Un proyecto nebuloso en el p\u00e1ramo<\/h3>\n\n\n\n
Desde que los integrantes del Colectivo Ambiental Cumbal se enteraron a inicios de diciembre del proyecto Pachamama, han ido reuniendo informaci\u00f3n a cuentagotas.<\/p>\n\n\n\n
El 10 de diciembre de 2022, tres d\u00edas despu\u00e9s de que Diana Puenguenan dio el campanazo de alerta, su colega Miguel \u00c1ngel Quilismal logr\u00f3 conseguir un primer documento. Era una carta, fechada el 29 de junio de 2022 y con sellos de notar\u00eda, la empresa SPV Business informaba al gobernador Ponciano Yam\u00e1 Chiran \u2014distinto al que hab\u00eda alertado de la oferta en su estado de WhatsApp\u2014 de que ten\u00eda un \u201cpotencial comprador\u201d, a quien no identificaba, interesado en adquirir todos los bonos que emitiera el resguardo entre enero de 2018 y mediados de 2022. En el mismo pdf hab\u00eda una segunda carta m\u00e1s escueta, en la que el entonces gobernador aceptaba la oferta comercial ese mismo d\u00eda. Ese era el documento que ellos hab\u00edan visto en el estado de Whatsapp del ex gobernador.<\/p>\n\n\n\n Esas dos cartas les permitieron conocer mejor las dimensiones del proyecto: abarcaba no s\u00f3lo su territorio, sino tambi\u00e9n los vecinos resguardos pastos de Chiles, Pan\u00e1n y Mayasquer, que forman parte del mismo municipio y del mismo complejo de p\u00e1ramos en el Nudo de los Pastos. A Cumbal le correspond\u00edan, seg\u00fan el documento, poco menos de la mitad de los 1,6 millones de bonos vendidos, por ser el territorio m\u00e1s grande.<\/p>\n\n\n\n La noticia cundi\u00f3 como la niebla por este pueblo lechero a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Una semana despu\u00e9s, durante la asamblea del 18 de diciembre en que el gobernador Yam\u00e1 deb\u00eda rendir cuentas sobre su gesti\u00f3n, en la casa del cabildo llovieron preguntas sobre el proyecto Pachamama. Que explicara el acuerdo e hiciera p\u00fablicos los documentos, reclam\u00f3 la comunidad. \u201cNunca fue claro ni explic\u00f3 c\u00f3mo empez\u00f3 el proceso. S\u00f3lo habl\u00f3 de las necesidades del resguardo y c\u00f3mo la plata de las transferencias [del Estado colombiano] no alcanza para cubrirlas\u201d, dice Diana Puenguenan. Tambi\u00e9n recuerda que, como respuesta, les acusaron de oponerse al desarrollo y a la inversi\u00f3n en el bienestar de la comunidad.<\/p>\n\n\n\n Frustrados por la falta de informaci\u00f3n, al d\u00eda siguiente los integrantes del colectivo redactaron un derecho de petici\u00f3n formal con cinco demandas y el respaldo de 270 firmas. Adem\u00e1s de entregarlo en la casa del cabildo, lo publicaron en un activo grupo de Facebook sobre la cultura pasto que lleva Miguel \u00c1ngel Quilismal. Ese cuestionario tampoco vio respuestas pero, tres d\u00edas despu\u00e9s, un dirigente del resguardo les entreg\u00f3 un segundo documento. Lo hizo tras un intercambio inicialmente tenso, que se calm\u00f3 cuando Miguel \u00c1ngel \u2014ingeniero civil de 38 a\u00f1os que lleva una d\u00e9cada estudiando la historia de los pastos e intentando recuperar su lengua casi extinta\u2014 le dijo que ellos, como profesionales en \u00e1reas afines a lo ambiental y cultural, pod\u00edan apoyar a las autoridades para que el proyecto sea m\u00e1s robusto. Al final de cuentas, dijeron, el resguardo de 23.000 habitantes tiene entre 400 y 600 profesionales universitarios. S\u00f3lo entre los integrantes del colectivo, hay ingenieros ambientales, abogados y ge\u00f3grafos.