de sus institutos políticos. Así mismo, poner en riesgo la representación proporcional.
Buscan que el TEPJF carezca de facultades para modificar resoluciones de la Junta de Coordinación Política y limitar las facultades del INE relacionadas con decisiones que afecten la vida interna de los partidos políticos.
Las alianzas “Va por México” y “Juntos Haremos Historia” suman sus objetivos para blindar a sus partidos políticos de tal suerte que, en ejercicio de su autodeterminación y auto organización, demos un paso hacia atrás en el desarrollo de nuestra cada vez más frágil democracia.
Evidentemente esas reformas atienden principalmente intereses de los dirigentes de Morena y del PRI, quienes aspiran a que el TEPJF sea incompetente para determinar, en particular, sobre la legalidad y procedencia de los resolutivos de sus respectivos partidos mediante los que se avalaron la ampliación de los mandatos de sus dirigencias. Los intereses personales de los jerarcas del PRI y de Morena tienen más peso para esos partidos que los intereses de sus militantes y de los ciudadanos.
Sólo el partido Movimiento Ciudadano, honrando su palabra, se abstuvo de participar en el proyecto que se comenta. El PAN, cuyo jerarca promoviera inicialmente la cuestionable iniciativa, una vez descubierta optó por deslindarse.
La confianza ciudadana a los partidos PRI, PAN y PRD, supuestamente opositores, ha sido lastimada al ser descubierta su intención de rescatar algunos elementos del Plan B. Sin recato alguno legisladores integrantes de los partidos mencionados no sólo han puesto en riesgo el pacto de rechazar las reformas constitucionales que propusiera el mandatario o legisladores de los partidos oficialistas en lo que resta de la actual legislatura, también han propiciado una pérdida de credibilidad en su papel opositor para las elecciones de 2024.
Una vez sorprendidos con las manos en la masa, los dirigentes del PRI y del PAN salieron a declarar a los medios, el primero para dorar la píldora y el segundo para retirar a su partido de esa sucia jugada que iniciara su líder. Legisladoras de Morena ya se oponen a esa propuesta.
Esas acciones de los partidos políticos nos recuerdan que los ciudadanos sólo somos sus instrumentos para votar por los candidatos que sus jerarcas postulan en los procesos electorales y para que financiemos, con los impuestos que pagamos, dietas y salarios de funcionarios de elección popular y las prerrogativas de sus institutos políticos. Este año derrocharemos más de 6 mil 200 millones de pesos en su financiamiento. Una vez pasado cada proceso electoral, se olvidan de la ciudadanía. Se trata de patrocinar una competencia del poder por el poder.
Eso es posible porque nuestra cultura cívico democrática, que forma parte de la cultura de la paz, es de muy bajo nivel. Cuando se acude a votar, la mayor parte de las veces se hace sin pensar, sin reflexionar ni analizar trayectorias ni propuestas de candidatos. Prácticamente se decide el voto, en su caso, hasta que se tiene la boleta en la mano, muchas veces movido por una fuerza emocional que ignora argumentos. Últimamente, también bajo la influencia de las dádivas gubernamentales y la advertencia de perderlas si no se vota por el partido oficialista, así como por amenazas de la delincuencia organizada.
La apatía de la gran mayoría de la ciudadanía tiene su más nociva expresión en el abstencionismo.
De prosperar la mencionada iniciativa, quienes saldríamos perdiendo somos los ciudadanos, prevaleciendo los intereses de los partidos políticos, legisladores y gobierno por encima de la sociedad. Olvidan los diputados que no somos sus subordinados, que ellos son nuestros empleados.
Nuestra democracia es frágil y su principal protección la tiene en la Constitución y en las clases medias.
Si nuestra pretensión es que todos vivamos mejor en un ambiente de solidaridad, respeto, concordia y de dialogo, debemos sacudirnos la apatía por los asuntos de la democracia y apostar a la generación de una verdadera cultura de avenencia en la sociedad e involucrarla en la cultura de la paz.
*El autor es abogado y mediador profesional.
