Si ves los toros desde la barrera no corres el riesgo de que te embistan, pero si entras al ruedo y no sabes torear, lo más seguro es que te revuelquen.
Combatir el delito de manera frontal tiene sus riesgos y uno de ellos es que los grupos delictivos destruyan la reputación de la corporación que los persigue, es decir que alguno de sus líderes busquen corromper a sus efectivos, primero por la vía del dinero y si no funciona por medio de las amenazas e incluso los asesinatos.
Aunque no es una regla general, es a lo que se exponen las instituciones que asumen funciones de combate al delito, con mayor razón si no están preparadas para ello, como sucedió con la Secretaría de Marina al asumir la seguridad de las aduanas, pero un capricho la colocó en esa posición.
Dicho de otra manera, si ves los toros desde la barrera no corres el riesgo de que te embistan, pero si entras al ruedo y no sabes torear, lo más seguro es que te revuelquen.
Hasta ahora el costo y el desgaste solo habían sido pagados por las policías preventivas y de investigación, particularmente la extinta Policía Federal, que fue señalada de estar podrida hasta desaparecerla, sin pensar que de ahí salieron los mejores cuadros directivos que hoy están al frente de las áreas de seguridad pública y nacional del país.
Por cuanto al papel de las fuerzas armadas en el combate al delito, no es lo mismo ir en apoyo a las policías (municipales, estatales e incluso las federales) de carácter civil que asumir todas las atribuciones y responsabilidades legales que ello implica, como en el caso de las Aduanas con la Marina, que hoy en día tiene al Gabinete de seguridad, incluida la Fiscalía General de la República, en una crisis de la cual no ha podido salir.
No debe olvidarse que la Policía Federal Preventiva primero y después la Policía Federal fueron creadas para asumir las funciones de prevención, combate frontal e investigación del delito y de paso evitar que las fuerzas armadas sufrieran ese tipo de desgaste y desprestigio al no estar preparadas para este tipo de labores sino a la defensa del territorio nacional y de la patria, pero hubo quien no lo entendió así y la desapareció, y las consecuencias hoy están a la vista.
Por si lo anterior no fuera suficiente, el otorgar doble sueldo a los oficiales y jefes de las fuerzas armadas que son comisionados a labores de seguridad pública en municipios, estados e incluso otras instancias federales, terminó abriendo grietas que facilitaron que por ahí se colara el denominado “huachicol fiscal” como aconteció en los hechos en los puertos de Tampico y de Altamira, Tamaulipas.
Pese a ser un acto fuera de la legalidad e ir en contra de la ética profesional que tanto se ha pregonado en los últimos casi 7 años, la asignación de un salario adicional para el personal de fuerzas armadas que es comisionado, es una práctica que desde al menos 1994 se viene realizando sin que nadie diga nada, pese que con esta especie de bono algunos servidores públicos rebasan con mucho el sueldo del presidente de la República.
Conste que no lo digo yo, sino que así ha quedado registrado en las declaraciones del testigo protegido que la Fiscalía General de la República ha utilizado para detener a 5 servidores públicos de la Secretaría de Marina en activo, relacionados con el buque asegurado en marzo de 2025 con combustible ilegal en el puerto de Tampico.
El beneficio económico adicional fue determinante para el acomodo o recomendación de personal de la Marina en las diversas aduanas del país, lo que finalmente desencadenó en algunos actos de corrupción en sus estructuras, por más que la traten de deslindarla con dichos como “el actuar aislado de unos cuantos no representa a una institución” por parte del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y “Unos cuantos no representan a toda la Marina”, por parte del secretario de Marina.
De lo único que no queda duda es que una mancha se nota más en un uniforme blanco que en uno azul, gris e incluso verde.
Posdata. Los sucesos antes referidos me recordaron aquel 27 de enero del 2022, cuando un grupo de marinos al mando del licenciado en derecho habilitado como teniente de corbeta Mario Alberto Hernández Delgado, hizo gala de pureza y prepotencia para trasladarme al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México violentando todos mis derechos e incluso me tomó una fotografía dentro del avión de la PGR para entregarla a Milenio TV, como si fuera el más peligroso delincuente, cuando que de lo que se me acusaba era de un delito de omisión por el fallido operativo “Rápido y Furioso”, mismo que nunca existió pero fue fabricado para tratar de enterrar a la Policía Federal, pero hoy me doy cuenta que ninguna institución está a salvo de haberse podrido, hasta los más blancos y puros traen una mancha en el uniforme.
Fuente: Heraldo de México
