El pasado 17 de julio entraron en vigor los cambios, que obligan a los brókers a tener un mayor cumplimiento para evitar operaciones con recursos de procedencia ilícita
A partir del pasado 17 de julio, cuando entraron en vigor los cambios a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (conocida como Ley Antilavado), los asesores inmobiliarios deben de tener en cuenta sus nuevas obligaciones normativas para ser coadyuvantes en el combate y prevención del lavado de dinero en México.
De acuerdo con especialistas, este tema es de relevancia en la actualidad, pues cualquier incumplimiento detectado puede generar multas millonarias, además de que, a nivel país, México está en un proceso de evaluación por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y debe de demostrar un alto nivel de cumplimiento de las 40 recomendaciones del organismo, que buscan prevenir y combatir el blanqueo de capitales.
“Los brókers ahora comparten responsabilidad con notarios y deberán conocer a fondo a sus clientes, crear expedientes y notificar cualquier indicio de operación sospechosa o irregularidad”, comentó Jorge Rodríguez, gerente de Desarrollo de Negocios de la plataforma Regcheq México.
Durante el webinar El Impacto de la Nueva Ley Antilavado en el Sector Inmobiliario este 2025, Rodríguez destacó que los asesores inmobiliarios tienen la obligación de ser el primer filtro de la prevención antilavado, por medio de la identificación directa del cliente y la validación documental.
Asimismo, deben de detectar el beneficiario controlador de la operación y aplicar una evaluación formal de riesgo; elaborar manuales internos y conservar el expediente con la información del cliente por al menos 10 años.
“A estas alturas, los asesores ya están obligados a aplicar los principios de la ley: conocer a su cliente, identificar beneficiarios controladores y reportar operaciones sospechosas”, destacó Rodríguez.
Además, los asesores que estén dados de alta ante el Servicio de Administración Tributaria(SAT), deben elaborar un reporte de operaciones sospechosas y enviarlo a la autoridad cuando detecten un patrón inusual.
La Ley Antilavado fue promulgada en el 2012 con el fin de prevenir que bienes o recursos de origen ilícito ingresen al sistema financiero o se utilicen en la economía formal. En este escenario, son 17 las actividades que, por su naturaleza, pueden ser utilizadas para ocultar o integrar los recursos ilícitos, como la compraventa y arrendamiento de bienes inmuebles.
Sanciones onerosas
De acuerdo con Rodríguez, con los cambios a la normativa, el sector de actividades vulnerables eleva su nivel de obligaciones casi a la par que el sistema financiero, por lo que las multas por no cumplir pueden ser onerosas para los asesores inmobiliarios.
Por ejemplo, según el especialista, las multas van de los 20,000 hasta 1.1 millones de pesos, según la gravedad de la infracción. En este contexto, el especialista indicó que dichas sanciones se pueden dar por:
- No presentar los avisos ante el SAT o la Unidad de Inteligencia Financiera.
- Entregar información fuera de plazo o incompleta.
- No identificar correctamente al cliente o al beneficiario controlador.
- No conservar los expedientes de la información durante los 10 años.
“Tal vez es más caro no cumplir”, advirtió Jorge Rodríguez, al referirse a los casos de inmobiliarias que han sido sancionadas por omitir reportes o no acreditar la correcta identificación de sus clientes.
Periodo de adaptación
De acuerdo con Rodríguez, si bien la normativa ya entró en vigor, todavía falta la publicación de las Reglas de Carácter General, las cuales podrían publicarse antes de julio del 2026, donde se delinearán los procedimientos que deberán seguir los agentes para el cumplimiento.
“El momento de prepararse es ahora, porque las reglas generales saldrán en los próximos meses y cuando eso ocurra, la autoridad podrá empezar a revisar con todo”, resaltó Santiago Morales, director general de MoradaUno.
Los especialistas coincidieron en que, si bien habrá una carga normativa importante, todo esto es con la finalidad de que tanto autoridades como empresas del sector privado puedan mitigar el riesgo de lavado de dinero en sus operaciones, por lo que los asesores inmobiliarios deben de prepararse para el tema del cumplimiento.
“La nueva Ley Antilavado ya es una obligación, pero no es para volvernos locos: su implementación es factible y marcará la nueva forma de operar en el sector inmobiliario”, acotó Morales.
Fuente: eleconomista