<\/p>\n\n\n\n Ese segundo documento result\u00f3 siendo el contrato de mandato que hab\u00eda firmado, el 5 abril de 2022, el entonces gobernador Ponciano Yam\u00e1 con la empresa SPV Business para \u201coriginar un proyecto de reducci\u00f3n de emisiones derivado de la evitaci\u00f3n de la deforestaci\u00f3n y degradaci\u00f3n de bosques, de tipo Redd+, a ser implementado en la totalidad de la extensi\u00f3n del territorio comprendido en el Resguardo del Gran Cumbal\u201d. El documento legal, notariado en Bogot\u00e1, describe algunos de los t\u00e9rminos del acuerdo: durar\u00e1 30 a\u00f1os \u2014prorrogables hasta un siglo\u2014 y sus ingresos se dividir\u00e1n entre los promotores, correspondiendo el 60% a los cuatro resguardos ind\u00edgenas y un 40% al desarrollador.<\/p>\n\n\n\n Con el cambio de a\u00f1o lleg\u00f3 tambi\u00e9n un nuevo gobernador, pero pocos detalles sobre el nebuloso proyecto de carbono o en qu\u00e9 se ha invertido el dinero que trajo. Ante la reiterada falta de respuestas, desde finales de enero y durante dos meses, los miembros del colectivo organizaron reuniones informativas en ocho de las nueve veredas rurales que conforman el resguardo. \u201cNos dimos cuenta que en ninguna vereda fue socializado\u201d, dice John Fredy Alpala, un ingeniero ambiental y sanitario de 31 a\u00f1os y otro de los fundadores del Colectivo Ambiental Cumbal.<\/p>\n\n\n\n Ni el anterior gobernador Ponciano Yam\u00e1 \u2014que firm\u00f3 el contrato\u2014 ni su sucesor H\u00e9ctor Villacriz \u2014que lo est\u00e1 ejecutando\u2014 respondieron a solicitudes de entrevista de esta alianza period\u00edstica sobre el proyecto y en qu\u00e9 se est\u00e1n invirtiendo los recursos que ha dejado.<\/p>\n\n\n\n Global Consulting y SPV Business son dos de los actores m\u00e1s nuevos en el creciente mercado de carbono en Colombia<\/a>.<\/p>\n\n\n\n En los \u00faltimos seis a\u00f1os han aparecido m\u00e1s de un centenar de proyectos privados de este tipo en todo el pa\u00eds. Estos esquemas fueron incorporados a la Convenci\u00f3n de Naciones Unidas de Cambio Clim\u00e1tico para conectar a gobiernos nacionales que est\u00e1n frenando la deforestaci\u00f3n con otros que quieren pagar por esos resultados, pero Colombia decidi\u00f3 ampliarlos para incluir tambi\u00e9n proyectos privados del mercado voluntario de carbono. Desde entonces, los proyectos Redd+ se han expandido por los bosques tropicales de la Amazonia y del Pac\u00edfico colombianos, pero tambi\u00e9n por los manglares caribe\u00f1os, las sabanas de la Orinoquia y los p\u00e1ramos andinos como \u00e9stos en el sur de Nari\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n Tres razones explican esta bonanza. La primera es que el Gobierno colombiano cre\u00f3 en 2017 un incentivo tributario que permite a las empresas que usan combustibles f\u00f3siles reducir o no pagar el impuesto al carbono si compran estos bonos. La segunda es que gran parte de las selvas y bosques de Colombia \u2014que suman 600 mil kil\u00f3metros cuadrados, el equivalente al \u00e1rea de Ucrania\u2014 est\u00e1 custodiada por comunidades ind\u00edgenas y afrodescendientes que suelen tener titularidad colectiva y gobernanza efectiva de sus territorios, raz\u00f3n por la cual muchas empresas empezaron a buscarlas para impulsar proyectos privados de carbono. A eso se suma una tercera: la posibilidad de obtener una alta rentabilidad, sin mayor supervisi\u00f3n estatal de los proyectos en lo t\u00e9cnico, lo social y lo ambiental.<\/p>\n\n\n\n Aunque los p\u00e1ramos contienen muchos menos \u00e1rboles que una selva tropical o un bosque, son ecosistemas fundamentales en la lucha contra el cambio clim\u00e1tico por otra raz\u00f3n. Sus suelos ricos en materia org\u00e1nica retienen altas cantidades de carbono, y si se remueve la capa vegetal m\u00e1s superficial, \u00e9ste se libera a la atm\u00f3sfera. Por ese motivo, los proyectos del mercado de carbono en p\u00e1ramos buscan desincentivar cambios dr\u00e1sticos en el uso de esos fr\u00e1giles suelos, sobre todo su quema y reconversi\u00f3n para agricultura o ganader\u00eda que demorar\u00edan cientos de a\u00f1os en revertirse.