La legislaci\u00f3n mexicana en materia de anticorrupci\u00f3n se posicion\u00f3 en el primer lugar de la normativa de 17 pa\u00edses de la regi\u00f3n que fueron analizados en la segunda edici\u00f3n de la \u201cEvaluaci\u00f3n Anticorrupci\u00f3n en Latinoam\u00e9rica 2021\/2022\u2033. En este estudio realizado de manera colaborativa por integrantes del Consejo de Abogados del Cyrus R. Vance Center for Internacional Justice y miembros de la comunidad jur\u00eddica de cada pa\u00eds, se destac\u00f3 la fortaleza del marco legal en materia de transparencia en M\u00e9xico, el car\u00e1cter p\u00fablico de la informaci\u00f3n, clave en las contrataciones p\u00fablicas y la autonom\u00eda del INAI como \u00f3rgano garante del derecho al acceso a la informaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
A nivel latinoamericano se reconocieron los esfuerzos legislativos detallando la omisi\u00f3n de acciones concretas que fortalezcan las instituciones y la implementaci\u00f3n de la normativa. Asimismo, se detectaron algunos retrocesos en la autonom\u00eda y la capacidad de las autoridades, en pa\u00edses como Guatemala, Per\u00fa y M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n
En el caso concreto de M\u00e9xico, se obtuvo una puntuaci\u00f3n final de 5.64, lo que nos posicionar\u00eda en el noveno lugar de los 17 pa\u00edses evaluados. Y es que, los integrantes de la comunidad jur\u00eddica mexicana consultados para este estudio concluyeron que, si bien se cuenta con un amplio sistema legal anticorrupci\u00f3n \u2013que posibilit\u00f3 la creaci\u00f3n del Sistema Nacional Anticorrupci\u00f3n, y la armonizaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n en las entidades federativas\u2013 a\u00fan persist\u00edan retos importantes para mejora y aplicabilidad del marco legal. En ese sentido, subrayaron que las consecuencias de no solventar retos tales como: la falta de voluntad pol\u00edtica, la insuficiencia de los recursos econ\u00f3micos y humanos en las agencias anticorrupci\u00f3n, la falta de independencia en los \u00f3rganos de procuraci\u00f3n de justicia, y la formaci\u00f3n inadecuada de las personas servidoras p\u00fablicas en las instancias de justicia, son la justicia selectiva y la impunidad.<\/p>\n\n\n\n
Resulta clave destacar que, entre los elementos con mayor valoraci\u00f3n en el caso mexicano, se encuentra la participaci\u00f3n activa y comprometida de la sociedad civil y la academia, el ejercicio del derecho de acceso a la informaci\u00f3n, y la existencia de autoridades especializadas; en este \u00faltimo punto se mencion\u00f3 a la Secretar\u00eda de la Funci\u00f3n P\u00fablica, la Auditor\u00eda Superior de la Federaci\u00f3n, la Suprema Corte de Justicia, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci\u00f3n y Protecci\u00f3n de Datos Personales (INAI), la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscal\u00eda Especializada en Combate a la Corrupci\u00f3n de la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica, el Comit\u00e9 de Participaci\u00f3n Ciudadana y el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Por \u00faltimo, un punto sumamente interesante en el an\u00e1lisis de las y los abogados mexicanos consultados, reside en su consideraci\u00f3n sobre las personas en situaci\u00f3n de vulnerabilidad, a las que estimaron como las m\u00e1s afectadas por la corrupci\u00f3n. Y coincido plenamente con ello, la corrupci\u00f3n impacta de manera diferenciada en los grupos poblacionales de mayor vulnerabilidad, y est\u00e1 ampliamente vinculada con la desigualdad, ya que al restringir il\u00edcitamente los recursos p\u00fablicos disponibles, se reducen tambi\u00e9n los presupuestos destinados a los programas sociales y de salud p\u00fablica, se merma la calidad de la educaci\u00f3n, y el acceso universal a los servicios p\u00fablicos, lo cual tiene efectos importantes en su bienestar, en la garant\u00eda de los derechos humanos, y el desarrollo de los individuos y las comunidades en su conjunto.<\/p>\n\n\n\n
Reconozcamos los esfuerzos hasta ahora alcanzados, nuestra legislaci\u00f3n en materia de anticorrupci\u00f3n y transparencia, una normativa que ha permitido detectar, identificar y visibilizar las pr\u00e1cticas de opacidad y posibles actos de corrupci\u00f3n. No obstante, es necesario robustecer a las instituciones especializadas, y mejorar la implementaci\u00f3n de las estrategias y medidas para prevenir, identificar, investigar y sancionar los actos de corrupci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Fuente: elfinanciero<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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