Una ley que debía dar certeza y justicia arrancó manchada de simulación. Madres Buscadoras de Quintana Roo desmienten al Congreso estatal.
En Quintana Roo aprobaron la nueva Ley de Ausencia para Personas Desaparecidas y desde la tribuna presumieron que fue producto del diálogo con las familias. El diputado morenista y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUGOCOPO), Jorge Sanén Cervantes, incluso agradeció la lucha de las Madres Buscadoras.
La realidad fue otra: el Colectivo Femenil Xtabay denunció que el Congreso mintió al asegurar que las “Madres Buscadoras de Quintana Roo A.C.” participaron en el proceso. Ellas nunca fueron convocadas ni escuchadas; su nombre fue usado para legitimar una decisión tomada a puerta cerrada. Así, una ley que debía dar certeza y justicia arrancó manchada de simulación.
Muy distinto a lo que ocurrió en la Secretaría de Gobernación, donde con Rosa Icela Rodríguez convocó y se reunió con las víctimas y colectivos quienes fueron clave en la elaboración de la Reforma de la Ley General en materia de desapariciones, en contraste en Quintana Roo decidieron legislar sin ellas y presumir un diálogo que nunca existió.
Eso se llama engaño.
Y por cierto, también desde Quintana Roo se dice que el Auditor Superior del Estado, Miguel Zogby Cheluja Martínez, está más ocupado en garantizar el incremento al presupuesto del organismo a su cargo que en la rendición de cuentas. Para 2026 solicitó al Congreso un presupuesto de 256 millones de pesos, es decir, 27 millones más que lo aprobado este año. El problema no es sólo el aumento, lo que pasa es que en 2025 la Auditoría estatal ya había recibido una ampliación de 3.8 millones destinada principalmente a gastos de representación, convenciones y eventos que se multiplicaron 28 veces respecto de lo presupuestado originalmente.
El Congreso estatal autorizó 228 millones de pesos para este año, pero en la práctica Zogby terminará gastando 232 millones al concluir 2025. Además del incremento, busca crear una Secretaría Privada que le dé seguimiento a su agenda y acuerdos. El cargo tendría un sueldo mensual de 80 mil 789 pesos, cifra superior a la de los auditores especiales, quienes son nombrados directamente por el Congreso y tienen responsabilidades operativas cruciales.
Lo que me aseguran desde el Congreso es que no hay avances sólidos en las auditorías municipales observadas por la ASF. Zogby insiste en que no hay señalamientos directos contra los titulares, que sólo “están en proceso de aclaración”. Sin embargo, la opacidad se mantiene y la Auditoría se consolida como un órgano que gasta más en convenciones que en fiscalizar.
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EN CORTO.- En Mérida, Jorge Mendoza, hijo del exdirector de Salud, Jorge Eduardo Mendoza Mézquita, en el gobierno de Rolando Zapata, volvió a generar polémica. En un video difundido en redes sociales lanzó amenazas contra cualquiera que se estacione en su domicilio, en la zona Campestre, y advirtió que saldrá “con pistola” a disparar.
Fuente: Heraldo de México /SOFÍA GARCÍA
