Las empresas respiran aliviadas tras el rechazo de la reforma el\u00e9ctrica del presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador. El cambio de reglas en el sector amenazaba con sacar de funcionamiento algunas de sus plantas. Es una buena noticia, dicen. Sin embargo, la incertidumbre se mantiene por la aplicaci\u00f3n de la ley el\u00e9ctrica, avalada por la Suprema Corte hace dos semanas, y la intenci\u00f3n del Gobierno de revisar contratos que considera ilegales. Las empresas temen m\u00e1s obst\u00e1culos a la operaci\u00f3n de sus plantas y se aferran a los juicios de amparo en curso para evitar la aplicaci\u00f3n de la norma. Hay litigios para rato.<\/p>\n\n\n\n
Ha sido medio a\u00f1o de retorcerse las manos. La reforma constitucional en materia el\u00e9ctrica, presentada a finales de septiembre pasado, era vista con pavor por el sector privado, que aviv\u00f3 el fantasma del pago de indemnizaciones por encima de los 60.000 millones de d\u00f3lares si se cancelaban sus contratos o se imped\u00eda la operaci\u00f3n de sus plantas. Durante todo este periodo, las empresas han sido objeto de ataques continuos por parte de L\u00f3pez Obrador y Morena, su partido. \u201cSus jefes son Enel, Iberdrola\u2026\u201d, le espet\u00f3 a la oposici\u00f3n un l\u00edder morenista, durante la discusi\u00f3n de la iniciativa el domingo.<\/p>\n\n\n\n
No sorprende que el rechazo de la reforma haya sido celebrado abiertamente. \u201cEs una buena se\u00f1al\u201d, afirma Jos\u00e9 Medina Mora, presidente de Coparmex, una asociaci\u00f3n empresarial. \u201cQue se pensara en cancelar contratos legales sin indemnizar enviaba un mensaje de que no se respetaba el Estado de derecho, de que no hab\u00eda certeza jur\u00eddica\u201d. En la misma l\u00ednea, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la mayor patronal del pa\u00eds, salud\u00f3 en un comunicado la \u201cresponsabilidad\u201d de los legisladores y se\u00f1al\u00f3 que se necesita \u201cun marco legal claro, transparente y confiable\u201d. \u201cAl d\u00eda de hoy no est\u00e1n cancelados los permisos de generaci\u00f3n y podemos seguir comercializando\u201d, se\u00f1ala a este peri\u00f3dico la directiva de una el\u00e9ctrica.<\/p>\n\n\n\n
A pesar de las celebraciones, el sector privado prev\u00e9 meses dif\u00edciles por delante. La Suprema Corte de Justicia rechaz\u00f3 la acci\u00f3n de inconstitucionalidad presentada contra los cambios a la ley el\u00e9ctrica. Al igual que la reforma constitucional, estas modificaciones legales buscan privilegiar las centrales de la Comisi\u00f3n Federal de Electricidad (CFE) sobre las particulares, generalmente menos contaminantes y m\u00e1s baratas. Una mayor\u00eda de ministros se pronunci\u00f3 por la insconstitucionalidad del cambio en el orden de despacho, pero no se alcanz\u00f3 la mayor\u00eda calificada para eliminar los art\u00edculos.<\/p>\n\n\n\n
Aunque L\u00f3pez Obrador ha dicho que la ley ya se puede aplicar, esto no es as\u00ed. Las empresas conf\u00edan en que los jueces y magistrados de primera y segunda instancia tomen en cuenta el criterio de la mayor\u00eda de los ministros y mantengan las decenas de suspensiones que ordenaron para impedir la aplicaci\u00f3n de la ley en lo que se resolv\u00edan los juicios de amparo. Adem\u00e1s, esperan que los juicios lleguen a la Suprema Corte, donde una mayor\u00eda simple de ministros puede fallar a favor de las empresas y establecer un precedente. Eso evitar\u00eda la aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos m\u00e1s pol\u00e9micos de la ley.<\/p>\n\n\n\n