<\/p>\n\n\n\n En teor\u00eda, todos los proyectos deben cumplir con principios globales<\/a> que buscan garantizar que las iniciativas para reducir emisiones de gases de efecto invernadero por deforestaci\u00f3n o degradaci\u00f3n de bosques funcionen bien y realmente protejan a las comunidades locales y a la biodiversidad. Una de esas salvaguardas sociales y ambientales<\/a> \u2014que Colombia convirti\u00f3 en una lista de 15 reglas de juego<\/a> detalladas\u2014 es que las comunidades interesadas cuenten con informaci\u00f3n clara y de f\u00e1cil acceso sobre las iniciativas.<\/p>\n\n\n\n En Cumbal, esa situaci\u00f3n no mejor\u00f3 ni cuando hablaron con la empresa a cargo del proyecto. A mediados de febrero, el ingeniero Alpala, del colectivo, logr\u00f3 entrar a una reuni\u00f3n de Global Consulting y SPV con dirigentes del resguardo, en la que \u2014tras una petici\u00f3n suya\u2014 la gerente B\u00e1rbara Lara Escoto prometi\u00f3 que les compartir\u00eda un drive<\/em> (una carpeta digital) con todos los documentos del proyecto Pachamama. Tres meses despu\u00e9s, Alpala dice no tener ninguna noticia de ese drive<\/em>.<\/p>\n\n\n\n Sobre todo hay dos documentos fundacionales de todo proyecto Redd+ que Alpala y los otros integrantes del colectivo a\u00fan no han podido consultar: el documento de dise\u00f1o de proyecto (o PDD, en la jerga del sector) y el informe del auditor externo que lo evalu\u00f3. Usualmente est\u00e1n disponibles en el Renare, la plataforma del Gobierno colombiano que lista todas las iniciativas de mitigaci\u00f3n, pero que est\u00e1 fuera de servicio desde agosto pasado. Tampoco est\u00e1n publicados en la plataforma de la certificadora que otorg\u00f3 su sello de calidad al proyecto.<\/p>\n\n\n\n Como ninguno de los gobernadores les ha respondido y B\u00e1rbara Lara no ha cumplido su promesa de hacerlos p\u00fablicos, el 9 de marzo escribieron desde el correo del colectivo ambiental a la certificadora colombiana ColCX, una de las cuatro que operan en el pa\u00eds. Tras presentarse como \u201cparte de la comunidad del resguardo ind\u00edgena del Gran Cumbal\u201d, le pidieron compartir ambos documentos, explicando que el gobernador no se los ha compartido y aduciendo que consultarlos es un derecho. \u201cLa no entrega de esta informaci\u00f3n ha generado una divisi\u00f3n y conflicto social entre la comunidad, puesto que no se sabe sobre la formulaci\u00f3n, ejecuci\u00f3n, indicadores ni metas a desarrollar en el proyecto\u201d, escribieron.<\/p>\n\n\n\n ColCX \u2014cuya empresa matriz Canal Clima forma parte<\/a> de Valorem, el holding<\/em> empresarial de la familia Santo Domingo, una de las m\u00e1s ricas y poderosas del pa\u00eds\u2014 les respondi\u00f3 al d\u00eda siguiente. Lo hizo neg\u00e1ndoles acceso a los informes. \u201cSiguiendo el debido proceso, debe ser solicitada a los titulares y\/o al gobernador\u201d, dijo escuetamente su gerente t\u00e9cnica Catalina Fandi\u00f1o. Omiti\u00f3 que, justamente, el problema es que ni las empresas titulares ni el gobernador les dan respuesta.<\/p>\n\n\n\n Desde enero, esta alianza period\u00edstica solicit\u00f3 a ColCX acceso a los documentos del proyecto, dado que \u2014a diferencia de sus competidoras, la estadounidense Verra y las colombianas Cercarbono y BioCarbon Registry (antes llamada ProClima)\u2014 esta certificadora no los hace p\u00fablicos en su registro de proyectos. En una primera respuesta en enero, Fandi\u00f1o dijo que \u201cel documento de dise\u00f1o de cada uno de los proyectos es de car\u00e1cter confidencial y es propiedad de la comunidad y\/o desarrollador\u201d, pero que los solicitar\u00eda al desarrollador. Ante nuevas solicitudes, en marzo respondi\u00f3: \u201cNo obtuvimos aprobaci\u00f3n para compartir la informaci\u00f3n solicitada\u201d.