Pese al discurso oficial, la criminalizaci\u00f3n de la defensa de derechos humanos y la labor period\u00edstica persiste. Entendemos la criminalizaci\u00f3n como la utlizaci\u00f3n de la ley y las instituciones penales para castigar expresiones de descontento ante la autoridad o la difusi\u00f3n de ideas e informaciones inc\u00f3modas para el poder.<\/p>\n\n\n\n
Pese a la transici\u00f3n a la democracia electoral, la debilidad del Estado de derecho ha perpetuado la persecuci\u00f3n criminal de activistas, manifestantes y periodistas. Dadas las condenas internacionales por casos espec\u00edficos o figuras legales proclives a ser utilizadas y manipuladas para castigar expresiones disidentes o inc\u00f3modas, encontramos que esta formas mutan y se sofistican con el tiempo.<\/p>\n\n\n\n
La figura de los delitos contra el honor (difamaci\u00f3n, calumnias e injurias) se ha empleado hist\u00f3ricamente para criminalizar la labor de periodistas y otras personas que cumplen con la labor de informar, en particular sobre hechos de corrupci\u00f3n y abuso de poder. Dichos delitos han sido declarados contrarios al ejercicio de la libertad de expresi\u00f3n por parte de organismos de la ONU y la propia CIDH.<\/p>\n\n\n\n
Hay casos emblem\u00e1ticos como el de Lydia Cacho (Quintana Roo-Puebla) y Leonardo Garc\u00eda (Hidalgo), quienes sufrieron el uso del derecho penal y espec\u00edficamente el delito de difamaci\u00f3n para criminalizarlos y silenciarlos, a pesar de que la informaci\u00f3n que publicaron ten\u00eda un evidente y leg\u00edtimo contenido de inter\u00e9s p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n
Lydia dio a conocer una red de trata de personas y pederastia lo cual dio pie a una falsa acusaci\u00f3n de difamaci\u00f3n y su tortura ordenada por el entonces gobernador de Puebla Mario Mar\u00edn. Leonardo cont\u00f3 los conflictos de inter\u00e9ses entre una constructorsa y el gobierno estatal de Hidalgo encabezado por en Francisco Olvera en aquel entonces.<\/p>\n\n\n\n
En a\u00f1os recientes tenemos el caso de Esther Beatriz May Vera, quien fue vinculada a proceso en noviembre del 2021 por difamaci\u00f3n, serivado de una denuncia del Oficial Mayor del Ayuntamiento de Motul como represalia a las notas que public\u00f3 sobre las agresiones e intimidaciones que ha vivido por parte de integrantes del ayuntamiento. Por \u00faltimo, el caso que caus\u00f3 m\u00e1s revuelo fue el de Alfredo Jalife Rahme, denunciado por difamaci\u00f3n por parte de Tatiana Clouthier, detenido y vinculado a proceso el 5 de diciembre pasado.<\/p>\n\n\n\n
Pero tambi\u00e9n tenemos delitos que pese a que su definci\u00f3n no conlleva una criminalizaci\u00f3n directa de la libertad de expresi\u00f3n, han sido hist\u00f3ricamente utilizadas para perseguir activistas y defensores del medio ambiente y territorio.<\/p>\n\n\n\n
De ello da cuenta el reciente caso del defensor de derechos humanos y opositor al Corredor Interoce\u00e1nico en Oaxaca, David Hern\u00e1ndez, quien el 7 de febrero fue sentenciado a 46 a\u00f1os de prisi\u00f3n <\/strong>y un pago por reparaci\u00f3n de da\u00f1os por la cantidad de un mill\u00f3n 100 mil pesos. Hern\u00e1ndez fue denunciado junto a otros 17 integrantes de la comunidad ind\u00edgena de Binniza que defiende sus tierras frente a uno de los Polos de Desarrollo del corredor Trans\u00edtsmico.