El primer argumento es que en todas estas \u00e1reas ya existen empresas privadas que satisfacen la demanda del p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n
En los \u00faltimos a\u00f1os, el gobierno federal ha impulsado la creaci\u00f3n de diversas empresas estatales: una aerol\u00ednea, una distribuidora de gas LP, una empresa de fertilizantes e, incluso, una dedicada a la producci\u00f3n de chocolates. La pregunta es si resulta adecuado destinar recursos p\u00fablicos a estas actividades. Creo que no.<\/p>\n\n\n\n
El primer argumento es que en todas estas \u00e1reas ya existen empresas privadas que satisfacen la demanda del p\u00fablico. Quienes defienden la intervenci\u00f3n estatal suelen afirmar que el nivel de competencia en algunos sectores no es el \u00f3ptimo y que, por ello, se justificar\u00eda la creaci\u00f3n de empresas p\u00fablicas. Sin embargo, esto es una mala soluci\u00f3n. Si realmente se piensa que los niveles de competencia son bajos, lo que debe hacerse es aplicar pol\u00edticas de competencia efectivas: reducir barreras de entrada a nuevos competidores y fortalecer la regulaci\u00f3n. En este contexto, la transformaci\u00f3n de la Comisi\u00f3n Federal de Competencia Econ\u00f3mica, de un organismo aut\u00f3nomo a unodependiente del gobierno federal y con menor presupuesto, es un paso en la direcci\u00f3n equivocada.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, resulta dif\u00edcil argumentar que estos sectores en particular carecen de competencia. En el caso de los chocolates, por ejemplo, existe una amplia variedad de marcas y los precios son comparables con los de pa\u00edses avanzados. En aviaci\u00f3n, la mayor\u00eda de las rutas son disputadas por varias aerol\u00edneas y los precios, lejos de subir, han tendido a bajar en las \u00faltimas d\u00e9cadas aumentando dram\u00e1ticamente el n\u00famero de pasajeros. Si lo que se busca es mayor competencia en m\u00e1s rutas, lo adecuado ser\u00eda abrir m\u00e1s espacios para la asignaci\u00f3n de slots en aeropuertos, no lanzar una aerol\u00ednea estatal.<\/p>\n\n\n\n
El segundo argumento en contra es que estas empresas distraen al gobierno de sus funciones prioritarias y exclusivas. El Estado mexicano tiene tareas enormes y urgentes: regular adecuadamente, combatir la pobreza,mejorar la salud p\u00fablica y, sobre todo, garantizar la seguridad de los ciudadanos. Estas tareas, a diferencia de las comentadas, no las puede realizar el sector privado.<\/p>\n\n\n\n
Un tercer argumento es que las empresas p\u00fablicas crean oportunidades de corrupci\u00f3n. La historia mexicana muestra que cuando el gobierno opera empresas, proliferan los espacios para malos manejos. Esto en un contexto en que la corrupci\u00f3n no es un problema menor en nuestro pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
En cuarto lugar, las empresas estatales representan un riesgo fiscal. Si tienen p\u00e9rdidas, ser\u00e1n los contribuyentes quienes absorban el costo. En contraste, cuando una empresa privada pierde dinero, los que pagan las consecuencias son los accionistas, no los ciudadanos.<\/p>\n\n\n\n
Quinto: la existencia de empresas estatales puede desincentivar la inversi\u00f3n privada. Muchas compa\u00f1\u00edas podr\u00edan considerar injusto competir contra una empresa gubernamental que puede operar con p\u00e9rdidas durante a\u00f1os, respaldada por el presupuesto p\u00fablico. Ante ese escenario, algunos actores preferir\u00e1n no invertir, reduciendo as\u00ed la innovaci\u00f3n, la competencia y el empleo formal.<\/p>\n\n\n\n
Un sexto punto es que estas pr\u00e1cticas pueden violar compromisos internacionales. Los tratados de libre comercio, incluido el T-MEC, establecen que las empresas p\u00fablicas deben competir en igualdad de condiciones con las privadas. Si se percibe que no lo hacen, M\u00e9xico podr\u00eda enfrentar litigios o sanciones.<\/p>\n\n\n\n
Es cierto que hay un debate leg\u00edtimo sobre la existencia de empresas p\u00fablicas en sectores que constituyen monopolios naturales, como la operaci\u00f3n de v\u00edas f\u00e9rreas o la provisi\u00f3n de ciertos energ\u00e9ticos. Incluso en esos casos, personalmente considero preferible contar con empresas privadas sujetas a una regulaci\u00f3n estricta. Pero, sea cual sea la posici\u00f3n en esa discusi\u00f3n, lo que parece claro es que no aplica para los sectores aqu\u00ed comentados.<\/p>\n\n\n\n
Algunos defensores de la intervenci\u00f3n estatal se\u00f1alan que, en ocasiones, las empresas gubernamentales han sido fuente de innovaciones con grandes beneficios sociales. Recuerdan, por ejemplo, que el internet surgi\u00f3 de investigaciones financiadas con fondos p\u00fablicos en Estados Unidos. Es un buen punto, pero dif\u00edcil de sostener en el caso mexicano y en los sectores en cuesti\u00f3n. Las capacidades operativas de nuestro gobierno no son comparables a las de pa\u00edses avanzados, por lo que es poco realista esperar que surjan innovaciones transformadoras de estas empresas.<\/p>\n\n\n\n
M\u00e9xico ya experiment\u00f3 en el pasado con una fuerte participaci\u00f3n de empresas p\u00fablicas en diversos sectores: hoteles, telefon\u00eda, bancos, siderurgia, fertilizantes, aerol\u00edneas y m\u00e1s. El resultado fue un rotundo fracaso: empresas ineficientes, con p\u00e9rdidas constantes, que se convirtieron en enormes cargas fiscales.<\/p>\n\n\n\n
El sector p\u00fablico mexicano tiene tareas fundamentales y urgentes: regular los mercados, corregir fallas de competencia, combatir la pobreza y la desigualdad, garantizar seguridad y fortalecer los servicios p\u00fablicos. Operar aerol\u00edneas, vender gas LP o fabricar chocolates no deber\u00eda estar entre esas responsabilidades.<\/p>\n\n\n\n
Fuentes: EF<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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