Aprovechaba el tiempo sin testigos que tenía desde que recogía a sus hijas del colegio y su madre -de la que estaba separado- iba a buscarlas. En esas horas, a la mayor de ellas -de 10 años- la sometía a diario a tocamientos y prácticas sexuales contra su voluntad. Él la amenazaba con una correa y ella, por «miedo», no lo contaba. Hasta que un día empezó a realizar hechos similares a su hermana dos años más pequeña y rompió su silencio. La Audiencia Provincial de Burgos le ha condenado a 21 años y medio de prisión.
Los hecho se remontan a 2020. De lunes a viernes, el condenado llevaba a las menores a la casa en la que vivía, que pertenecía a sus padres pero no estaban por las tardes porque trabajaban. Una estancia para hacer los deberes y pasar el rato pero cuando la mayor rozaba la adolescencia «con ánimo libidinoso» comenzó a «vulnerar su indemnidad sexual».
Casi a diario, realizaba a su hija tocamientos ante la oposición de la menor, a la que «pegaba sino hacía lo que le pedía y la amenazaba». Le obligó a prácticas sexuales -algunas con acceso carnal- durante las cuales la humillaba y la obligaba a ver películas porno junto con su hermana menor -presente también en las agresiones-, y le decía que «eso era lo que la iba a hacer a ella».
«La menor ha tardado tanto tiempo en delatar estos hechos a su tutora y a su madre por miedo, pero una vez que vio que su padre comenzaba a realizar hechos similares a su hermana menor, se lo relató», recoge la sentencia. Ello ocurrió cuando la pequeña se acercaba a la edad a la que comenzaron los abusos sobre ella.
De repente empezó también a tocarle a ella, a ponerse encima suyo, quitarle la ropa… La mayor, ya de 12 años, acudía a defenderla, pegando o quitando a su padre, y finalmente se lo contó a su madre, que denunció los hechos que había sufrido durante dos años.
El fallo considera al progenitor autor de dos delitos continuados de agresión sexual a menores de 16 años y le condena a la pena de 13 años y 6 meses de prisión por los actos cometidos sobre su hija mayor y a otros ocho por aquellos a los que sometió a la pequeña. Dada su situación irregular señala la Audiencia que procede el cumplimiento efectivo de 3 años por cada delito, en total 6, y la posterior expulsión del territorio español, con prohibición de entrada en el mismo en dos décadas.
Asimismo, la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos concluye que no podrá comunicarse ni aproximarse en quince años a sus hijas, de las que pierde la patria potestad y deberá de indemnizarlas en 3.000 euros a cada una por daños morales, debiendo pagar 150 euros al mes.