<\/p>\n\n\n\n En entrevista el 30 de mayo, ColCX explic\u00f3 que conf\u00eda en el rigor de los documentos presentados por los desarrolladores y auditores, pero que no pueden compartirlos porque sus contratos con desarrolladores \u2014incluida Global Consulting\u2014 incluyen una cl\u00e1usula de confidencialidad. \u201cNosotros desafortunadamente estamos atados contractualmente y el \u00fanico que nos podr\u00eda autorizar es el desarrollador\u201d, dijo su director Mario Cuasquen, a\u00f1adiendo que no sab\u00edan del conflicto en la comunidad a ra\u00edz del proyecto de carbono pero que, como certificadores, no pueden cumplir ning\u00fan rol en su implementaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Cuasquen, sin embargo, reconoci\u00f3 que hay una diferencia en el est\u00e1ndar de transparencia frente al de sus competidores y que este episodio gener\u00f3 autocr\u00edtica al interior de ColCX. \u201cNos dimos cuenta que, por un tema administrativo, tal vez ese aspecto estaba quedado [era insuficiente] y no era la mejor pr\u00e1ctica\u201d, dijo Cuasquen. Una de las decisiones que tomaron, fruto de una consultor\u00eda que contrataron, cont\u00f3, fue eliminar la cl\u00e1usula de confidencialidad de los contratos a partir de ahora, de manera que en los nuevos proyectos har\u00e1n p\u00fablicos sus documentos. En los ya vigentes, como Pachamama, se ir\u00eda haciendo gradualmente a medida que renuevan sus contratos con ColCX.<\/p>\n\n\n\n El 14 de mayo, el colectivo ambiental de Cumbal volvi\u00f3 a escribir a Global Consulting y a SPV, insistiendo en su derecho a consultar dichos documentos. De nuevo, s\u00f3lo hubo silencio.<\/p>\n\n\n\n Los titulares del proyecto Pachamama a los que se refiere la certificadora ColCX son, adem\u00e1s de los gobernadores de los cuatro resguardos, dos empresas vinculadas entre s\u00ed. Una de ellas, la colombiana SPV Business, firm\u00f3 el contrato de mandato con el resguardo de Cumbal, mientras la otra, la mexicana Global Consulting and Assessment Services, es la que ha impulsado<\/a> la iniciativa ante los organismos de certificaci\u00f3n y validaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n SPV Business, creada en Bogot\u00e1<\/a> en septiembre de 2020, lista a Global Consulting and Assessment Services \u2014representada por Yolanda Escoto Torales\u2014 como accionista \u00fanica desde agosto de 2022, seg\u00fan consta en actas de C\u00e1mara de Comercio<\/a>. A su vez, Global Consulting es una empresa que tiene su direcci\u00f3n en la ciudad mexicana de Quer\u00e9taro.<\/p>\n\n\n\n La cabeza visible de ambas empresas desarrolladoras es B\u00e1rbara Lara Escoto, una ingeniera qu\u00edmica e industrial<\/a> mexicana que trabaj\u00f3<\/a> en la auditora noruega Det Norske Veritas. Desde 2008 es la fundadora y gerente de Global Consulting, empresa que \u2014seg\u00fan su propia descripci\u00f3n<\/a>\u2014 ha ayudado a registrar \u201cm\u00e1s de 1650 proyectos de diferentes sectores productivos en los est\u00e1ndares de carbono de mayor reconocimiento internacional\u201d. Es tambi\u00e9n, desde marzo de 2021, la representante legal de SPV Business<\/a>. En Colombia fue invitada del gremio de palma aceitera Fedepalma a su congreso internacional<\/a> en septiembre pasado, donde habl\u00f3<\/a> sobre los bonos de carbono como \u201cposibilidad de generar ingresos adicionales en la agroindustria de la palma\u201d.<\/p>\n\n\n\n Esta alianza period\u00edstica solicit\u00f3 entrevistas a B\u00e1rbara Lara, de Global Consulting, y a Diana Carolina Avella, de SPV Business, desde el 20 de mayo, tanto por correo electr\u00f3nico como por tel\u00e9fono. Ninguna de ellas respondi\u00f3.