{"id":84193,"date":"2020-10-20T11:47:29","date_gmt":"2020-10-20T16:47:29","guid":{"rendered":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/?p=84193"},"modified":"2020-10-20T11:47:32","modified_gmt":"2020-10-20T16:47:32","slug":"la-asf-hallo-desfalcos-en-sct-de-ruiz-esparza-y-89-ex-funcionarios-tambien-operaron-esos-recursos","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/destacadas\/la-asf-hallo-desfalcos-en-sct-de-ruiz-esparza-y-89-ex-funcionarios-tambien-operaron-esos-recursos\/","title":{"rendered":"La ASF hall\u00f3 desfalcos en SCT de Ruiz Esparza y 89 ex funcionarios tambi\u00e9n operaron esos recursos"},"content":{"rendered":"\n

Ciudad de M\u00e9xico.- Gerardo Ruiz Esparza<\/strong>\u00a0es el escal\u00f3n m\u00e1s alto en una trama de\u00a0presunta corrupci\u00f3n<\/strong>\u00a0en la\u00a0SCT<\/strong>. Durante el sexenio pasado, la ASF encontr\u00f3 m\u00e1s de 16.5 mil millones de pesos en\u00a0irregularidades no solventadas<\/strong>, ya fuera por actos u omisiones que fueron maquinados desde la base hasta la punta de la escalera burocr\u00e1tica.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s de Ruiz Esparza, cuando menos 89 funcionarios relacionados con su administraci\u00f3n (2012-2018) fueron probables responsables directos o indirectos de las anomal\u00edas halladas por la ASF, en 251 auditor\u00edas realizadas entre 2014 y 2018.<\/p>\n\n\n\n

Por un lado est\u00e1n 17 funcionarios y ex funcionarios que ocuparon los principales cargos directivos de la SCT. Esto es de especial relevancia si tomamos en consideraci\u00f3n que las decisiones de los directivos en la SCT est\u00e1n presentes \u201cen pr\u00e1cticamente todas las etapas\u201d del ciclo de inversi\u00f3n de los proyectos de obra p\u00fablica, de acuerdo con un an\u00e1lisis de 2018 sobre la estructura de la SCT, realizado por el Banco Nacional de Obras y Servicios P\u00fablicos (Banobras) y la empresa IDOM Ingenier\u00eda.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

Entre los 17 est\u00e1n un ex coordinador de Centros SCT en los estados de la Rep\u00fablica Mexicana; siete ex subsecretarios, dos de Infraestructura, dos de Transporte y tres de Comunicaciones; un ex Coordinador General de Puertos y Marina Mercante; un ex Oficial Mayor y un ex titular del \u00d3rgano Interno de Control de la SCT, adem\u00e1s de seis ex directores generales, dos del Instituto Mexicano del Transporte (IMT), dos de Servicios a la Navegaci\u00f3n en el Espacio A\u00e9reo Mexicano, as\u00ed como dos de la extinta Comisi\u00f3n Federal de Telecomunicaciones (hoy IFT).<\/p>\n\n\n\n

Al menos ocho de esos 17 funcionarios y ex funcionarios p\u00fablicos fueron se\u00f1alados entre 2013 y 2018 de presunta corrupci\u00f3n, conflicto de inter\u00e9s y\/o negligencia administrativa.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Gerardo Ruiz Esparza acompa\u00f1\u00f3 a Enrique Pe\u00f1a Nieto durante 13 a\u00f1os de carrera pol\u00edtica: desde su periodo (2005-2011) como Gobernador del Estado de M\u00e9xico, hasta el cierre de su Presidencia. Foto: Cuartoscuro.<\/p>\n\n\n\n

Entre ellos destaca el caso de Ra\u00fal Murrieta Cummings<\/strong>. En 2015, el otrora Subsecretario de Infraestructura (2012-2016) fue denunciado por el titular del Corporativo de Apoyo y Defensa para los Constructores Oaxaque\u00f1os. De acuerdo con Luis Alberto Ram\u00edrez Colmenares, Murrieta Cummings habr\u00eda protegido a funcionarios federales que cobraban anticipos (15 por ciento) sobre el valor de diversas obras p\u00fablicas, con la finalidad de apoyar las campa\u00f1as pol\u00edticas de Beatriz Rodr\u00edguez Casasnovas<\/strong> (para la diputaci\u00f3n federal de Oaxaca) y H\u00e9ctor Astudillo Flores<\/strong> (que buscaba la gubernatura de Guerrero).<\/p>\n\n\n\n

