El postre está en el horno. Creada en agosto la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, este mes comenzaron las audiencias públicas, encuestas de opinión y supuestos debates para escuchar a la ciudadanía.
A partir de la elección del año pasado hemos presenciado una serie de cambios estructurales en el Estado mexicano y en el ejercicio del poder.
Sin dejar de reconocer lo sucedido en el sexenio pasado, esos cambios se tornaron vertiginosos con la configuración de las Cámaras, que ha permitido al grupo político gobernante, en tan solo un año, llevar a cabo 19 reformas constitucionales, que involucran a 43 de los 136 artículos que conforman nuestra Carta Magna.
Destacan las reformas sobre la Guardia Nacional, la inimpugnabilidad de las modificaciones constitucionales, la desaparición de varios órganos constitucionales autónomos y la reconfiguración del Poder Judicial, pues con ello se evidencia una línea clara de retorno al llamado hiperpresidencialismo, que implica, claro está, el debilitamiento de los contrapesos.
El postre está en el horno. Creada en agosto la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, este mes comenzaron las audiencias públicas, encuestas de opinión y supuestos debates para escuchar a la ciudadanía. Estos ejercicios concluirán en diciembre, pues en enero debe de estar lista la iniciativa, según lo calendarizado.
Dicho con toda franqueza, estamos presenciando una serie de monólogos ciudadanos, sin metodología que ponga en claro cómo se va a procesar esa información y de qué va a servir. Mucho me temo que esas ponencias quedarán simplemente como un testimonio de la falta de diálogo.
Mucho se ha hablado de la necesidad del consenso en las reformas electorales, pero claramente eso no va a suceder. Se está preparando una iniciativa de reforma que presentará el Ejecutivo Federal, ante el Congreso que ha demostrado ser solamente una ventanilla de trámite.
De igual manera se ha dicho hasta el hartazgo que todas las reformas electorales de las últimas cinco décadas han sido progresivas y que se vislumbra por primera vez una regresión. Dado el contexto de reconfiguración que mencioné, ello es altamente probable.
Lo deseable sería que nos hiciéramos cargo de una serie de problemas que se han evidenciado en los últimos procesos electorales, que hacen patente la necesidad de revisar el sistema. Basta comenzar con la sobrerrepresentación en el Congreso de la Unión, pues a través de la figura de la coalición se ha logrado rebasar, en los hechos, el 8% permitido por la Constitución (ya de por sí excesivo). Contamos con un sistema de votación muy alejado de los avances tecnológicos. Han reaparecido prácticas electorales ilegales que creíamos desterradas, como la compra y manipulación del voto. Los tiempos de campaña y precampaña, así como los límites a la propaganda no son respetados. La incidencia de los gobiernos y el presupuesto público en las elecciones es descarada. La fiscalización de los recursos por parte de la autoridad es por demás ineficaz e ineficiente. Todo ello seguido de un largo etcétera.
No obstante, lo que se advierte de los antecedentes (planes A y B), así como del discurso de quienes integran la referida comisión y de algunos legisladores del grupo político gobernante, es que esos temas no son relevantes y que la reforma tendrá por objeto, al igual que las que han precedido, concentración del poder y eliminación de contrapesos, a través de vulnerar la autonomía de las autoridades electorales, limitar el acceso de las fuerzas minoritarias a los cargos de representación, y asfixiarlas económicamente. Veamos qué sucede. Ojalá me equivoque.
Fuente: Heraldo de México / Gabriel Mendoza Elvira
