Esta no es una anécdota aislada; es el retrato cruel de lo que el presupuesto de salud 2026 perpetúa con frialdad calculada.
En la sierra del Totonacapan, en el municipio de Coxquihui, la familia Hernández vive una pesadilla que se repite en miles de hogares veracruzanos. Cuando a don Crescencio, de 67 años, le diagnosticaron diabetes, su hija María tuvo que vender las dos vacas de la familia para costear los medicamentos. Hoy, ocho meses después, la familia debe 18 mil pesos y don Crescencio toma la mitad de la insulina prescrita para «que le rinda más».
Esta no es una anécdota aislada; es el retrato cruel de lo que el presupuesto de salud 2026 perpetúa con frialdad calculada. Mientras el gobierno federal destina 995 mil millones de pesos al sector salud, las familias mexicanas gastan de su bolsillo 6,400 pesos anuales en medicamentos.
Como ha denunciado el grupo parlamentario del PRI, cada peso público genera 64 pesos adicionales de gasto familiar, creando un impuesto silencioso de 225 mil millones de pesos que destroza la economía doméstica.
En Veracruz, esta realidad adquiere dimensiones dramáticas. En Atzalan, doña Carmen camina dos horas hasta el centro de salud más cercano para que le tomen la presión arterial, porque en su comunidad no hay personal médico. Cuando necesita medicamentos para la hipertensión, debe viajar hasta Martínez de la Torre, gastando pasaje y perdiendo un día completo de trabajo. El «ahorro» del gobierno federal se traduce en empobrecimiento familiar.
La situación se vuelve trágica en familias de pescadores: 170 días al año sin poder trabajar por vedas y mal clima, y gastos médicos que los obligan a endeudarse con usureros abusivos que cobran mensualmente. También existe el caso de la clínica que pretende atender a comunidades dispersas, y que la misma Gobernadora pudo constatar la falta de medicamentos .
El contexto es crítico, porque mientras el presupuesto de salud representa apenas el 2.3% del PIB nacional —muy por debajo del promedio de la OCDE—, las familias veracruzanas destinan hasta el 15% de sus ingresos familiares a gastos médicos de emergencia. En los 137 municipios veracruzanos clasificados como Zonas de Atención Prioritaria, esta proporción debe elevarse dramáticamente.
La familia Reyes vive en la Huasteca e ilustra perfectamente esta tragedia nacional. Cuando el pequeño Ángel, de siete años, desarrolló asma severo, sus padres —jornaleros agrícolas que ganan 200 pesos diarios cuando hay trabajo— descubrieron que debe usar dos inhaladores al mes. La cuenta médica mensual supera los ingresos familiares.
La señora Refugio, partera tradicional de 74 años, atiende alumbramientos porque el centro de salud más cercano está a 45 minutos en lancha cuando la marea lo permite. Cuando hay complicaciones, las mujeres deben trasladarse a Coatzacoalcos pagando hasta 3 mil pesos por el viaje de emergencia.
Este presupuesto de salud no es solo una política pública fallida; es un decreto de muerte para miles de familias veracruzanas que deben elegir entre comer o curarse, entre educación o medicamentos, entre vivir o endeudarse hasta la miseria. El «impuesto silencioso» que denuncia el grupo parlamentario del PRI se cobra en vidas humanas, en familias destruidas, en comunidades abandonadas.
El presupuesto de salud 2026 condena a muerte por pobreza a miles de veracruzanos cuyo único delito es haber nacido en las comunidades que el centralismo despiadado ha decidido sacrificar. Los diputados del PRI vamos a combatir esta propuesta presupuestaria criminal.
Fuente: Heraldo de México
