{"id":123244,"date":"2023-10-26T13:13:20","date_gmt":"2023-10-26T18:13:20","guid":{"rendered":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/?p=123244"},"modified":"2023-10-26T13:13:23","modified_gmt":"2023-10-26T18:13:23","slug":"reforma-al-poder-judicial-contrastar-propuestas-rumbo-al-2024","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/editorial\/reforma-al-poder-judicial-contrastar-propuestas-rumbo-al-2024\/","title":{"rendered":"Reforma al Poder Judicial: contrastar propuestas rumbo al 2024"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00bfQu\u00e9 condiciones m\u00ednimas deben existir para garantizar la independencia judicial?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Conforme a los principios de Bangalore sobre la conducta judicial, los Estados se encuentran obligados a garantizar tres condiciones m\u00ednimas para su efectividad: a) la seguridad en el puesto; b) la seguridad econ\u00f3mica y, c) la\u00a0independencia institucional.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En ese sentido, la extinci\u00f3n de los fideicomisos, as\u00ed como la amenaza de reducci\u00f3n presupuestaria de casi un tercio de lo solicitado por el Poder Judicial de la Federaci\u00f3n, impactar\u00eda sustancialmente \u2013por lo menos\u2013 en dos de las tres condiciones m\u00ednimas citadas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sobre este aspecto no debemos olvidar que la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino un derecho humano de todas las personas. Se trata de un principio que garantiza la adecuada impartici\u00f3n de justicia y que permite hacer efectivas las libertades y la igualdad.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una judicatura sometida a la voluntad de los actores pol\u00edticos o sujeta a influencias externas, dif\u00edcilmente podr\u00e1 desempe\u00f1ar \u2013entre otras\u2013 la funci\u00f3n de revisar los actos de los dem\u00e1s Poderes para asegurarse que estos no excedan los l\u00edmites que expresamente establece la Constituci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En otras palabras, la ausencia de garant\u00edas que hacen posible la independencia judicial eventualmente provocar\u00e1 que la judicatura regrese a ese rol meramente testimonial que tuvo durante buena parte del siglo pasado, abandonando cualquier posibilidad de fungir como verdadero contrapeso en t\u00e9rminos del principio de divisi\u00f3n de Poderes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ahora bien, con relaci\u00f3n a las garant\u00edas de seguridad econ\u00f3mica e independencia institucional, tanto la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, han coincidido que el presupuesto asignado al Poder Judicial debe encontrarse adecuado a sus necesidades, estar asegurado y revisarse progresivamente, para lo cual han planteado que resulta necesario establecer en el marco normativo un porcentaje fijo del Producto Interno Bruto (PIB)\u00a0para su asignaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta garant\u00eda presupuestaria permitir\u00eda asegurar una verdadera autonom\u00eda e independencia de ese Poder, al sustraerlo de la din\u00e1mica pol\u00edtica que implica cada a\u00f1o, la discusi\u00f3n, negociaci\u00f3n y aprobaci\u00f3n del Presupuesto de Egresos de la Federaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ram\u00edrez Carvajal sostiene que, la autonom\u00eda sobre un porcentaje fijo del presupuesto \u2013que no deba ser negociado permanentemente con el sector pol\u00edtico\u2013 permite al juez definir democr\u00e1ticamente las prioridades para un adecuado funcionamiento de la justicia, adoptar medidas para el fortalecimiento homog\u00e9neo de las diversas regiones, as\u00ed como propiciar y mantener los recursos f\u00edsicos necesarios para la adecuada prestaci\u00f3n del servicio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si bien conforme al dise\u00f1o constitucional vigente el Poder Judicial de la Federaci\u00f3n cuenta con una relativa autonom\u00eda presupuestal que le permite elaborar su propio proyecto de presupuesto de egresos y ejecutarlo una vez asignado, el monto final se determina por parte de la C\u00e1mara de Diputados en ejercicio de la facultad exclusiva que le otorga la propia Constituci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es decir, la \u201cautonom\u00eda\u201d presupuestaria del Poder Judicial se encuentra supeditada a la \u201cbuena fe\u201d de los integrantes de la legislatura, pues son ellos quienes a partir de criterios pol\u00edticos \u2013ni t\u00e9cnicos ni objetivos\u2013 determinan en \u00faltima instancia lo que es justo o necesario para asegurar la adecuada impartici\u00f3n de justicia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por ejemplo, en un excelente an\u00e1lisis elaborado por la organizaci\u00f3n M\u00e9xico Eval\u00faa se document\u00f3 que entre 2000 y 2023, la c\u00e1mara baja autoriz\u00f3 en promedio 10.2% menos de lo que fue solicitado por el\u00a0Poder Judicial de la Federaci\u00f3n (4). Sin embargo, esta cifra palidece frente a la anunciada por los representantes del partido mayoritario, quienes han adelantado que para el ejercicio 2024 el recorte ser\u00eda de hasta un 30% del total solicitado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En caso de concretarse el recorte anunciado, se pondr\u00eda en riesgo el derecho de acceso a la justicia de millones de mexicanos, pues se estima que esta medida implicar\u00eda la desaparici\u00f3n del 63% de los Juzgados de Distrito, el 60% de los Tribunales Colegiados y cerca del 35% de la capacidad laboral.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Estas cifras demuestran que la Constituci\u00f3n no anticipa la mala fe de los individuos que integran los poderes p\u00fablicos, pues presume su compromiso democr\u00e1tico. Sin embargo, el silencio de la Constituci\u00f3n no debe seguir utiliz\u00e1ndose como pretexto para impulsar la destrucci\u00f3n de las instituciones.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Precisamente por este motivo, resulta indispensable que los partidos de oposici\u00f3n asuman el compromiso de impulsar, en sus respectivas plataformas electorales, una propuesta de reforma a la Constituci\u00f3n que incorpore expresamente la garant\u00eda de irreductibilidad presupuestal en favor del Poder Judicial de la Federaci\u00f3n, ya sea mediante el establecimiento de un porcentaje fijo del PIB o del gasto programado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Del lado del oficialismo ya pusieron las cartas sobre la mesa y han se\u00f1alado con toda claridad que, en caso de lograr la mayor\u00eda calificada en el Congreso, impulsar\u00e1n una reforma constitucional que permita someter la elecci\u00f3n de jueces, magistrados y ministros al voto popular.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En consecuencia, no basta con que la oposici\u00f3n asuma una postura defensiva en la que todo permanezca como se encuentra actualmente. Se debe aprovechar la coyuntura pol\u00edtica para impulsar una reforma al Poder Judicial de la Federaci\u00f3n que haga contraste con la del obradorismo y que permita, finalmente, consolidar una verdadera divisi\u00f3n de Poderes.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00bfQu\u00e9 condiciones m\u00ednimas deben existir para garantizar la independencia judicial? Conforme a los principios de Bangalore sobre la conducta judicial, los Estados se encuentran obligados a garantizar tres condiciones m\u00ednimas para su efectividad: a) la seguridad en el puesto; b) la seguridad econ\u00f3mica y, c) la\u00a0independencia institucional. 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