Los ministros electos con los equipos de trabajo. Foto: Redes sociales.
Los nueve ministros de la Suprema Corte revisaron los «acuerdos generales» para lograr una mejor distribución de los más de mil 500 asuntos heredados en materia fiscal, penal y demás.
Ciudad de México, 3 septiembre (SinEmbargo).–La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) heredó más de mil 500 asuntos no resueltos por los ministros salientes, entre ellos, los millonarios adeudos fiscales del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien en días pasados reveló una supuesta demanda contra al expresidente Andrés Manuel López Obrador por no reconocer una presunta quita.
En reuniones previas a tomar el cargo, los ministros acordaron que determinarán el turno para resolver los casos con un sistema automatizado y aleatorio, y no de manera discrecional como antes se decidía, de acuerdo con un comunicado. La norma judicial los obliga a resolver en un plazo determinado para evitar que se archiven como ocurrió con el adeudo fiscal de Elektra en manos del Ministro en retiro Luis María Aguilar.
Se prevé que, una vez que asumieron el cargo, los nuevos ministros abordarán estos casos de manera prioritaria, ya que, además, la reforma constitucional al Poder Judicial establece que los juicios fiscales no pueden tener una duración de más de seis meses.
El analista jurídico Luis Tapia planteó que aún falta por aclarar a partir de cuándo se cuentan los seis meses y si hay suficientes recursos materiales y humanos para cumplir esos plazos. También, dijo, se debe exigir a cada ministro y ministra que una vez que se le asigne un asunto defina cuánto tiempo se va a tardar en presentar un proyecto.
«La reforma constitucional dice que si no se termina en el plazo correspondiente se deberá informar las razones al Tribunal de Disciplina Judicial», afirmó Tapia.
Respecto a la falta de pago de impuestos por estrategias judiciales, el pleno de la Suprema Corte aprobó a finales de junio la solicitud del SAT y de la Consejería Jurídica de la Presidencia para posponer hasta septiembre la resolución de 15 asuntos relacionados con deudas fiscales por más de 47 mil millones de pesos, incluyendo el de Grupo Salinas por 26 mil millones de pesos, que ascienden a 35 mil millones de pesos por multas y recargos, y el de Movistar por 4 mil 442 millones de pesos.
Los litigios que enfrentan las empresas pertenecientes a Ricardo Salinas Pliego, los cuales representan casi el 60 por ciento de la deuda fiscal total que el conglomerado empresarial registra, la cual asciende a 74 mil millones de pesos.
Se trata de siete casos relacionados con adeudos de impuestos por parte de las empresas Elektra y TV Azteca, los cuales ascienden a un monto aproximado de 44 mil millones de pesos, que ambas compañías deben pagar respecto de diferentes ejercicios fiscales; el más antiguo de ellos, proviene de 2008.
De los siete asuntos controvertidos, existen dos juicios impugnados ante la Corte y se estima que tres más se unan a dicha instancia, derivado de que recientemente se resolvieron ante los tribunales colegiados de forma favorable a la autoridad fiscal.
En tanto, los dos casos restantes relacionados con dichas empresas se encuentran pendientes de resolver en tribunales colegiados de circuito, los cuales podrían ser resueltos en agosto, una vez que concluya el periodo vacacional del Poder Judicial. En caso de que ambos se resuelvan de manera favorable para la autoridad tributaria, se sumarán a los ya impugnados en la Corte.
El Gobierno federal acusó a ministros de archivar asuntos a favor del poder económico, por ejemplo, el adeudo fiscal de Elektra (Grupo Salinas) que el Ministro Luis María Aguilar no atendió de manera pronta.
O bien, la Ministra Lenia Batres y la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmaron que el Ministro en retiro Javier Laynez Potisek propuso otorgar una deducción fiscal a la telefónica tras una fusión corporativa en 2014 con la empresa de comunicaciones Pegaso, pero Batres rompió el quórum de la Segunda Sala para aplazarlo.
«Los ricos no pagan impuestos, eso es una realidad, pero si se endurecen las normas fiscales luego terminan pagando quienes tienen menos posibilidades de defensa ante los tribunales; al final la gente rica encuentra abogados y utiliza chicanadas legales para no pagarlos. Hay que ver si parte del problema es cómo está diseñado nuestro sistema de pago de impuestos y eso no es tarea de la Corte», comentó Tapia.
