La salida anticipada del fiscal de Michoacán, Adrián López Solís, no es un relevo por desgaste institucional ni una muestra de autocrítica. Es un acuerdo entre cúpulas políticas que, lejos de servir a la justicia, han convertido a la Fiscalía General del Estado en una oficina de favores y castigos, según las necesidades del poder en turno.
López Solís fue designado fiscal en 2019 por un periodo de nueve años. Se va en agosto, en medio de cifras escandalosas de violencia, sin haber contenido la operación de grupos criminales, ni resuelto las violaciones más graves de su gestión. A su paso por la fiscalía lo persiguen acusaciones de fondo: uso político del Ministerio Público, criminalización de la protesta social, represión contra normalistas, maestros, indígenas y comuneros. Organizaciones como el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo han exigido juicio político en su contra, al denunciar una sistematización de encarcelamientos arbitrarios y persecución.
Pero en vez de rendir cuentas, López Solís será premiado.
El gobierno de Michoacán, encabezado por el morenista Alfredo Ramírez Bedolla, publicó en el Periódico Oficial del Estado la entrega de la notaría pública número 178 al aún fiscal. Está ubicada en Quiroga, con jurisdicción en todo el Distrito Judicial de Pátzcuaro. Como si no bastara, también se otorgó una notaría a su exesposa, la abogada Teresa Ruiz Valencia, beneficiada con la número 194, con sede en Zitácuaro. Y para completar el cuadro, Nicolás Maldonado Millán —coordinador de Fiscalías Regionales y hombre de confianza de López Solís— recibió la notaría número 6 en Uruapan.
Tres notarías, una renuncia y cero consecuencias. Un cierre que huele más a blindaje e impunidad que a transición institucional.
Y lo más grave es que nada de esto ocurre en el vacío. López Solís es un político de la vieja escuela: exdiputado del PRD, secretario de Gobierno de Silvano Aureoles y su coordinador de campaña. Aunque era visto como operador del ex gobernador, supo construir puentes con el morenista Ramírez Bedolla, quien —ya en el poder— no sólo lo mantuvo en el cargo, sino que lo convirtió en pieza clave de la persecución penal contra su antecesor. Fue López Solís quien integró las 15 denuncias por peculado y lavado de dinero contra Silvano, por el escándalo de los cuarteles de la Guardia Civil construidos con sobrecostos millonarios. Tres exfuncionarios de ese sexenio están hoy detenidos por ese caso.
Adrián López jugó para ambos lados: sirvió a Aureoles y a Ramírez Bedolla. Fue, según el momento, adversario o aliado. Y por su capacidad de sobrevivir y operar en medio del fuego cruzado, hoy se le recompensa con una notaría.
Lo que queda claro es que la Fiscalía de Michoacán nunca fue autónoma, como varias. Fue botín. Y con la salida de López Solís y el reparto de notarías a modo, no se cierra una etapa de justicia… se hereda un legado de complicidades.
Nos vemos a las 8 por el 8
POR SOFÍA GARCÍA
