La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) ha denunciado este jueves la falta de medios de la Fiscalía para afrontar los cambios que introduce la Ley Orgánica 1/2025, en materia de eficiencia del Servicio Público de la Justicia, y alertan de que tendrá «un importante impacto en el Ministerio Fiscal». El texto, que entra en vigor el 3 de octubre, atribuye a las secciones de violencia de género la capacidad de instruir otros delitos contra la libertad sexual de las mujeres, haya vínculo afectivo o no.
«Este panorama se convierte en desolador ya que ni el Gobierno se ha preocupado de asignar una dotación presupuestaria ni de dotar de medios a las fiscalías para atender dichos trabajos, ni por la Fiscalía General del Estado se ha emitido instrucciones o directrices para reorganizar los servicios en las secciones de violencia sobre la mujer de las fiscalías territoriales en previsión de la enorme carga de trabajo que se les viene encima», explica APIF en una nota informativa enviada a los medios de comunicación.
Estos fiscales protestan en la misma línea que ya lo hicieron 135 jueces en un comunicado similar, el pasado lunes, en el que alertaron de que la modificación legislativa del Gobierno y el aumento competencial de los juzgados iba a incrementar en un 20 por ciento la carga de trabajo de unos tribunales ya saturados por sí solos. La modificación atribuye a las secciones de violencia de género la instrucción de los procesos por los delitos contra la libertad sexual, de mutilación genital femenina, matrimonio forzado, acoso con connotación sexual y la trata con fines de explotación sexual cuando la persona ofendida por el delito sea mujer.
Al comunicado y reclamaciones de los jueces, la APIF quiso añadir que necesitan más medios necesarios para que el Ministerio Fiscal «atienda debidamente este servicio público esencial, que es la protección de las mujeres victimas de estos delitos» y reclaman una respuesta de la Fiscalía General. «Los órganos judiciales tendrán que realizar a ciegas un ingente esfuerzo organizativo de adaptación al nuevo sistema», critican los fiscales en su carta, y añaden que la Fiscalía General del Estado «parece olvidar la urgencia de contar con directrices claras y sólidas ante un cambio» como este.
Ayer, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, explicó en un desayuno de Ep que el Gobierno trabaja en un decreto para ampliar el número de jueces especializados y esgrimió que se plantea una ‘vacatio legis’ de nueve meses para que los juzgados especializados «se puedan ir adaptando».
Sin embargo, los fiscales han insistido este jueves en lo contrario: «No habrá un aumento en el número de jueces, sino que se traspasan de unos órganos a otros, obviando que la complejidad y magnitud de la reforma requerirá un importante aumento en el número de jueces».
