Andrea Viloria, de PROJUC, advirti\u00f3 el d\u00eda 20 de agosto en un foro para analizar el impacto del delito de ciberacoso en Puebla: \u201cEl acoso judicial tiene como principal objetivo silenciar voces cr\u00edticas y en M\u00e9xico vemos una tendencia al alza en su uso. De 2018 a 2022, registramos 22 demandas de acoso judicial en Puebla\u201d.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con Art\u00edculo 19, el acoso judicial consiste en utilizar mecanismos legales para intimidar o censurar a quienes ejercen su libertad de expresi\u00f3n. En lugar de debatir en el espacio p\u00fablico o recurrir al derecho de r\u00e9plica. As\u00ed, se trasladan los conflictos a los tribunales, muchas veces sin fundamento jur\u00eddico s\u00f3lido. El objetivo no es ganar un juicio, sino silenciar voces cr\u00edticas, sobre todo cuando abordan asuntos de inter\u00e9s colectivo como la corrupci\u00f3n, las violaciones de derechos humanos o los abusos de poder. Estas pr\u00e1cticas suelen presentarse en forma de demandas por da\u00f1o moral o acusaciones de violencia pol\u00edtica en raz\u00f3n de g\u00e9nero.<\/p>\n\n\n\n
En los \u00faltimos meses hemos visto en M\u00e9xico un aumento en esta pr\u00e1ctica: el periodista Hern\u00e1n G\u00f3mez Bruera enfrenta demandas consideradas estrat\u00e9gicas para silenciar cr\u00edticas al Poder Judicial; en Campeche, el veterano periodista Jorge Gonz\u00e1lez fue penalmente acusado por la gobernadora y se le prohibi\u00f3 ejercer tras una columna cr\u00edtica; en Puebla, una reforma legal tipific\u00f3 el \u201cciberasedio\u201d con hasta tres a\u00f1os de prisi\u00f3n por insultos en redes, misma que organizaciones denunciaron como una \u201cley mordaza\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n podemos sumar el llamado caso Dato Protegido. Una ciudadana fue obligada a disculparse p\u00fablicamente durante 30 d\u00edas, pagar multa, tomar cursos y quedar registrada en un padr\u00f3n de sancionados por violencia pol\u00edtica de g\u00e9nero. Todo por un tuit cr\u00edtico, lo que desat\u00f3 indignaci\u00f3n nacional; se document\u00f3 adem\u00e1s una denuncia judicial contra un grupo que difundi\u00f3 im\u00e1genes del llamado \u201cMencho\u201d, presuntamente con fines de criminalizaci\u00f3n; y el periodista H\u00e9ctor de Maule\u00f3n y El Universal fueron objeto de medidas cautelares y acciones legales tras publicar una columna sobre posibles v\u00ednculos de pol\u00edticos tamaulipecos con el huachicol.<\/p>\n\n\n\n
No s\u00e9 si existe una pol\u00edtica dise\u00f1ada desde lo m\u00e1s alto del poder para limitar la libertad de expresi\u00f3n o se trata del abuso que llevan a cabo unos cuantos poderosos al ver que nadie los detiene. Lo cierto es que la presidenta Claudia Sheinbaum deber\u00eda reconocer los casos de acoso judicial y llamar a los suyos a la mesura. Es lo que har\u00eda una dem\u00f3crata. Decir, en cambio, que no pasa nada y que hay plena libertad de expresi\u00f3n, es jugar del lado de los censores.<\/p>\n\n\n\n
Fuente: el economista<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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