<\/p>\n\n\n\n En el esquema de funcionamiento del mercado de carbono, un proyecto Redd+ es presentado por sus desarrolladores a un est\u00e1ndar de certificaci\u00f3n como lo es ColCX. Para que este \u00faltimo le otorgue su sello de calidad y le permita emitir cr\u00e9ditos, eval\u00faa los informes en los que un auditor externo valida el proyecto y verifica la deforestaci\u00f3n que \u00e9ste ha evitado. El trabajo de ese auditor, que suele ser pagado por el desarrollador, debe \u201cpermanecer imparcial con respecto a la actividad validada o verificada, as\u00ed como libre de sesgos y conflictos de intereses\u201d, seg\u00fan se\u00f1ala una de las normas internacionales<\/a> que regulan su trabajo y que rige en Colombia.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, en el caso de Pachamama, esa distancia entre desarrolladores y auditor es menos clara. En lo que podr\u00eda constituir un conflicto de inter\u00e9s, la gerente de Global y representante legal de SPV fue tambi\u00e9n socia accionista de la auditora que lo valid\u00f3 en octubre de 2022 y verific\u00f3 su remoci\u00f3n de 2,6 millones de toneladas de di\u00f3xido de carbono (CO2) que le permitieron vender igual n\u00famero de bonos.<\/p>\n\n\n\n En efecto, B\u00e1rbara Lara Escoto, gerente de Global Consulting y representante legal de SPV Business, figura en actas de c\u00e1mara de comercio<\/a> como una de las socias fundadoras de Deutsche Certification Body S.A.S. Creada en junio de 2019 para prestar servicios de \u201cpruebas, inspecciones, supervisiones, certificaciones, investigaci\u00f3n y evaluaci\u00f3n\u201d de \u201cproyectos de reducci\u00f3n, mitigaci\u00f3n, captura, secuestro y almacenaje de emisiones de gases de efecto invernadero\u201d, la auditora basada en Bogot\u00e1 tuvo tres socios fundadores<\/a>, todos ellos de nacionalidad mexicana: Ra\u00fal Gonz\u00e1lez Mitre contaba con la mitad de las acciones, mientras \u00d3scar Gaspar Negrete y Lara Escoto ten\u00edan una cuarta parte cada uno.<\/p>\n\n\n\n Lara figur\u00f3 como accionista de Deutsche Certification Body al menos hasta marzo de 2021, seg\u00fan documentos oficiales de la C\u00e1mara de Comercio<\/a>. Un a\u00f1o despu\u00e9s, en marzo de 2022, ya figuraba como \u00fanico accionista de la auditora<\/a> \u00d3scar Gaspar. Fue justamente \u00e9l quien firm\u00f3, en octubre de 2022, las declaraciones de validaci\u00f3n<\/a> y de verificaci\u00f3n <\/a>del proyecto Pachamama Cumbal que aparecen en la plataforma<\/a> de ColCX, en tanto representante legal de Deutsche Certification Body.<\/p>\n\n\n\n No es el \u00fanico v\u00ednculo entre desarrolladores y auditores. Diana Carolina Avella Ostos, quien figura desde marzo de 2021 hasta la actualidad como representante legal suplente<\/a> de SPV Business, ocup\u00f3 ese mismo cargo<\/a> en Deutsche Certification Body entre marzo de 2021 y marzo de 2022, seg\u00fan consta en actas dela auditora inscritas ante C\u00e1mara de Comercio. Avella, una ingeniera qu\u00edmica que trabaj\u00f3 en Fedepalma<\/a>, fue la persona que firm\u00f3 el contrato con el gobernador de Cumbal en abril de 2022 y la oferta comercial de compra de bonos en junio de 2022.<\/p>\n\n\n\n Dado que los informes completos de auditor\u00eda no son p\u00fablicos y que ColCX neg\u00f3 acceso a ellos, esta alianza period\u00edstica no pudo comprobar si esas conexiones empresariales y personales fueron hechas p\u00fablicas.<\/p>\n\n\n\n Esta alianza period\u00edstica busc\u00f3 a las tres empresas involucradas en el proceso de auditor\u00eda para escuchar su visi\u00f3n sobre esas relaciones entre ellas y entender c\u00f3mo gestionan potenciales conflictos de inter\u00e9s. Al igual que Global Consulting y que SPV Business, Deutsche Certification Body no respondi\u00f3 a una solicitud de entrevista hecha por correo electr\u00f3nico el 20 de mayo.