Una investigaci\u00f3n de Mexicanos Contra la Corrupci\u00f3n y la Impunidad y Pol\u00edtica Colectiva identific\u00f3 8,511 contrataciones p\u00fablicas entre 2019 y 2025, pero encontr\u00f3 documentos inaccesibles, registros inconsistentes y ausencia de una plataforma estatal que permita conocer c\u00f3mo se ejercieron los recursos.<\/p>\n\n\n\n
M\u00c9RIDA, YUCAT\u00c1N.\u2014<\/strong>Pese a que el Gobierno de Yucat\u00e1n realiz\u00f3 miles de contrataciones p\u00fablicas por m\u00e1s de 20 mil millones de pesos entre 2019 y 2025, conocer con precisi\u00f3n c\u00f3mo se asignaron esos recursos y qui\u00e9nes resultaron beneficiados sigue siendo una tarea complicada debido a las deficiencias en los mecanismos oficiales de transparencia.<\/p>\n\n\n\n Una investigaci\u00f3n realizada por Mexicanos Contra la Corrupci\u00f3n y la Impunidad (MCCI)<\/strong> y Pol\u00edtica Colectiva<\/strong> identific\u00f3 8,511 contrataciones correspondientes a ese periodo, pero document\u00f3 irregularidades en la publicaci\u00f3n y organizaci\u00f3n de la informaci\u00f3n, as\u00ed como dificultades para acceder a los expedientes que deber\u00edan respaldar las operaciones.<\/p>\n\n\n\n El an\u00e1lisis, publicado este martes bajo el t\u00edtulo Tras la huella de Nuestro Dinero: Los contratos del gobierno estatal de Yucat\u00e1n y su transparencia, 2019\u20132025<\/em>, advierte que la entidad carece de una plataforma gubernamental propia que concentre los contratos p\u00fablicos y permita consultarlos de manera sistem\u00e1tica.<\/p>\n\n\n\n En consecuencia, la principal fuente disponible para conocer las adquisiciones y contrataciones del gobierno estatal es la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), cuyos registros presentan inconsistencias que dificultan su revisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Uno de los hallazgos m\u00e1s relevantes de la investigaci\u00f3n es que, de 1,711 procesos de contrataci\u00f3n seleccionados para verificar su documentaci\u00f3n, en 966 casos no fue posible abrir los archivos correspondientes<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Esto significa que aproximadamente el 56.5% de los expedientes seleccionados present\u00f3 problemas de acceso, ya fuera porque los enlaces electr\u00f3nicos dejaron de funcionar o porque los documentos no se encontraban en las carpetas indicadas.<\/p>\n\n\n\n La situaci\u00f3n limita la posibilidad de comprobar las condiciones bajo las cuales se realizaron las contrataciones, revisar sus alcances y conocer los documentos que respaldan las decisiones de las dependencias.<\/p>\n\n\n\n Los investigadores tambi\u00e9n detectaron n\u00fameros de contrato inconsistentes, proveedores sin identificar y diferencias en los criterios utilizados por las instituciones para capturar la informaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Estas deficiencias complican la identificaci\u00f3n de contratistas y el seguimiento de los recursos p\u00fablicos, adem\u00e1s de obstaculizar la comparaci\u00f3n entre dependencias y ejercicios presupuestales.<\/p>\n\n\n\n De acuerdo con el an\u00e1lisis, el 98.4% de los contratos identificados de la administraci\u00f3n centralizada se localiz\u00f3 en la Plataforma Nacional de Transparencia<\/strong>, mientras que el 1.6% restante tuvo que obtenerse exclusivamente mediante solicitudes de informaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n MCCI y Pol\u00edtica Colectiva se\u00f1alaron que los portales estatales disponibles est\u00e1n vac\u00edos o contienen informaci\u00f3n incompleta.<\/p>\n\n\n\n El \u00fanico portal local en el que encontraron contratos fue el de la Secretar\u00eda de Salud, pero su contenido se limita a los a\u00f1os 2017, 2021 y 2022, sin documentos de respaldo que permitan verificar las operaciones.<\/p>\n\n\n\n La investigaci\u00f3n sostiene que la publicaci\u00f3n de registros no garantiza por s\u00ed misma el acceso efectivo a la informaci\u00f3n, particularmente cuando los documentos est\u00e1n dispersos, los enlaces no funcionan o los datos no siguen criterios uniformes.