¿Fortalecer al Estado pasando por encima de los derechos del pueblo que dice proteger? Una cuestión de mucho fondo
¿Estamos por perder la única herramienta legal que tenemos los mexicanos para defendernos de los abusos y arbitrariedades del poder? En el Senado se prevé la aprobación pronta de la nueva reforma a la Ley de Amparo.
¿Por qué causa preocupación? Porque pasa por alto el principio fundamental de la presunción de inocencia. Ya nadie podría ampararse por el riesgo de ser detenido y víctima de violación a sus derechos. Ahora procedería únicamente cuando ya esté de por medio la privación de la libertad y mediante fianza fijada en un máximo de tres días, lo que también abre el riesgo de demora tan común en los procesos judiciales.
Las 2 mil 24 amnistías otorgadas desde la ley de 2020 abren espacio para más detenidos. Más aún, la reforma de junio de 2024 da al titular del Poder Ejecutivo la facultad de indulto o amnistía directa, lo que tiene un claro en enfoque de justicia políticamente selectiva y se suma al hecho de que los tres Poderes de la Unión están ahora bajo el control de una sola fuerza. ¿Autoritarismo?
La nueva reforma eliminaría también la posibilidad de la lucha por los derechos sociales de organizaciones, comunidades y colectivos, porque plantea acotar la definición de interés legítimo, que es justo el recurso que se utiliza hasta ahora para defender derechos que van más allá de una persona, como la protección del medio ambiente, un sistema de salud eficaz o una comunidad en paz. ¿Se busca desmantelar la organización social?
Las empresas se verían muy afectadas ante el cobro arbitrario en temas fiscales, en que la reforma desactivaría la posibilidad de amparo y de juicio de nulidad hasta que el cobro del SAT se haya concretado, situación que las llevaría a la bancarrota, aunque después se demostrara que tenían razón. Peor aún, los funcionarios no serían sujetos de sanción sino el erario, pero la iniciativa también establece que un amparo no procedería si afecta las finanzas públicas.
¿Fortalecer al Estado pasando por encima de los derechos del pueblo que dice proteger? Una cuestión de mucho fondo.
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* Veracruz entre el escándalo y la colusión. El norte del estado está a punto del colapso ante la violencia y la complicidad de autoridades municipales y estatales con los capos del narcotráfico, al punto de que el cinismo es motivo de burla nacional e internacional. Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum da la batalla contra el crimen organizado, los gobiernos locales no sueltan sus complicidades.
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* Philips se niega a retirar cinco mil respiradores defectuosos que mantiene en los hospitales mexicanos. Aparatos que, desde la pandemia, no ayudaron sino contribuyeron a la muerte de miles de pacientes. La empresa neerlandesa fue sancionada con 487 millones de pesos por el incumplimiento de un convenio de mediación para retirarlos, hecho con la distribuidora mexicana Healthcare Systems. Y el colmo: ahora Philips amenaza con demandar al gobierno de México por más de mil millones de pesos, en un caso que denota la mano oscura del secretario de Economía, Marcelo Ebrard.
Fuente: Heraldo de México
