«Con artimañas diversas el Poder Judicial fue desechando las acusaciones contra Collado, hasta este último regalo que le dio la Corte presidida por Norma Piña, en sus últimas horas en funciones».
Uno de los últimos movimientos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) bajo la presidencia de Norma Lucía Piña fue blindar al abogado de los poderosos, Juan Collado, al desechar el recurso que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) había promovido ante las resoluciones con las que los tribunales han favorecido a Collado al negarse a vincularlo a proceso por fraude.
Las acusaciones de la UIF contra Juan Collado derivaron de las maniobras que el polémico abogado habría realizado para tener acceso a los millones de dólares depositados en la Banca Privada d’Andorra (BPA), un banco ubicado en ese principado europeo, y que las autoridades de Andorra intervinieron desde 2015, derivado de investigaciones por lavado de dinero. En esas investigaciones, las autoridades embargaron cuentas de clientes de ese banco cuyas fortunas eran inexplicables, y tras las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de que ese banco ubicado en un paraíso fiscal se utilizaba para lavar dinero de grupos criminales.
En el caso de Collado, los depósitos en ese banco se habrían realizado por lo menos entre los años 2006 y 2015, mediante una cuenta que se utilizó como puente para otras cuentas a través de las cuales Collado trasladó a Andorra millones de dólares cuyo origen no ha sido justificado.
Debido a que las autoridades de Andorra indagaban a nivel global los movimientos financieros en la BPA incluidas las cuentas que tenían como beneficiario a Collado, desde tiempos de Peña Nieto habrían pedido información al Gobierno mexicano para seguir la pesquisa de esos capitales.
Entonces se operó la trama fraudulenta que involucró a Collado en irregulares maniobras en complicidad con funcionarios de la entonces PGR en tiempos de Peña Nieto, en que se simuló una denuncia y exoneración, para luego realizar movimientos para tener acceso a los recursos. Peña es uno de los amigos y cliente de Collado.
En el año 2019, ya en los primeros años de Administración del Presidente López Obrador, la FGR judicializó acusaciones contra Collado por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se le imputaron cargos por formar parte del entramado que realizó transferencias financieras en Andorra y otras partes de Europa sin comprobar la procedencia de esos recursos.
Con imputaciones de lavado de dinero, delincuencia organizada y otros delitos, Collado fue detenido en julio de 2019, cuando comía con su amigo y cliente Carlos Romero Deschamps en un lujoso restaurante de Lomas de Chapultepec. Collado estuvo en prisión preventiva oficiosa unos años, pero en septiembre de 2023, un Juez ordenó modificarle la medida cautelar para que llevara su proceso en libertad.
Cuando se supo que el Juez había excarcelado a Collado, desde la conferencia en Palacio Nacional el Presidente López Obrador comentó lo “podrido” del Poder Judicial, “está secuestrado por la oligarquía, está al servicio de una minoría”, expresó.
En efecto, con artimañas diversas el Poder Judicial fue desechando las acusaciones contra Collado, hasta este último regalo que le dio la Corte presidida por Norma Piña, en sus últimas horas en funciones.
El último recurso que la Corte desechó para favorecer a Collado había sido promovido ante ese máximo tribunal por la UIF todavía encabezada por Pablo Gómez, (por las resoluciones del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito) vinculado con las denuncias que la UIF había presentado contra Juan Collado en el caso Andorra. El Tribunal Colegiado negó vincular a proceso a Collado por fraude.
La resolución de la Corte determinó desechar el recurso que la UIF promovió (solicitud de Amparo Directo 4994/2025) declarándolo como “improcedente”. El acuerdo se definió apenas el 20 de agosto y fue notificado por Lista de Notificación el 28 de agosto en plena mudanza de la vieja Corte.
Las influencias de Collado en la Corte que creó Zedillo no eran desconocidas: el abogado, quien contaba entre sus clientes a Enrique Peña Nieto, los hermanos Carlos y Raúl Salinas de Gortari, el fallecido Carlos Romero Deschamps y muchos otros “poderosos” e impunes, congregaba en sus fiestonas personales a políticos y ministros; por las mismas pasarelas retratadas por revistas de moda y espectáculo se podía ver a Diego Fernández de Cevallos o Manlio Fabio Beltrones y su familia, a los hermanos Salinas de Gortari, departiendo con ministros de la Corte. En la misma mesa donde comían y bebían los delincuentes de cuello blanco, también los personajes de toga y birrete.
