Ya se le ha acusado de clientelismo, de repartir despensas a cambio de votos en plena campaña y de opacidad en el manejo de recursos
La indignación en San Antonio de la Cal, Oaxaca, ha provocado que la población pida la revocación del presidente municipal Porfirio Santos Matías, quien sin ningún pudor invita a los jóvenes a consumir bebidas alcohólicas.
Son los habitantes quienes lo han denunciado y levantado la voz para recordarle que un servidor público que comete un delito contra la infancia y la adolescencia ya no tiene calidad moral, política ni social para continuar en el cargo.
Tras darse a conocer un video en redes sociales que muestra estas prácticas, Santos Matías parece ignorar que lo que hacía con esos jóvenes menores de edad constituye un delito.
El Código Penal Federal castiga con cárcel a quien suministre alcohol a menores, y el Código Penal de Oaxaca también lo tipifica como delito. Es corrupción de menores, un acto que atenta contra la salud y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.
A pesar de que las imágenes se viralizaron, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, encabezada por José Bernardo Rodríguez Alamilla, no se ha pronunciado ni mucho menos ha iniciado una investigación. Frente a las denuncias de la población, no hay acción alguna, en un caso que merecería reacción inmediata. Una vez más, la justicia estatal se distingue por su tardanza y omisión.
En San Antonio de la Cal no olvidan que no es la primera vez que Santos Matías está en el ojo del huracán: ya se le ha acusado de clientelismo, de repartir despensas a cambio de votos en plena campaña, de opacidad en el manejo de recursos y de reprimir a sus adversarios.
La voz del pueblo ya se alzó. Lo que falta es que la justicia hable y actúe.
Estamos hablando de que San Antonio de la Cal no es un municipio periférico, sino una extensión inmediata de la capital oaxaqueña. Apenas diez minutos separan su cabecera municipal del centro de Oaxaca de Juárez, y en muchos tramos la división es imperceptible: calles, comercios y viviendas se entrelazan hasta borrar la frontera, convirtiéndolo en parte viva de la zona metropolitana y en un termómetro claro de los problemas que también golpean a la ciudad.
A falta de autoridad local, los pobladores han advertido que llevarán sus reclamos directamente al Palacio de Gobierno estatal.
El edil insiste en prolongar su poder, aunque el pueblo ya empezó a cerrarle la puerta. El ejemplo fue la asamblea de este fin de semana, rota por el hartazgo social.
Y es que el enojo va más allá del video con los jóvenes: los habitantes lo responsabilizan de un boquete de 80 millones de pesos en las arcas municipales, dinero que habría triangulado con empresas fantasma.
Fuente: Heraldo de México