<\/p>\n\n\n\n El caso de la defensora amuzga Kenia Hern\u00e1ndez quien fue imputada y detenida desde 2019 por la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica por diversos delitos delitos federales (entre ellos \u201cataques a las v\u00edas de comunicaci\u00f3n\u201d) y del fuero com\u00fan en el Estado de M\u00e9xico. La raz\u00f3n fue la toma de casetas en protesta por el encarcelamiento de sus compa\u00f1eros de lucha. Kenia fue detenida con violencia y ha sido sujeta a tortura f\u00edsica y psicol\u00f3gica<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan registros de Art\u00edculo 19, en lo que va del sexenio, se han entablado 53 procesos penales contra periodistas en raz\u00f3n de su labor. Y hablando de Art\u00edculo 19, hoy enfrentamos dos denuncias penales interpuestas por el abogado Ulrich Richter, apoyado por el oficialismo en su ataque judicial a la organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n A estas viejas formas de perseguir las expresiones que entra\u00f1an informaci\u00f3n de inter\u00e9s p\u00fablico, se suman formas m\u00e1s s\u00fatiles y suprepticias.<\/p>\n\n\n\n Desde hace 15 a\u00f1os, los congresos locales han buscado adoptar los famosos delitos de \u201chalconeo\u201d que en la pr\u00e1ctica criminalizan la b\u00fasqueda de informaci\u00f3n de inter\u00e9s p\u00fablico sobre temas de seguridad p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n En el caso de periodistas, la nueva forma de acosar y tratar de inhibir su labor es mediante delitos electorales como la violencia pol\u00edtica en raz\u00f3n de g\u00e9nero. Pese a la urgencia de erradicar las pr\u00e1cticas machistas en la pol\u00edtica, incrementa la utilizaci\u00f3n abusiva de esta figura para inhibir el escrutinio sobre mujeres pol\u00edticas.<\/p>\n\n\n\n Recientemente, una andanada de aprobaciones legislativas locales de la llamada \u201cLey Ingrid\u201d termin\u00f3 en la tergivesaci\u00f3n de esta figura, como la ocurrida en Sonora y Estado de M\u00e9xico, estados cuyos Congresos terminaron criminalizando cualquier cobertura period\u00edstica sobre hechos relacionados con cr\u00edmenes, cuando la idea original \u2013 tal como se aprob\u00f3 en CDMX- era castigar filtraciones de fotos y datos de las v\u00edctimas por parte autoridades.<\/p>\n\n\n\n En casos como el \u201chalconeo\u201d en Chiapas, Guanajuato, Michoac\u00e1n y Quintana Roo, o la \u201cLey Ingrid\u201d en Sonora y Edomex, la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n declar\u00f3 inconstitucionales tales delitos. Lo mismo hizo en 2021 con delitos integrados en el C\u00f3digo Penal de Tabasco que criminalizaban la protesta. Hace tan solo tres d\u00edas el m\u00e1ximo tribunal tambi\u00e9n invalid\u00f3 una porci\u00f3n de la reforma al art\u00edculo 256 del C\u00f3digo Penal de la Ciudad de M\u00e9xico que contiene el delito de \u201ccorrupci\u00f3n\u201d, espec\u00edficamente la extensi\u00f3n de la definici\u00f3n de \u201cservidor p\u00fablico\u201d a representantes de entidades civiles que recibieran alg\u00fan apoyo p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n Pero no todos los delitos ni los casos particulares han llegado, ni llegaran a la Suprema Corte para su revisi\u00f3n. En ese entendido, tenemos que lidiar con autoridades de procuraci\u00f3n de justicia y poderes judiciales locales, y en ocasiones federales, sometidas a l\u00f3gicas pol\u00edticas que convalidan la criminalizaci\u00f3n de la protesta, la defensa de derechos humanos y del periodismo. Este lastre del autoritarismo m\u00e1s rancio se mantiene peligrosamente vivo.<\/p>\n\n\n\n Fuente: sinembargo<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Pese al discurso oficial, la criminalizaci\u00f3n de la defensa de derechos humanos y la labor period\u00edstica persiste. Entendemos la criminalizaci\u00f3n como la utlizaci\u00f3n de la ley y las instituciones penales para castigar expresiones de descontento ante la autoridad o la difusi\u00f3n de ideas e informaciones inc\u00f3modas para el poder. 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