Si uno se asoma a las fotografías y videos de la boda de Collado o la de su hija, aún disponibles en las revistas que se promueven como de socialité, se verá a varias de las personas que se mencionan en las indagatorias que las autoridades de Andorra realizan sobre los capitales que desde distintos países se movieron hasta esa región, cuando la Banca Privada d’ Andorra ofrecía “secreto bancario” volviéndose refugio de fortunas legalmente inexplicables.
A propósito de ello, en las amplias investigaciones que el periódico El País, de España, ha publicado, en marzo de 2021 los periodistas Joaquín Gil y José María Irujo presentaron un reportaje titulado “Banca Privada d’Andorra: el agujero negro del PRI”, detallando que “el banco reunía en 2012 a 174 misteriosos clientes mexicanos con 243 millones de dólares. Cuando la BPA fue intervenida por blanqueo, en 2015, las autoridades del país europeo investigaban 80 fortunas mexicanas”. Entre ellas las manejadas por Collado.
En México las fiestas de Collado congregaban a mismísimos ministros de esa Corte de Zedillo, a celebrarle a ese “abogado de los poderosos” cualquiera que fuese el motivo. Así que el criterio de la Corte de proteger a Collado tampoco fue sorpresa, dada la discrecionalidad y maniobras con que ese Poder bajo la presidencia de Norma Piña se condujo hasta sus últimos momentos.
La misma discrecionalidad y actuación leguleya era el criterio con que el Consejo de la Judicatura y el Poder Judicial Federal eludían sus obligaciones en materia de Transparencia, al negar todo tipo de información relacionada con personajes mafiosos que enfrentan procesos judiciales.
Por ejemplo, durante los años 2024 y los primeros meses de 2025, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, presenté decenas de solicitudes de información para pedir datos e información de diversa índole, toda de interés público, sobre personajes vinculados con el crimen organizado y con imputaciones a nivel federal, desde Genaro García Luna, y sus socios, el narcotraficante Osiel Cárdenas Guillén y muchos otros personajes vinculados al crimen organizado que se encuentran algunos ya en prisión desde hace años y a quienes supuestamente se les debieron incautar recursos.
Cada dato fue negado con criterios como la confidencialidad.
En el caso de García Luna y sus socios, significa que el Poder Judicial no sólo le benefició descongelando las cuentas que manejaba su esposa, sino que se blindó la información de índole judicial que le involucra al igual que la de sus socios, quienes fueron denunciados por el Ejecutivo por fraude en contrataciones públicas.
En términos generales, de los personajes vinculados al crimen organizado que desde hace décadas enfrentan procesos judiciales, algunos incluso que ya están en prisión, se negó toda información sobre sus casos y sobre los bienes que supuestamente se les tendría que haber decomisado derivado de sentencias judiciales.
En algunas respuestas la negativa a proporcionar el dato se argumentó como “confidencial”, “toda vez que puede afectar su esfera jurídica o íntima vida privada o cualquier otra análoga”. En otras solicitudes de información, ésta se negó argumentando que “ello no puede considerarse materia del derecho de acceso a la información, porque lo que en realidad se persigue es generar un documento o informe ad hoc, del cual esta unidad administrativa no tiene la obligación”.
En otras se usaron argumentos como que se había declarado la información como “confidencial”, hasta la simple cifra de procesos judiciales, o de sentencias, aún y cuando oficialmente se tiene hasta un área de Estadística Judicial, que forma parte de toda esa estructura burocrática del Poder Judicial.
Lo anterior, explicado en términos generales, evidencia la simulación en materia de trasparencia de ese Poder Judicial, cuyo periodo llegó a su fin.
El 1 de septiembre tomó posesión el nuevo Poder Judicial emanado del histórico proceso de elección por voto directo de la ciudadanía, las y los ministros, jueces, juezas, magistradas y magistrados se han instalado para dar inicio a la nueva era del Poder Judicial. En esa renovación que se ha prometido, la transparencia en su actuar y rendición de cuentas es clave.
Fuente: sin embargo
