El territorio de Tecoltemi ha dejado de ser parte de una concesi\u00f3n minera. Siete a\u00f1os despu\u00e9s de que esta comunidad rural del Estado de Puebla iniciara la batalla judicial, la Suprema Corte de Justicia de M\u00e9xico le ha dado la raz\u00f3n este mi\u00e9rcoles al invalidar las autorizaciones que dio el Gobierno sin antes realizar una consulta ind\u00edgena. Es la primera vez que el m\u00e1ximo tribunal tumba una concesi\u00f3n bajo ese argumento, de acuerdo a los abogados consultados, lo que abre la puerta a la cancelaci\u00f3n de otros permisos. Sin embargo, los ministros han rechazado declarar inconstitucionales cuatro art\u00edculos de la Ley Minera, como reclamaba el ejido.<\/p>\n\n\n\n
La Primera Sala de la Suprema Corte ha dejado \u201cinsubsistentes\u201d las concesiones mineras a la canadiense Almaden Minerals, en l\u00ednea con lo que propon\u00eda el proyecto de sentencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. El tribunal confirma que el Gobierno deber\u00eda haber realizado una consulta previa en Tecoltemi al tratarse de una comunidad ind\u00edgena<\/a>, como mandata la Constituci\u00f3n y el Convenio 169 de la Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo firmado por M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n El Gobierno otorg\u00f3 dos concesiones en 2003 y 2009, que juntas sumaban 14.229 hect\u00e1reas, sin preguntar a las comunidades afectadas. Tecoltemi, con apenas 300 habitantes, se enter\u00f3 en 2015 despu\u00e9s de presentar una solicitud de informaci\u00f3n. El proyecto de Almaden Minerals consist\u00eda en abrir una mina de cielo abierto para extraer oro y plata. Empujado por el miedo a quedarse sin agua para los campos de cultivo, el pueblo present\u00f3 un amparo que a lo largo de casi siete a\u00f1os ha ido escalando instancias judiciales hasta llegar al m\u00e1ximo tribunal.<\/p>\n\n\n\n En su defensa, la Direcci\u00f3n General de Minas, dependiente de la Secretar\u00eda de Econom\u00eda, y la empresa minera hab\u00edan argumentado que la consulta solo se deb\u00eda realizar una vez conocido el programa de explotaci\u00f3n, no antes de la expedici\u00f3n de t\u00edtulos. En el proyecto de sentencia apoyado por la Primera Sala se rechazaban estos argumentos. \u201cAun cuando se\u00f1alen es hasta que se materializa la afectaci\u00f3n que surge la obligaci\u00f3n de la consulta ind\u00edgena, esto es contrario a las propias normas y precedentes internacionales\u201d, rezaba el proyecto.<\/p>\n\n\n\n La decisi\u00f3n no cierra totalmente la puerta a que los permisos se puedan volver a otorgar. El proyecto de sentencia ordenaba a la Secretar\u00eda de Econom\u00eda \u201cemitirlos nuevamente considerando que (…) existe la obligaci\u00f3n convencional para todas las autoridades mexicanas de llevar a cabo los mecanismos o procedimientos necesarios que hagan efectivo el derecho a la consulta previa, libre e informada\u201d.<\/p>\n\n\n\n Almaden Minerals ha afirmado este jueves en un comunicado que revisar\u00e1 la sentencia -que todav\u00eda no es p\u00fablica- \u201cpara entender completamente el impacto de la decisi\u00f3n antes de decidir los pr\u00f3ximos pasos\u201d. La empresa, con sede en Vancouver, ha invertido unos 40 millones de d\u00f3lares en trabajos de prospecci\u00f3n y exploraci\u00f3n durante los \u00faltimos 20 a\u00f1os y buscaba empezar a extraer los minerales.<\/p>\n\n\n\n Por otro lado, los ministros dejan intacta la Ley Minera, vigente desde 1992. Tecoltemi hab\u00eda reclamado la inconstitucionalidad de cuatro art\u00edculos, entre ellos, el que establece que esta actividad es \u201cpreferente sobre cualquier otro uso del terreno\u201d, por considerar que abr\u00eda la puerta a violaciones de los derechos de los pueblos ind\u00edgenas. Antes de la decisi\u00f3n, Itzel Silva, una de las abogadas de la comunidad, de la ONG Fundar, se\u00f1alaba que el m\u00e1ximo tribunal estaba ante una oportunidad hist\u00f3rica. \u201cLo que hace la ley a trav\u00e9s de estos art\u00edculos es posibilitar la entrega de los territorios a las empresas. Es el origen de las violaciones\u201d, defend\u00eda.<\/p>\n\n\n\n En el proyecto, en cambio, Pardo Rebolledo rechazaba la inconstitucionalidad de la ley. El ministro afirmaba que la Constituci\u00f3n reconoce \u201cla potestad exclusiva de la Federaci\u00f3n para aplicar las modalidades que resulten necesarias para el aprovechamiento de los recursos minerales\u201d y que los derechos de los pueblos ind\u00edgenas \u201cest\u00e1n sujetos a ciertos l\u00edmites y restricciones\u201d.<\/p>\n\n\n\n En cualquier caso, la decisi\u00f3n de la Suprema Corte sienta un precedente. El m\u00e1ximo tribunal ya hab\u00eda confirmado el derecho de las comunidades ind\u00edgenas a una consulta previa, pero es la primera vez que se cancela una concesi\u00f3n minera por no llevarla a cabo, seg\u00fan los juristas. \u201cEs un precedente que consolida una interpretaci\u00f3n de la Corte seg\u00fan la cual el derecho a la consulta existe y tiene rango constitucional\u201d, dice el investigador Rodrigo Guti\u00e9rrez, de la UNAM.<\/p>\n\n\n\n El a\u00f1o pasado, la Corte trat\u00f3 un amparo similar presentado por el pueblo ind\u00edgena maseual, tambi\u00e9n en Puebla, que denunciaba la ausencia de consulta en una concesi\u00f3n minera. Aunque los ministros afirmaron entonces el derecho a la consulta previa, se decidi\u00f3 devolver el caso al tribunal colegiado, un escal\u00f3n inferior, para que decidiera sobre la legalidad de los permisos. La resoluci\u00f3n sigue pendiente, pero el caso de Tecoltemi puede servir de acicate a nuevas impugnaciones de parte de comunidades que no fueron consultadas antes de otorgarse las concesiones.<\/p>\n\n\n\n Guti\u00e9rrez se\u00f1ala que estas decisiones recientes se inscriben dentro de una larga batalla judicial impulsada principalmente por las comunidades. \u201cHace 15 a\u00f1os, los tribunales ni siquiera reconoc\u00edan los derechos de los pueblos ind\u00edgenas ni que el Convenio 169 formara parte de la Constituci\u00f3n. En 2011 se modific\u00f3 el art\u00edculo 1o para hacer que los tratados tuvieran rango constitucional\u201d, apunta el investigador. \u201cEs a partir de la defensa de las comunidades que se va logrando modificar el marco normativo pero se tarda mucho. Hay una desigualdad estructural para acceder a la justicia\u201d.<\/p>\n\n\n\n