Ocho gramos de cannabis. Una autorizaci\u00f3n legal vigente, emitida por COFEPRIS. A pesar de eso, una persona fue detenida en el Aeropuerto Internacional Felipe \u00c1ngeles por elementos de la Guardia Nacional. Fue llevada a la Fiscal\u00eda de Tultitl\u00e1n, donde la despojaron de su documento oficial, la torturaron y la mantuvieron encerrada durante dos d\u00edas. Todo esto ocurri\u00f3 en 2025, cuatro a\u00f1os despu\u00e9s de que la Suprema Corte declarara inconstitucional la prohibici\u00f3n absoluta del consumo l\u00fadico. Aunque la portaci\u00f3n de cannabis sigue tipificada como delito, quienes cuentan con autorizaci\u00f3n oficial ejercen un derecho reconocido por el m\u00e1ximo tribunal. Aun as\u00ed, las instituciones act\u00faan como si nada hubiera cambiado.<\/p>\n\n\n\n
Visto lo visto, es evidente que la Guardia Nacional act\u00faa bajo una l\u00f3gica arbitraria y no reconoce otra autoridad que la militar. No distingue entre derecho y delito, ni entre usuario y criminal. Fue dise\u00f1ada con la mentalidad de cuartel, desplegada sin controles civiles, entregada a la disciplina militar. Se le encomend\u00f3 una tarea para la que no fue formada: brindar seguridad p\u00fablica en un Estado constitucional. Pero act\u00faa como si su misi\u00f3n fuera controlar, imponer, castigar. La Ley queda subordinada al criterio del mando. Y en la pr\u00e1ctica, el uniforme se impone al derecho.<\/p>\n\n\n\n
El comunicado de la organizaci\u00f3n Di-sentir documenta con detalle lo ocurrido. La persona detenida contaba con una autorizaci\u00f3n legal vigente, emitida conforme a los procedimientos establecidos. Portaba una cantidad que no s\u00f3lo es menor al umbral de tolerancia informalmente aceptado durante a\u00f1os, sino que adem\u00e1s est\u00e1 protegida por la declaratoria de inconstitucionalidad de la Suprema Corte desde hace casi un lustro. Nada de eso import\u00f3. La detenci\u00f3n fue arbitraria, la tortura inadmisible y la reacci\u00f3n institucional nula.<\/p>\n\n\n\n
La responsabilidad no se limita a quienes ejecutaron el arresto. La Fiscal\u00eda del Estado de M\u00e9xico form\u00f3 parte del atropello. En lugar de liberar de inmediato a la persona detenida, valid\u00f3 la detenci\u00f3n arbitraria y prolong\u00f3 el abuso. En un r\u00e9gimen militarizado resulta dif\u00edcil imaginar a un agente del Ministerio P\u00fablico contradiciendo a un militar que entrega a un civil como si fuera un trofeo. La subordinaci\u00f3n est\u00e1 normalizada. Investigar, preguntar o contrastar ya no forma parte del procedimiento. El uniforme basta. Si un coronel entrega a alguien, el Fiscal procede. La cadena de mando pesa m\u00e1s que cualquier noci\u00f3n de legalidad. Eso ya est\u00e1 ocurriendo en M\u00e9xico, despu\u00e9s de dos d\u00e9cadas de usurpaci\u00f3n militar del poder civil, proceso que se ha acelerado durante los dos \u00faltimos gobiernos.<\/p>\n\n\n\n
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