Murrieta Cummings y el ex Coordinador General de Centros SCT (2012-2018)\u00a0Jos\u00e9 Antonio Rodarte Leal<\/strong>, tambi\u00e9n fueron se\u00f1alados ese a\u00f1o de favorecer a unas cuantas empresas en 14 entidades federativas, pese a que algunas de ellas \u2013como en el caso de Expectras\u2013 ten\u00edan demandas pendientes por incumplimientos de contrato.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s de Murrieta y Rodarte, el ex titular (2010-2013) del ahora IFT, Mony Sacha de Swaan Addati<\/strong>, fue investigado por incurrir en un \u201csupuesto ejercicio indebido de funciones\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Entre 2011 y 2015, Sacha estuvo bajo la lupa de la Secretar\u00eda de la Funci\u00f3n P\u00fablica (SFP) por asignar contratos por 200 mil d\u00f3lares, a conocidos suyos. Sin embargo, en marzo de 2016, la SFP indic\u00f3 que no hab\u00eda pruebas suficientes para establecer la comisi\u00f3n de un il\u00edcito, por lo que determin\u00f3 \u201cla inexistencia de la responsabilidad administrativa que se le atribuy\u00f3\u201d al ex funcionario p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n

PROBABLES RESPONSABLES<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Entre 2014 y 2018, la ASF encontr\u00f3 que nueve de cada 100 pesos ejercidos por la SCT implicaron irregularidades no solventadas. De esos nueve pesos, cinco supusieron probables da\u00f1os a la Hacienda P\u00fablica Federal, por la posible comisi\u00f3n de un delito y\/o negligencia administrativa.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

Durante esos cinco a\u00f1os, la Auditor\u00eda encontr\u00f3 anomal\u00edas por pagos excesivos, indebidos y\/o injustificados que sumaron un monto total de casi 11.8 mil millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n

Asimismo, la ASF encontr\u00f3 2.7 mil millones de pesos utilizados para la compra de bienes y servicios que no fueron \u201cefectuados\u201d o \u201cencontrados\u201d al momento de las auditor\u00edas; 841.7 millones por incumplimientos de contrato, falta de cobro de medidas resarcitorias y entrega de amortizaciones y reintegros financieros a la Tesorer\u00eda de la Federaci\u00f3n, adem\u00e1s de probables da\u00f1os por 1.3 mil millones de pesos por \u201cdiferencias entre el volumen de obra pagado y cualificado\u201d en diversos proyectos de la SCT.<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con las cuentas p\u00fablicas de 2014 a 2018, hay al menos 72 ex funcionarios p\u00fablicos que, por sus respectivos cargos, fueron probables responsables directos o indirectos de las irregularidades no solventadas en cinco a\u00f1os de administraci\u00f3n de Gerardo Ruiz Esparza. De ellos, al menos 39 han sido se\u00f1alados de presunta corrupci\u00f3n, conflicto de inter\u00e9s y\/o negligencia administrativa.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

Uno de los casos m\u00e1s conocidos es el de Benito Neme Sastr\u00e9<\/strong>. El otrora director general de Caminos y Puentes Federales (Capufe) es investigado por la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) por la presunta adjudicaci\u00f3n irregular<\/strong> de contratos p\u00fablicos y enriquecimiento il\u00edcito<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con las auditor\u00edas de la ASF, Neme es uno de los posibles responsables de irregularidades por 151 millones 510 mil 547.47 pesos en Capufe durante 2014-2018, en que la dependencia federal gener\u00f3 probables da\u00f1os al erario p\u00fablico por realizar pagos excesivos, indebidos y\/o injustificados, as\u00ed como el adeudo de reintegros y falta de ejercicio de medidas resarcitorias, adem\u00e1s de contratar bienes y servicios no efectuados y tener obras con diferencias entre los vol\u00famenes de obra contratados y efectuados.<\/p>\n\n\n\n