<\/p>\n\n\n\n La certificadora ColCX dijo a esta alianza period\u00edstica que no ten\u00eda noticia de esos v\u00ednculos. \u201cNo hab\u00eda escuchado. Es un tema de alarma y habr\u00eda que evaluar el tema de conflicto de inter\u00e9s\u201d, dijo su gerente t\u00e9cnica Catalina Fandi\u00f1o, a\u00f1adiendo que el procedimiento ser\u00eda reportar los hechos al Organismo Nacional de Acreditaci\u00f3n de Colombia (ONAC) que supervisa a los auditores en el pa\u00eds. El director de ColCX, Mario Cuasquen, explic\u00f3 que la empresa y el grupo Valorem tienen un riguroso proceso de debida diligencia de sus proveedores, que verifican que los auditores est\u00e9n acreditados ante la ONAC y que conf\u00edan en el monitoreo que hace dicho ente mixto, pero reconoci\u00f3 que no revisan los documentos corporativos en detalle. Tambi\u00e9n admiti\u00f3 que ColCX no tiene hoy un procedimiento de gesti\u00f3n de conflictos de inter\u00e9s, pero que en la actualizaci\u00f3n que est\u00e1 haciendo de su protocolo incluir\u00e1 una obligaci\u00f3n a los desarrolladores de declarar posibles conflictos de inter\u00e9s. \u201cNuestro objetivo es subsanar las debilidades que el est\u00e1ndar puede tener, en un proceso de mejoramiento continuo\u201d, dijo Cuasquen.<\/p>\n\n\n\n En sus seis meses de vida, el proyecto Redd+ de Cumbal ha registrado la venta de 849.000 bonos de carbono. Lo ha hecho a un \u00fanico comprador: la petrolera estadounidense Chevron.<\/p>\n\n\n\n Desde esa primera transacci\u00f3n de 315.000 bonos en octubre de 2022, Chevron ha canjeado cr\u00e9ditos del proyecto en los p\u00e1ramos de Cumbal en cinco ocasiones, seg\u00fan consta en la plataforma de ColCX<\/a>. A esa compra inicial siguieron una de 160 mil bonos en diciembre de 2022, otra de 194 mil en febrero de este a\u00f1o y una m\u00e1s de 180 mil en abril pasado. En todos los casos, su objetivo fue \u2014seg\u00fan informa ColCX<\/a>\u2014 demostrar carbono neutralidad para ser eximido del pago del impuesto al carbono al Gobierno colombiano.<\/p>\n\n\n\n Consultado si sab\u00eda que los bonos que compr\u00f3 y canje\u00f3 provienen de un proyecto que gran parte de los habitantes del resguardo que lo alberga desconocen, Chevron respondi\u00f3<\/a> a esta alianza period\u00edstica que \u201cde acuerdo con los informes de auditor\u00eda, se cuentan con los permisos y aprobaciones de la respectiva autoridad de Gobierno ind\u00edgena y tambi\u00e9n se realizaron los procesos de socializaci\u00f3n respectivos\u201d. La sucursal de la petrolera en Colombia a\u00f1adi\u00f3 que tiene \u201cuna continua comunicaci\u00f3n\u201d con los desarrolladores, que \u00e9stos no les han \u201creportado y\/o notificado sobre la existencia de alg\u00fan conflicto o eventualidades\u201d y que incluso les consultaron de nuevo a ra\u00edz de este reportaje.<\/p>\n\n\n\n Chevron tambi\u00e9n explic\u00f3<\/a> que su pol\u00edtica para respaldar lo que considera \u201cun importante enfoque basado en el mercado para lograr reducciones eficientes de carbono\u201d es establecer \u201calianzas estrat\u00e9gicas que nos permiten alcanzar est\u00e1ndares de cumplimiento\u201d. Su proceso de debida diligencia de los bonos que compra, detall\u00f3, consiste en revisar que los organismos de verificaci\u00f3n que eval\u00faan los proyectos est\u00e9n acreditados en Colombia o por el Foro Internacional de Acreditaci\u00f3n, y examinar los informes de auditor\u00eda de los proyectos. Declin\u00f3 responder, por \u201cpol\u00edticas corporativas de confidencialidad de la informaci\u00f3n\u201d, a qu\u00e9 empresa compr\u00f3 dichos montos y el monto que pag\u00f3 por ellos. \u201cNuestras compensaciones tienen un grado de cumplimiento aceptadas por los gobiernos en las regiones donde operamos\u201d, a\u00f1adi\u00f3. (Aqu\u00ed se puede leer la respuesta completa de Chevron<\/a>).<\/p>\n\n\n\n No es la primera vez que Chevron ha sido cuestionada por su esquema de compensaci\u00f3n ambiental. Hace una semana, un informe<\/a> de la organizaci\u00f3n no gubernamental Corporate Accountability se\u00f1al\u00f3 que un 93% de los bonos de carbono que Chevron compr\u00f3 y utiliz\u00f3 a nivel global entre 2020 y 2022 son ambientalmente problem\u00e1ticos. La petrolera rechaz\u00f3<\/a> las conclusiones de ese informe, argumentando que tiene un sesgo contra la industria y que pinta una imagen incompleta de sus esfuerzos por reducir su huella de carbono.