<\/p>\n\n\n\n El periodo analizado comprende principalmente la administraci\u00f3n del exgobernador Mauricio Vila Dosal, que concluy\u00f3 en septiembre de 2024, as\u00ed como el inicio del gobierno de Joaqu\u00edn D\u00edaz Mena, que asumi\u00f3 el cargo en octubre de ese a\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n Por ello, las deficiencias identificadas abarcan informaci\u00f3n correspondiente a dos administraciones estatales, aunque el estudio no establece que todos los problemas se hayan originado bajo una misma gesti\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Los resultados plantean cuestionamientos sobre la continuidad de las obligaciones de transparencia y la capacidad institucional para conservar, organizar y poner a disposici\u00f3n del p\u00fablico los expedientes de contrataci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n La falta de documentaci\u00f3n accesible no demuestra por s\u00ed sola que las contrataciones sean ilegales o que exista desv\u00edo de recursos, pero s\u00ed dificulta que ciudadanos, periodistas y organismos fiscalizadores puedan revisar las condiciones en que se ejerci\u00f3 el presupuesto.<\/p>\n\n\n\n El estudio forma parte de un proyecto conjunto de MCCI y Pol\u00edtica Colectiva para evaluar las capacidades y limitaciones de los gobiernos estatales en materia de transparencia de contrataciones p\u00fablicas.<\/p>\n\n\n\n Despu\u00e9s de una primera entrega dedicada a Jalisco, las organizaciones examinaron el caso de Yucat\u00e1n mediante la revisi\u00f3n y sistematizaci\u00f3n de registros oficiales correspondientes al periodo 2019-2025.<\/p>\n\n\n\n El principal problema identificado no es \u00fanicamente la ausencia de un portal estatal especializado, sino la dificultad para reconstruir las operaciones gubernamentales a partir de informaci\u00f3n dispersa, incompleta o inaccesible.<\/p>\n\n\n\n El resultado es una brecha entre la obligaci\u00f3n de publicar informaci\u00f3n y la posibilidad real de fiscalizar el gasto p\u00fablico:<\/strong> aunque existen registros de miles de contratos por m\u00e1s de 20 mil millones de pesos, una parte importante de sus documentos de respaldo no puede consultarse mediante los enlaces disponibles.<\/p>\n\n\n\n La investigaci\u00f3n pone de relieve la necesidad de contar con expedientes completos, v\u00ednculos electr\u00f3nicos funcionales y criterios uniformes de publicaci\u00f3n que permitan seguir el destino del dinero p\u00fablico y conocer las condiciones de contrataci\u00f3n de los proveedores del Estado.<\/p>\n\n\n\n Fuente:<\/strong> Unidad de Investigaci\u00f3n Aplicada de Mexicanos Contra la Corrupci\u00f3n y la Impunidad (MCCI) y Pol\u00edtica Colectiva. Investigaci\u00f3n publicada el 10 de noviembre de 2026.<\/p>\n\n\n\n Documentaci\u00f3n complementaria: La base de datos publicada por las organizaciones identifica 2,719 proveedores y precisa que los 20,363 millones de pesos incluyen contratos de la administraci\u00f3n centralizada entre 2019 y 2025, adem\u00e1s de registros de Servicios de Salud correspondientes a 2017, 2021 y 2022. Esta distinci\u00f3n es importante para interpretar correctamente el periodo y el monto total.<\/p>\n\n\n\n Fuente: NC<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Una investigaci\u00f3n de Mexicanos Contra la Corrupci\u00f3n y la Impunidad y Pol\u00edtica Colectiva identific\u00f3 8,511 contrataciones p\u00fablicas entre 2019 y 2025, pero encontr\u00f3 documentos inaccesibles, registros inconsistentes y ausencia de una plataforma estatal que permita conocer c\u00f3mo se ejercieron los recursos. 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Dependencia casi total de la Plataforma Nacional de Transparencia<\/h3>\n\n\n\n
Contrataciones abarcan distintas administraciones estatales<\/h3>\n\n\n\n
La transparencia, pendiente en el manejo del dinero p\u00fablico<\/h3>\n\n\n\n