Ejemplo de ello es el da\u00f1o al erario p\u00fablico por un pago \u201cextraordinario\u201d de m\u00e1s de 1.7 millones de pesos en 2018, durante la rehabilitaci\u00f3n del pavimento de la Autopista Cadereyta-Reynosa, en el estado de Nuevo Le\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con la ASF, Capufe \u201cautoriz\u00f3 indebidamente\u201d un pago a la empresa Coconal en agosto del a\u00f1o pasado, para la implementaci\u00f3n de un \u201cdispositivo permanente de monitoreo de tr\u00e1nsito vehicular\u201d. En la auditor\u00eda (2018-1-09J0U-20-0396-2019 396-DE) qued\u00f3 asentado que el gasto no ten\u00eda relaci\u00f3n con el objeto de contrato de obra p\u00fablica, ya que se trat\u00f3 de un proceso de adquisici\u00f3n de equipo de seguridad que deb\u00eda solicitarse por medio de otro contrato.<\/p>\n\n\n\n

Asimismo, entre los probables responsables estar\u00eda el ex Gobernador de Chiapas (2012-2018) Manuel Velasco Coello<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

En junio de 2017, la SCT firm\u00f3 un convenio de coordinaci\u00f3n con el Gobierno de Chiapas \u201cpara el otorgamiento de un subsidio en materia de infraestructura carretera\u201d. En total, la dependencia encabezada por Gerardo Ruiz Esparza asign\u00f3 409 millones de pesos para la modernizaci\u00f3n y ampliaci\u00f3n de la carretera Ocozocoautla-Villa Flores.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

Durante el ejercicio de 2018, la Auditor\u00eda encontr\u00f3 un probable da\u00f1o a la Hacienda P\u00fablica Federal por 19 millones 900 mil 979.97 pesos \u201cpor concepto de obra pagada no ejecutada\u201d, que era responsabilidad de la SCT y de la Secretar\u00eda de Obra P\u00fablica y Comunicaciones de Chiapas<\/strong>, entonces a cargo de Jorge Alberto Betancourt Esponda<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

En consecuencia, la ASF determin\u00f3 que ambas secretar\u00edas \u201cno cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia\u201d, de acuerdo con la auditor\u00eda de inversiones f\u00edsicas 2017-0-09100-04-0357-2018 357-DE.<\/p>\n\n\n\n

FUNCIONARIOS SANCIONADOS<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Al menos cinco de los 72 ex funcionarios p\u00fablicos involucrados en las irregularidades no solventadas por la SCT, fueron sancionados entre 2014 y 2018. En conjunto, estas cinco personas fueron probables responsables de da\u00f1os financieros por 2 mil 414 millones 614 mil 092.27 pesos.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

David Uribe Haydar<\/strong> fue uno de los involucrados en la p\u00e9rdida de 2.2 millones de pesos durante la ampliaci\u00f3n del Puerto de Isla del Carmen, en Campeche, por falta de integraci\u00f3n de recursos a la Tesorer\u00eda de la Federaci\u00f3n. El ex director general de la Administraci\u00f3n Portuaria Integral (API) de Campeche fue sancionado por la Contralor\u00eda estatal en 2017, con una multa de 39.3 millones de pesos por ocasionar da\u00f1os patrimoniales<\/strong> y desviar dinero p\u00fablico<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Asimismo, el otrora director general de Obras P\u00fablicas del Gobierno capitalino,\u00a0Alfredo Hern\u00e1ndez Garc\u00eda<\/strong>, fue uno de los probables responsables \u2013junto con su sucesor en el cargo,\u00a0Edgar Oswaldo Tung\u00fci Rodr\u00edguez<\/strong>\u00a0y el ex titular de Transporte Ferroviario y Multimodal de la SCT,\u00a0Guillermo Nev\u00e1rez Elizondo<\/strong>\u2013 de un da\u00f1o patrimonial de 1.3 mil millones de pesos durante las obras de construcci\u00f3n del\u00a0Tren Interurbano M\u00e9xico-Toluca<\/strong>\u00a0entre 2014 y 2015, por pagos excesivos, indebidos y\/o injustificados, as\u00ed como de servicios contratados no efectuados.<\/p>\n\n\n\n

