Fortalecer a estas instituciones y exigir su actuación inmediata y oportuna es un deber y compromiso que el Estado debe asumir con la niñez y adolescencia, con su seguridad, su dignidad y su derecho a vivir libres de violencia.
¿Sabías que en México existen instituciones especializadas en cuidar y defender los derechos de todas las niñas, niños y adolescentes? Se trata de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, instituciones creadas por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para garantizar que ningún niño o niña quede sin protección ni acompañamiento antes la vulneración de sus derechos.
Las Procuradurías de Protección tienen diversas facultades, entre las que pueden destacarse: garantizar la protección efectiva y restitución de los derechos de la niñez, detectar situaciones en las que puedan estar en riesgo su bienestar, dar asesoría legal y psicológica cuando se encuentran ante una afectación de sus derechos y fortalecer el cumplimiento de la ley y los derechos de la niñez en coordinación con otras autoridades.
Bajo ese contexto, cobran relevancia las reformas legislativas publicadas el pasado 30 de septiembre en el Periódico Oficial del Estado de México, mediante las cuales se modificaron disposiciones del Código Penal, el Código Administrativo, la Ley de Víctimas y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, todas del Estado de México.
Dichas reformas tienen por objeto fortalecer el marco jurídico local para la protección frente a la violencia sexual contra la niñez y adolescencia, reforzando las obligaciones específicas de las autoridades para garantizar una respuesta inmediata y efectiva cuando se identifiquen casos en los que niñas, niños o adolescentes han sido víctimas.
Entre las modificaciones más relevantes se establece la obligación de las autoridades educativas y del sector salud de dar aviso inmediato a las Procuradurías de Protección cuando se detecte que una niña, niño y adolescente es víctima de violencia sexual. Este cambio es crucial, pues garantiza que las Procuradurías de Protección, actúen de manera inmediata para su protección integral, disminuyendo la posibilidad de que sean revictimizados o estén expuestos a más formas de violencia.
La importancia de esta reforma se refuerza con los datos; de acuerdo con el INEGI 2024, la cifra oculta de delitos sexuales alcanza el 95%. Sin embargo, en el caso de niñas, niños y adolescentes, una parte significativa de los casos se detecta desde el sector salud o el educativo. Según datos de la Secretaría de Salud, entre 2019 y 2023, 9,822 niñas, niños y adolescentes requirieron atención médica por violencia sexual, lo que significa que cada día 27 niñas y niños llegan a una unidad de salud por esta causa.
Estos números muestran la urgencia de contar con mecanismos de respuesta inmediata y articulada. El sector salud, al tener contacto directo con la niñez cuando se presentan daños físicos, puede detectar señales de violencia sexual. Por su parte, el sector educativo, al ser un espacio cotidiano de convivencia y confianza, también puede identificar signos de alerta. En cualquiera de los casos es necesario que el Estado establezca protocolos y leyes que de manera clara señalen como obligación de estas autoridades activar mecanismos para proteger y denunciar.
De ahí deriva la importancia de esta reforma, pues determina que no basta con denunciar ante el Ministerio Público, es necesario dar aviso inmediato a las Procuradurías de Protección, para accionar una protección reforzada que garantice una intervención con enfoque en el interés superior de la niñez.
Deben seguirse fortaleciendo a las Procuradurías de Protección, en su papel de “las abogadas de la niñez”, promoviendo la inmediatez de su intervención que tiene como propósito que se adopten las medidas necesarias para asegurar el respeto, protección y restitución integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas.
Finalmente, vale recordar que aunque la violencia sexual es una de las vulneraciones más graves a los derechos humanos de la niñez, las Procuradurías de Protección están facultadas para intervenir en cualquier caso de vulneración de derechos, ya sea por violencia física, abandono, maltrato o cualquier otra forma de violencia.
Fortalecer a estas instituciones y exigir su actuación inmediata y oportuna es un deber y compromiso que el Estado debe asumir con la niñez y adolescencia, con su seguridad, su dignidad y su derecho a vivir libres de violencia.
Fuente: Heraldo de México