El despacho Hogan Lovells, uno de los m\u00e1s activos en esta materia, tiene vigentes 10 suspensiones para unas 25 centrales el\u00e9ctricas. Seg\u00fan el abogado Miguel \u00c1ngel Mateo, los inversionistas extranjeros tienen dos opciones: dejar que los amparos lleguen a la Suprema Corte o, en caso de que los tribunales colegiados resuelvan en contra de las empresas, ir a arbitraje. \u201cLo m\u00e1s l\u00f3gico es que los colegiados utilicen el criterio mayoritario de la Suprema Corte y que mantengan las suspensiones\u201d, dice. \u201cExisten muchos amparos, muchas suspensiones. Falta todav\u00eda un buen tramo para saber exactamente qu\u00e9 va a suceder\u201d, dice, por su parte, la directiva de una el\u00e9ctrica, con varios juicios de amparo en curso.<\/p>\n\n\n\n
La probabilidad de que el m\u00e1ximo tribunal acabe por tumbar el nuevo orden de despacho es alta. Sin embargo, las empresas s\u00ed van a tener que enfrentarse tarde o temprano a los nuevos art\u00edculos sobre la revocaci\u00f3n de permisos vigentes, uno de los temas que m\u00e1s les preocupan. Dos de las modificaciones a la ley el\u00e9ctrica abren las puertas a la cancelaci\u00f3n de contratos de autoabasto -entre centrales privadas y empresas- en caso de \u201cfraude a la ley\u201d, y de los Productores Independientes de Energ\u00eda -que suministran a la CFE- si no cumplen con el requisito de \u201crentabilidad\u201d para el Gobierno.<\/p>\n\n\n\n
Una mayor\u00eda de ministros se pronunci\u00f3 por la constitucionalidad de estas cl\u00e1usulas, que pueden facilitar la cancelaci\u00f3n de permisos a cientos de centrales privadas que abastecen a unos 77.000 clientes. L\u00f3pez Obrador declar\u00f3 esta semana que buscar\u00e1 el \u201cdi\u00e1logo\u201d con ellas. Miguel \u00c1ngel Mateo, del despacho Hogan Lovells, cree que si se materializan los intentos por cancelar permisos habr\u00e1 m\u00e1s amparos. \u201cDa algo de incertidumbre, nerviosismo en el sector pero eso no quita que en el momento en que la Comisi\u00f3n Reguladora de Energ\u00eda (CRE) inicie un procedimiento para revocar un permiso, las empresas se puedan amparar\u201d, afirma Mateo.<\/p>\n\n\n\n
Se apliquen o no los art\u00edculos de la ley el\u00e9ctrica, el sector prev\u00e9 m\u00e1s obst\u00e1culos a la operaci\u00f3n de plantas privadas. A finales de enero, una central de ciclo combinado de Iberdrola en Monterrey fue desconectada de la red porque la CRE le neg\u00f3 previamente la modificaci\u00f3n de un permiso que estaba a punto de caducar. Aunque la multinacional present\u00f3 un amparo y un juez le concedi\u00f3 una suspensi\u00f3n, la planta, en la que se invirtieron unos 500 millones de d\u00f3lares, todav\u00eda no ha sido reconectada a la red, seg\u00fan fuentes conocedoras del asunto.<\/p>\n\n\n\n
Las empresas temen que se repitan casos como el de la planta de Monterrey. \u201cVamos a seguir sufriendo una par\u00e1lisis regulatoria. El Centro Nacional de Control de Energ\u00eda (Cenace) sigue con los plazos suspendidos por la covid-19\u2033, dice una directiva de una empresa, que tiene varios tr\u00e1mites pendientes de resolver. \u201cAl final da igual que aprueben una cosa u otra, si de todos modos est\u00e1n pasando por encima de la ley\u201d, se\u00f1ala otra fuente del sector.<\/p>\n\n\n\n
La inversi\u00f3n privada en proyectos energ\u00e9ticos est\u00e1 pr\u00e1cticamente detenida. Que se vuelva a los niveles previos a esta Administraci\u00f3n depender\u00e1 de que se aclare el marco legal, seg\u00fan Jos\u00e9 Medina Mora, de la Coparmex. \u201cHay una incertidumbre importante. El rechazo de la reforma es un buen paso, pero no es el \u00fanico. Todav\u00eda se tienen que resolver los amparos contra la ley para saber c\u00f3mo se va a aplicar\u201d, dice. Las asociaciones renovables estiman que los retrasos regulatorios y el rechazo de permisos afectan a proyectos e\u00f3licos y solares por valor de 4.200 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n
Fuente: elpa\u00eds<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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