Como se\u00f1al\u00e9 el lunes pasado, M\u00e9xico tiene un grave problema con los 8 millones de toneladas de basura t\u00f3xica; 126 m\u00e1s de residuos mineros; otras 30 de la industria qu\u00edmica y 12 millones de los agroqu\u00edmicos. Parte muy importante no se confina adecuadamente, se une a la basura no t\u00f3xica de las actividades econ\u00f3micas y los hogares o se tira por doquier. Los problemas a la salud de la poblaci\u00f3n y al ambiente, incalculables.<\/p>\n\n\n\n
Por d\u00e9cadas, el \u00fanico lugar para confinar los residuos t\u00f3xicos estaba en Mina, Nuevo Le\u00f3n, propiedad de la empresa Rimsa. Adem\u00e1s de mal ubicado, no ten\u00eda capacidad para recibir m\u00e1s desechos. Para resolver parte del problema, se buscaron otros lugares.<\/p>\n\n\n\n
En 1990 se eligi\u00f3 el primero, en 200 hect\u00e1reas de La Pedrera, municipio de Guadalc\u00e1zar, estado de San Luis Potos\u00ed. Los primeros inconformes con el proyecto fueron los 600 habitantes de El Huizache, comunidad cercana al confinamiento. No fueron consultados sobre dicha obra. Pronto supieron los riesgos que representaba para su salud y sus actividades econ\u00f3micas. No creyeron en las promesas de los due\u00f1os del confinamiento de que apoyar\u00edan el desarrollo social de Guadalc\u00e1zar.<\/p>\n\n\n\n
A la oposici\u00f3n local se sumaron numerosos grupos defensores de la salud y el ambiente, encabezados por Green Peace, donde laboraba Fernando Bejarano Gonz\u00e1lez, destacada figura en la lucha contra las sustancias t\u00f3xicas y peligrosas. En tanto, una empresa estadunidense, Metalclaud, se hizo de la propiedad del proyecto. Lograron los permisos estatales y federales y hasta para ampliarlo, pero no los municipales. En Guadalc\u00e1zar en 1990-91 se hab\u00edan depositado ya irregularmente 20 mil 500 toneladas de residuos t\u00f3xicos originados en empresas automotrices, plaguicidas, qu\u00edmica y metalmec\u00e1nica. Tambi\u00e9n 170 toneladas de medicamentos caducos del Instituto Mexicano del Seguro Social.<\/p>\n\n\n\n
Con la firma del Tratado de Libre Comercio de Am\u00e9rica del Norte en 1994, el conflicto escal\u00f3 al \u00e1mbito internacional, pues cuando finalmente se logr\u00f3 clausurar Guadalc\u00e1zar, Metalclaud demand\u00f3 al gobierno mexicano por 130 millones de d\u00f3lares en tribunales de Estados Unidos. Al final se redujo a poco m\u00e1s de 16 millones. Pero los desechos siguen ah\u00ed al deslindarse del problema en 2017 la instancia federal del ambiente.<\/p>\n\n\n\n
Otro ejemplo de un confinamiento de desechos t\u00f3xicos aprobado por las instancias oficiales en 1998 pese a la oposici\u00f3n ciudadana, es el de General Cepeda, en Coahuila. P\u00fablicamente destacaron los problemas de todo tipo que traer\u00eda esa obra en terrenos del ejido San Jos\u00e9 de la Paila. Pero se impusieron los intereses empresariales y pol\u00edtico-oficiales estatales con el apoyo federal.<\/p>\n\n\n\n
El activista Jos\u00e9 Luis Garc\u00eda Valero se\u00f1al\u00f3 oportunamente a los responsables: el ex gobernador, Rogelio Montemayor, su hermano Jes\u00fas Mar\u00eda y el titular de Medio Ambiente estatal, Rodolfo Garza Guti\u00e9rrez. Las comunidades consiguieron demostrar a la entonces titular de Semarnat, Julia Carabias, que Gabriel Quadri, que dirig\u00eda el Instituto Nacional de Ecolog\u00eda, la hab\u00eda enga\u00f1ado para obtener su firma en la autorizaci\u00f3n correspondiente. El proyecto se cancel\u00f3 definitivamente en 2000 a un alto costo para el gobierno federal.<\/p>\n\n\n\n
Pero en 2014, la Sociedad Ecol\u00f3gica Mexicana del Norte, SA de CV, parte del Grupo Ecolimpio, logr\u00f3 con artima\u00f1as la autorizaci\u00f3n ambiental para construir y operar un confinamiento de residuos t\u00f3xicos y peligrosos en terrenos de su propiedad, contiguos a las tierras de uso com\u00fan del ejido Noria de la Sabina.<\/p>\n\n\n\n
No inform\u00f3 a las comunidades aleda\u00f1as, las engatus\u00f3 ofreci\u00e9ndoles una planta av\u00edcola para brindar empleo a las mujeres y otros servicios sociales. La comunidad, enga\u00f1ada, parcel\u00f3 y entreg\u00f3 a la empresa parte de las tierras de uso com\u00fan. Tarde se dieron cuenta de su error y el confinamiento comenz\u00f3 a funcionar. Fue clausurado en 2023, pero sigue activo con el visto bueno de las autoridades federales.<\/p>\n\n\n\n
Es un caso que, como muchos otros en el pa\u00eds, exige abordarse en detalle en otra ocasi\u00f3n. Y hacerlo del conocimiento p\u00fablico para mostrar la corrupci\u00f3n que impera en el manejo y disposici\u00f3n final de los desechos t\u00f3xicos. Y apoyar la lucha ciudadana en pro de justicia ambiental. Como en Coahuila.<\/p>\n\n\n\n
Fuente: jornada<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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