Ures, Son. Doce años después del derrame de cobre acidulado provocado por Grupo México en los ríos Bacanuchi y Sonora, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dio a conocer que según los estudios recientes realizados en la cuenca, persisten concentraciones de metales por encima de los límites establecidos para suelos de uso agrícola. Con base en ello anunció la segunda etapa de remediación en la zona.
Esta última incluirá acciones para vigilar la calidad del agua, recuperar suelos y atender las afectaciones que persisten en las comunidades, detalló Alicia Bárcena Ibarra, titular de Semarnat, durante su visita a Ures.
Informó que los primeros muestreos del área permitieron detectar concentraciones superiores a los parámetros permitidos de arsénico, cadmio, plomo y vanadio; en un segundo análisis también fueron encontrados niveles elevados de cadmio, cromo y vanadio.
“Ustedes nos lo dijeron, pero ya está comprobado”, señaló Bárcena Ibarra al presentar los resultados de los estudios realizados como parte del diagnóstico antes de comenzar la nueva etapa de remediación.
Dichos hallazgos representan uno de los principales puntos de partida para la intervención que el gobierno federal hará en la cuenca, entre septiembre y diciembre. “No puede haber justicia social sin justicia ambiental”, enfatizó la titular de la Semarnat. Explicó que el objetivo es trabajar en las áreas identificadas con alguna alteración, reducir riesgos y evaluar posteriormente los resultados; el proceso, indicó, no se limitará a retirar o tratar suelo contaminado, sino que contempla que haya seguimiento.
A 12 años del derrame
Esta nueva fase llega 12 años después del derrame ocurrido el 6 de agosto de 2014, cuando alrededor de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado, procedentes de la mina Buenavista del Cobre, operada por Grupo México en Cananea, alcanzaron el arroyo Las Tinajas, el río Bacanuchi y posteriormente el río Sonora.
La contaminación recorrió buena parte de la cuenca y afectó a comunidades de municipios como Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures. Los habitantes de la región han mantenido durante años el reclamo de una remediación efectiva, acceso a agua segura y supervisión de las consecuencias de lo sucedido.
En diciembre de 2025, el gobierno federal anunció el Plan de Justicia para Cananea y el Río Sonora, con una bolsa de 2 mil 222.6 millones de pesos para acciones ambientales y sociales; de ese monto, mil 500 millones provienen de Grupo México, 483.6 millones de la Federación y 180 millones de la administración estatal.
Bárcena recalcó que las labores efectuadas en este año permitieron contar con información técnica para definir dónde es necesaria una intervención más profunda.
Precisó que en febrero, personal de Semarnat recorrió diferentes puntos de la cuenca para obtener muestras de suelo y sedimentos y utilizó herramientas de fluorescencia de rayos X para identificar concentraciones de metales y delimitar las áreas que requieren atención.
Con los resultados, planteó que la remediación deberá realizarse bajo criterios técnicos y conforme a la legislación ambiental, con participación de autoridades estatales y municipales, instituciones académicas y las propias comunidades; “a finales de año tenemos que contar con los resultados para que ustedes los vean con sus comunidades”, sostuvo.
El programa incluye estudios ambientales, saneamiento de suelos, vigilancia de la calidad del agua, un esquema de monitoreo permanente e infraestructura hidráulica destinada a mejorar el líquido para consumo humano.
El Plan de Justicia contempla la construcción de 16 plantas potabilizadoras, adecuaciones a cuatro que ya operan, 16 sistemas de desinfección, además de un sistema para monitorear en tiempo real la calidad del agua.
Bárcena Ibarra reconoció que esas obras aún son un pendiente, pero aseguró que Semarnat dará seguimiento para que la Comisión Nacional del Agua cumpla con los compromisos establecidos. “Vamos a estar detrás de ellos”, afirmó.
Por su parte, el gobernador Alfonso Durazo Montaño destacó que la reactivación de la atención federal en la zona responde a una instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum para buscar una solución al problema ambiental que permanece desde 2014.
La nueva estrategia, dijo, pretende atender tres frentes: identificar con precisión dónde persisten los contaminantes, intervenir las zonas que representan un riesgo y mantener vigilancia sobre el agua y los suelos después de las acciones de saneamiento.
El antiguo Fideicomiso Río Sonora, creado en 2014 con un compromiso inicial de 2 mil millones de pesos para atender daños ambientales, de salud y económicos, fue extinguido en 2017; comunidades y organizaciones sostienen que las medidas de reparación de ese entonces no resolvieron las afectaciones de fondo.
Fuente: La Jornada