En marzo de 2015, el entonces Jefe de Gobierno capitalino, Miguel \u00c1ngel Mancera Espinosa<\/strong>, solicit\u00f3 la destituci\u00f3n de Hern\u00e1ndez Garc\u00eda para que fuera investigado por supuestos conflictos de inter\u00e9s<\/strong>, ya que habr\u00eda otorgado contratos por 71 millones de pesos a la empresa Planet Ingenier\u00eda, en que su esposa (Erika Molina Barrag\u00e1n) fung\u00eda como directora comercial.<\/p>\n\n\n\n

Otro de los ex funcionarios p\u00fablicos relacionados con las irregularidades de la SCT fue Eduardo Bailey Elizondo<\/strong>. Como titular del Centro SCT Durango, en 2017-2018 fue uno de los probables responsables de 34.7 millones de pesos en montos pendientes por aclarar, relacionados con tres obras de modernizaci\u00f3n del Perif\u00e9rico G\u00f3mez Palacio-Torre\u00f3n y de la Carretera Federal Durango-Parral.<\/p>\n\n\n\n

El 29 de abril de 2017, Bailey fue detenido en Durango por los delitos de peculado<\/strong> y ejercicio indebido de funciones<\/strong>, por una defraudaci\u00f3n financiera superior a 359 millones de pesos, a trav\u00e9s de la compra de certificados burs\u00e1tiles sin capacidad de cr\u00e9dito ni garant\u00eda. La misma tarde en que fue detenido, Bailey fue trasladado a un hospital por problemas de hipertensi\u00f3n y se dio a la fuga. Sin embargo, unos d\u00edas despu\u00e9s reapareci\u00f3 con un amparo en contra del procedimiento penal, que seg\u00fan \u00e9l, era parte de una persecuci\u00f3n pol\u00edtica.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s de Uribe, Hern\u00e1ndez y Bailey, dos ex funcionarios p\u00fablicos de los Centros SCT Hidalgo y Morelos fueron sancionados por anomal\u00edas en su desempe\u00f1o como servidores p\u00fablicos.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

Gerardo Alberto Salom\u00f3n Bulos<\/strong> era el titular de la oficina de la SCT en Hidalgo (2015-2017) cuando la ASF determin\u00f3 irregularidades no solventadas por 25.1 millones de pesos en las obras de modernizaci\u00f3n de las carreteras Atotonilco-Zacualtip\u00e1n y Portezuelo-Palmillas. En la mayor\u00eda de los casos, la Auditor\u00eda concluy\u00f3 que hubo \u201cdiscrepancias\u201d econ\u00f3micas por diferencias entre el volumen de obra pagado y cuantificado.<\/p>\n\n\n\n

A finales de 2018, Salom\u00f3n fue suspendido por la SFP, ya que habr\u00eda transgredido \u201cdisposiciones constitucionales\u201d al asignar dos contratos de obra p\u00fablica por 23.3 millones de pesos a una compa\u00f1\u00eda (Urbanizaci\u00f3n y Construcciones Aldana) que estaba inhabilitada por el Gobierno federal, de acuerdo con el expediente DR-0004-2018.<\/p>\n\n\n\n

En el caso del ex director general del Centro SCT Morelos,\u00a0Jose Luis Alarc\u00f3n Ezeta<\/strong>, la ASF encontr\u00f3 m\u00e1s de 792.8 millones de pesos en pagos excesivos e injustificados entre 2014 y 2017, durante la construcci\u00f3n del\u00a0Paso Express de Cuernavaca<\/strong>\u00a0y del\u00a0Distribuidor Vial Palmira<\/strong>. Tras la muerte de dos personas (2017) en el Paso Express, Alarc\u00f3n fue destituido e inhabilitado por 10 a\u00f1os, ya que la SFP determin\u00f3 que no atendi\u00f3 las advertencias de riesgos en la obra, pese a que estaba informado.<\/p>\n\n\n\n

Fuente:<\/strong> sinembargo<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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