<\/p>\n\n\n\n La falta de transparencia en torno al proyecto Pachamama no es lo \u00fanico que preocupa a los habitantes del resguardo de Cumbal. Tambi\u00e9n se ha convertido en un factor de alarma el nombre \u2014y m\u00e1s concretamente el historial\u2014 de quien aparece en la carta de aceptaci\u00f3n de la oferta comercial de compra de bonos del proyecto Redd+ como \u201ctestigo\u201d.<\/p>\n\n\n\n Se trata de Jorge Luis Tipas Colimba, un habitante del resguardo que fue regidor en la vereda de Cuaspud, trabaj\u00f3 como funcionario p\u00fablico en la alcald\u00eda de Cumbal y fue diputado departamental<\/a>. Su carrera pol\u00edtica se vio truncada cuando, a finales de 2015, la Contralor\u00eda departamental de Nari\u00f1o lo hall\u00f3 responsable<\/a> por mal manejo administrativo en dos procesos distintos ligados a contratos que \u00e9l hab\u00eda supervisado durante su paso como secretario municipal de planeaci\u00f3n de Cumbal en 2012.<\/p>\n\n\n\n En un primer proceso, en noviembre de 2015, la Contralor\u00eda hall\u00f3 a Tipas responsable<\/a> por la \u201cp\u00e9rdida injustificada de recursos p\u00fablicos\u201d en un contrato de suministro de gasolina para una volqueta destinada al mantenimiento de v\u00edas en el resguardo de Chiles que estaba en reparaciones en Pasto. Seg\u00fan el ente departamental de veedur\u00eda a los recursos p\u00fablicos, Tipas no supervis\u00f3 ese contrato y \u201cfaltando a la verdad certific\u00f3 que el combustible y lubricantes fueron utilizados en un veh\u00edculo que no estaba siendo utilizado a favor de la comunidad\u201d. Un mes despu\u00e9s, la misma Contralor\u00eda departamental lo declar\u00f3 responsable fiscal<\/a> por no haber supervisado diez contratos para la adecuaci\u00f3n de la casa cultural de Chiles, no monitorear el uso de materiales y no darse cuenta que se usaron en obras distintas a la contratada. En ambos casos, la Contralor\u00eda determin\u00f3 que hubo \u201cun da\u00f1o al patrimonio p\u00fablico\u201d por cuenta del \u201cactuar negliglente\u201d de Tipas, que calific\u00f3<\/a> como \u201cculpa grave de car\u00e1cter omisivo\u201d. La suma de esas p\u00e9rdidas, seg\u00fan la Contralor\u00eda, fue de 102,3 millones de pesos (unos 31.000 d\u00f3lares al tipo de cambio en esa fecha).<\/p>\n\n\n\n Esos fallos<\/a> le acarrearon dos de las sanciones disciplinarias<\/a> m\u00e1s duras que hay en Colombia: en abril de 2016, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n registr\u00f3 una inhabilidad para desempe\u00f1ar cargos p\u00fablicos por diez a\u00f1os y otra id\u00e9ntica para contratar con el Estado. Ambas est\u00e1n vigentes hasta abril de 2026. (Varios de los documentos escriben Tipas con \u2018s\u2019 y otros con \u2018z\u2019, pero se refieren al mismo n\u00famero de c\u00e9dula).<\/p>\n\n\n\n Seis a\u00f1os despu\u00e9s, en marzo de 2022, un mes antes de la firma del contrato para el proyecto de carbono, la Contralor\u00eda de Nari\u00f1o volvi\u00f3 a fallar en contra de Tipas<\/a> en otro proceso distinto tambi\u00e9n ligado a su paso por la alcald\u00eda de Cumbal. Seg\u00fan el ente departamental, no se encontr\u00f3 \u201cvestigio alguno (\u2026) que permita establecer la ejecuci\u00f3n\u201d de un proyecto de restauraci\u00f3n ambiental en el resguardo de Cumbal y nunca se plantaron 46.000 pl\u00e1ntulas de \u00e1rboles nativos que fueron pagadas. Tipas argument\u00f3<\/a> que no fue designado supervisor de esos contratos, pero la Contralor\u00eda fall\u00f3 en su contra aduciendo que \u201cno puede minimizarse\u201d que no verific\u00f3 las actividades y a\u00fan as\u00ed certific\u00f3 su cumplimiento. En esa ocasi\u00f3n no le endilg\u00f3 responsabilidad fiscal y aclar\u00f3 que \u201cno participa en el enga\u00f1o para la obtenci\u00f3n de los recursos de manera intencional\u201d.