Otro pendiente, es la discusión sobre prisión preventiva oficiosa. El analista jurídico Luis Tapia Tapia expuso que al menos tres ministras –Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz– han mostrado estar a favor de que esta figura se mantenga porque, argumentan, está en la Constitución. Ortiz declaró a la prensa que el pleno pasado decidió no abordarlo porque no había consenso.
No obstante, el analista jurídico recordó que hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordena al Congreso mexicano reformar la Constitución sobre prisión preventiva y hay otra sentencia para que el Poder Judicial haga un «control de inconstitucionalidad», es decir, comparar las normas nacionales con lo que dice un tratado internacional.
«Probablemente no será pronto, no será prioridad, hay otras cosas que se van a organizar primero (sobre) cómo van a sesionar, cómo van a resolver los asuntos, sobre la Corte itinerante, las sesiones en los estados», expuso. «Si no la van a eliminar, esperaría al menos limiten la prisión preventiva oficiosa, por lo menos que se revise antes de los dos años (de estar en prisión esperando sentencia)», comentó Luis Tapia.
Aleatorio y audiencias públicas
Los nueve ministros de la Suprema Corte tuvieron reuniones antes de tomar el cargo para revisar los «acuerdos generales» para lograr una mejor distribución de los asuntos. El Ministro presidente Hugo Aguilar dijo al Heraldo de México que heredaron más de mil 500 asuntos, incluyendo fiscales, penales y electorales. Expuso que la Corte recibe alrededor de 8 mil casos al año, de los cuales solo decide atraer un 20 por ciento, hasta ahora, con criterios discrecionales.
«La Suprema Corte puede emitir ‘acuerdos generales’ para lograr una mejor distribución de los asuntos, en su caso, remitirlos a Tribunales Colegiados, Tribunales Regionales o Juzgados de Distrito para la mayor prontitud en el despacho de los mismos», informaron los ministros entonces electos en un comunicado.
Entre estos acuerdos se prevé ordenar cuándo se atenderán los asuntos mediante un sistema automatizado y aleatorio, así como realizar audiencias públicas donde pueda participar la ciudadanía, expertos en materias específicas, organizaciones, pueblos y comunidades para expresar sus argumentos.
Y es que hasta antes de la Reforma Judicial, los ministros decidían de manera discrecional si atraían casos y el orden de atención de los asuntos, esto a partir de varias controversias (conflictos entre poderes) o acciones de inconstitucionalidad (cuestionamientos de leyes) promovidos por órganos como la CNDH, la FGR, partidos políticos o, bien, amparos de revisión presentados por la ciudadanía ante juzgados.
«La ciudadanía solamente puede presentar amparos ante juzgados de distrito y tribunales colegiados. La Corte puede atraer amparos y ahí es donde un ciudadano puede terminar ante la Suprema Corte, pero eso no es decisión de la persona, es decisión última de la Corte. Una promesa de la nueva Corte es que estos asuntos que importan a los ciudadanos de a pie van a ser la prioridad. En la nueva política de atracción de asuntos es donde se notará eso, se va notar si de verdad van atraer asuntos que se relacionan con el derecho a la educación, al agua, al medio ambiente, a la consulta indígena, de seguridad», expuso el analista jurídico Luis Tapia.
El pleno solía resolver uno o dos asuntos por sesión con tres sesiones a la semana, y las salas –ahora desaparecidas– eran las que más asuntos resolvían. La Primera Sala resolvía asuntos en material civil y penal, y la Segunda Sala de materia administrativa (fiscal) y laboral.
En un comunicado del 4 de agosto los ministros entonces electos informaron a la ciudadanía que «debe tener la seguridad de que sus asuntos serán atendidos y resueltos en los plazos establecidos por la Ley; la nueva Suprema Corte garantizará certeza jurídica a todos con imparcialidad e independencia».
«La mayoría de los asuntos eran resueltos por las salas (desaparecidas). Viene una contracción, los asuntos que la Corte ha ido revisando vienen en una línea descendente. Hace diez años se resolvían 15 mil asuntos y ahora se ha dado por 3 mil asuntos, y sigue bajando. La reforma judicial de 2021 impulsada por Arturo Zaldívar hizo que hubiera una reducción importante porque ya no permite cuestionar cuando se desecha un amparo directo en revisión», planteó el analista jurídico Luis Tapia.
Tapia planteó que una política judicial que pueden adoptar para seguir resolviendo casos pendientes y nuevos es atraer menos amparos en revisión o directos, y sesionar en el pleno más de tres días como hasta ahora, ya que los miércoles la Ministra presidenta tenía que sesionar con el Consejo de la Judicatura, lo cual ya no será necesario.
Fuente: sin embargo
