{"id":107817,"date":"2022-07-02T18:52:28","date_gmt":"2022-07-02T23:52:28","guid":{"rendered":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/?p=107817"},"modified":"2022-07-02T18:53:17","modified_gmt":"2022-07-02T23:53:17","slug":"proponen-multas-de-hasta-182000-pesos-por-solicitar-firma-de-renuncia-anticipada","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/varios\/proponen-multas-de-hasta-182000-pesos-por-solicitar-firma-de-renuncia-anticipada\/","title":{"rendered":"Proponen multas de hasta 182,000 pesos por solicitar firma de renuncia anticipada"},"content":{"rendered":"\n

La Comisi\u00f3n de Trabajo y Previsi\u00f3n Social de la C\u00e1mara de Diputados analizar\u00e1 una iniciativa para sancionar a las empresas que le soliciten a los trabajadores una renuncia anticipada <\/strong>o la firma de un documento en blanco <\/strong>al ser contratados, con una multa que va de 12,027 hasta 182,818 pesos, sanci\u00f3n que podr\u00eda multiplicarse por cada persona trabajadora afectada.<\/p>\n\n\n\n

Las renuncias anticipadas<\/strong> son una pr\u00e1ctica recurrente en el mercado de trabajo en M\u00e9xico. Especialistas en Derecho Laboral han se\u00f1alado que estos documentos nacieron como una mala respuesta a malas pr\u00e1cticas legales, generando as\u00ed un c\u00edrculo vicioso. Sin embargo, con el paso de los a\u00f1os su uso se ha intensificado con otras intenciones.<\/p>\n\n\n\n

Con la finalidad de eliminar esta pr\u00e1ctica, la propuesta impulsada por la diputada Amalia Dolores Garc\u00eda Medina, de Movimiento Ciudadano (MC), plantea que las renuncias en blanco <\/strong>sean sancionadas de la misma forma en que la Ley Federal del Trabajo<\/strong> (LFT) castiga la presentaci\u00f3n de documentos y testigos falsos.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s de la multa, al sancionar con base en el art\u00edculo 1006 de la LFT esta pr\u00e1ctica, los empleadores podr\u00edan recibir una pena de seis meses a cuatro a\u00f1os de prisi\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

\u201cDesafortunadamente es una pr\u00e1ctica recurrente de los patrones o de las empresas el obligar a los trabajadores a firmar documentos en blanco, con el fin de realizar posteriores despidos injustificados sin indemnizarlos, al grado de llegar a integrar dichos documentos en el expediente del empleado para usarlo en el momento que as\u00ed lo decidan, afectando con ello sus derechos humanos\u201d, se\u00f1ala la legisladora.<\/p>\n\n\n\n

Los esfuerzos legislativos para cerrarle la llave a esta mala pr\u00e1ctica no son nuevos. En 1998, por ejemplo, el diputado Alfonso M\u00e9ndez Ram\u00edrez (PAN) present\u00f3 un proyecto para que estos documentos tuvieran validez \u00fanicamente al ser ratificados por las Juntas de Conciliaci\u00f3n Arbitraje, al igual que los convenios o liquidaciones<\/strong>, presentados por escrito con una relaci\u00f3n circunstanciada de los hechos que lo motivaron.<\/p>\n\n\n\n

\u201cLa forma de esas renuncias se da en algunos casos en forma ilegal y hasta criminal, ya que no es una verdadera renuncia al trabajo<\/strong>, sino que se obtiene y se hace como condici\u00f3n para otorgar un empleo, la que es una renuncia en blanco que un patr\u00f3n ma\u00f1oso utilizar\u00e1 cuando quiera o le convenga despedir a un trabajador, sin que \u00e9ste realmente renuncie a su trabajo, sino que s\u00f3lo se vale del documento que le sac\u00f3 en blanco al darle el empleo\u201d, expres\u00f3 en ese momento el legislador.<\/p>\n\n\n\n

El Poder Judicial ha emitido diversos criterios para determinar en qu\u00e9 casos es v\u00e1lida o no una renuncia presentada en un juicio laboral por parte de los empleadores. Incluso en el 2020 la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n<\/strong> (SCJN) emiti\u00f3 una jurisprudencia para que en los documentos donde hay una firma y una huella dactilar, s\u00f3lo baste comprobar la falsedad de uno de los dos elementos mediante pruebas de grafoscop\u00eda, dactiloscopia o documentoscop\u00eda, para que la carta de renuncia<\/strong> pierda valor probatorio.<\/p>\n\n\n\n

La Ley Federal del Trabajo prev\u00e9 al menos 15 motivos de despido justificado, entre los que se encuentran cometer hostigamiento o asistir en estado de ebridad, entre otros. Pero fuera de estas causales, las empresas est\u00e1n obligadas a indemnizar a las personas que son separadas de sus puestos sin una raz\u00f3n justificada.<\/p>\n\n\n\n

Amalia Dolores Garc\u00eda destaca que cuando se trata de un despido sin justificaci\u00f3n<\/strong>, los trabajadores tienen derecho a recibir tres meses de sueldo, prima de antig\u00fcedad, entre otros conceptos. Sin embargo, la renuncia anticipada<\/strong> puede ser usada por los empleadores para asegurar que las personas renunciaron por su propia voluntad y no pagar lo que corresponde.<\/p>\n\n\n\n

Nuevo papel de los inspectores<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

La propuesta de la diputada de MC contempla tambi\u00e9n facultar a los inspectores de trabajo<\/strong> para que realicen visitas extraordinarias a las empresas para inhibir las pr\u00e1cticas de:<\/p>\n\n\n\n

  • Alterar un documento firmado por el trabajador<\/strong> con un fin distinto para incorporar la renuncia.<\/li>
  • Exigir la firma de papeles en blanco<\/strong> en la contrataci\u00f3n o en cualquier momento de la relaci\u00f3n laboral.<\/li><\/ul>\n\n\n\n

    Ambas acciones ser\u00edan declaradas en el art\u00edculo 48 BIS de la Ley Federal del Trabajo como improcedentes en un juicio laboral por despido injustificado<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

    Adem\u00e1s de esto, el proyecto tambi\u00e9n busca que las inspecciones extraordinarias<\/strong> se realicen en caso de que una persona trabajadora denuncie esta mala pr\u00e1ctica ante la Procuradur\u00eda de la Defensa del Trabajo (Profedet), o bien ante la propia direcci\u00f3n de inspecciones de la autoridad laboral federal o local.<\/p>\n\n\n\n

    Para reforzar esta parte, la diputada Amalia Garc\u00eda propone que la no ejecuci\u00f3n de inspecciones extraordinarias ante el conocimiento de una denuncia por renuncia anticipada o firma de hoja en blanco sea una causa especial de responsabilidad para los inspectores<\/strong>, las cuales pueden sancionarse con amonestaciones, suspensiones de hasta tres meses o la destituci\u00f3n del servidor p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n

    Fuente: eleconomista<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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