<\/p>\n\n\n\n Tipas no respondi\u00f3 a una solicitud de entrevista de esta alianza period\u00edstica sobre su rol en el proyecto de carbono y sus sanciones vigentes.<\/p>\n\n\n\n Para los habitantes del resguardo en las faldas del volc\u00e1n Cumbal, la mayor iron\u00eda es que el proyecto que promete cuidar \u201cla totalidad de la extensi\u00f3n del territorio comprendido en el Resguardo del Gran Cumbal\u201d, como dice su contrato, los ha excluido del todo.<\/p>\n\n\n\n \u201cLa obligaci\u00f3n de la autoridad es hacer conocer cualquier proyecto: con perifoneo invitar y reunir a la comunidad, presentarle el proyecto y preguntarle c\u00f3mo se siente. Si la comunidad est\u00e1 de acuerdo, se hace. Pero calladamente no se puede\u201d, dice Gilberto Valenzuela, de 74 a\u00f1os, quien fue regidor de la vereda de Cuaical cuatro veces.<\/p>\n\n\n\n La suma de peculiaridades \u2014un proyecto desconocido por sus beneficiarios, documentos que no son p\u00fablicos, vasos comunicantes no declarados entre desarrolladores y auditores, un certificador que niega informaci\u00f3n a la comunidad y un asesor del proyecto sancionado e inhabilitado\u2014 han sembrado dudas entre ellos sobre su legitimidad. A eso se suma que podr\u00eda estar incumpliendo varias de las salvaguardas sociales y ambientales<\/a> para este tipo de iniciativas, incluyendo la transparencia en su informaci\u00f3n, el consentimiento y la participaci\u00f3n plena de sus beneficiarios, y la rendici\u00f3n de cuentas de sus resultados.<\/p>\n\n\n\n \u201cTodo debe hacerse con participaci\u00f3n y di\u00e1logo. El c\u00famulo de conocimiento de la comunidad, de los mayores, las mujeres, los j\u00f3venes profesionales y las organizaciones ambientales no se tom\u00f3 en cuenta, sino que la negociaci\u00f3n se hizo en Bogot\u00e1 a puerta cerrada\u201d, dice Omar Chiran, abogado y miembro del colectivo. A su juicio, el proyecto ha sido \u201ctotalmente lesivo de los derechos, procesos y cosmovisi\u00f3n de los pueblos ind\u00edgenas\u201d, por lo que est\u00e1n considerando interponer una acci\u00f3n judicial, emulando la de los ind\u00edgenas del Pir\u00e1 Paran\u00e1 que fue seleccionada<\/a> para revisi\u00f3n por la Corte Constitucional.<\/p>\n\n\n\n Eso les permitir\u00eda corregir, como m\u00ednimo, que el proyecto beneficie a quienes ya est\u00e1n protegiendo a la \u201cmadre tierra\u201d en Cumbal. \u201cNo estamos beneficiados en ning\u00fan momento las comunidades que de verdad cuidamos los p\u00e1ramos y los bosques\u201d, dice Mar\u00eda Jael Cuaical, una ind\u00edgena de 50 a\u00f1os que lidera un vivero de plantas nativas en la vereda de Guan. En los semilleros de su asociaci\u00f3n Sinchimaki<\/a>, donde trabajan once familias, crecen cientos de \u00e1rboles propios de los bosques altoandinos \u2014pumamaquis, caspimotes, capul\u00edes, chilcuaros y charmelanes\u2014 que siembran en los bordes de las quebradas que bajan del p\u00e1ramo.<\/p>\n\n\n\n Pero, dice Cuaical, \u201csomos invisibles\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El 7 de diciembre de 2022, Diana Puenguenan vio un mensaje que la alarm\u00f3. 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Carbono entre p\u00e1ramos y volcanes<\/h3>\n\n\n\n
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Una auditora no tan independiente<\/h3>\n\n\n\n
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La cliente petrolera<\/h3>\n\n\n\n
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El asesor de carbono sancionado e inhabilitado<\/h3>\n\n\n\n
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<\/figure>\n\n\n\nProblemas para la \u201cmadre tierra\u201d<\/h3>\n\n\n\n
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